La Región de Murcia ocupa un lugar destacado en el balance de la Operación Zahorí, el macrodispositivo de inspección y control desplegado por la Guardia Civil, a través del SEPRONA, para combatir la extracción, acumulación y uso ilegal del agua en España.
En uno de los territorios con mayor estrés hídrico estructural, la actuación más relevante se localiza en el municipio de Mazarrón, donde los agentes han investigado a dos personas por la transformación ilegal de más de 47 hectáreas de terreno de secano en regadío, una práctica prohibida sin concesión administrativa.
Según la valoración pericial incorporada a las diligencias, el daño ambiental causado supera los 2,9 millones de euros, una cifra que refleja el impacto real de este tipo de actuaciones sobre los acuíferos, el equilibrio ecológico y la planificación hidrológica.
La investigación, denominada operación “Land Change”, se integra dentro del dispositivo nacional Zahorí y constituye un ejemplo claro de cómo el uso irregular del agua no se limita a una captación puntual, sino que puede implicar cambios permanentes en el uso del suelo, con efectos acumulativos a medio y largo plazo.
Un problema estructural en una región con déficit hídrico crónico
La relevancia del caso murciano no es casual. La Región de Murcia arrastra desde hace décadas un déficit hídrico estructural, agravado por la sequía recurrente y por un modelo productivo intensivo en consumo de agua. En este contexto, la puesta en riego de terrenos sin autorización supone no solo una infracción legal, sino un factor de desequilibrio añadido que penaliza a los usuarios que sí cumplen la normativa y tensiona aún más unos recursos ya sobreexplotados.
La actuación en Mazarrón evidencia además un elemento clave de la Operación Zahorí: la peritación económica del daño ambiental, que permite que determinadas conductas trasciendan el ámbito administrativo y se deriven a la vía penal cuando concurren los requisitos legales.
941 infraestructuras ilegales en España: la radiografía completa de la Operación Zahorí
Más allá del foco murciano, la Operación Zahorí ofrece una fotografía inédita del expolio hídrico en España. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, la Guardia Civil ha localizado 941 infraestructuras ilegales de extracción y acumulación de agua repartidas por todo el territorio nacional.
El desglose es especialmente revelador: pozos (60%), sondeos (24%), balsas (4%) y otras infraestructuras como derivaciones, trasvases artificiales y sistemas similares (12%).
Se trata, en muchos casos, de instalaciones dispersas, de pequeño y mediano tamaño, difíciles de detectar y capaces de sostener consumos continuados durante años sin control administrativo efectivo.
El balance global del operativo incluye además: 31 personas investigadas, 29 infracciones penales y 1.684 infracciones administrativas, de las cuales el 77% están directamente relacionadas con incumplimientos de la normativa de aguas.
La actuación se ha centrado tanto en captaciones clandestinas como en la manipulación de captaciones legales, especialmente mediante sistemas diseñados para eludir los contadores volumétricos y ocultar el volumen real de agua extraída.
Delitos detectados: de la distracción de aguas al daño ambiental
En el ámbito penal, la Guardia Civil identifica tres grandes tipologías delictivas:
- Distracción de aguas de uso público: 59%
- Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente: 28%
- Delitos contra la ordenación del territorio: 7%
La distracción de aguas, tipificada en el artículo 247 del Código Penal, sanciona el aprovechamiento ilícito de caudales públicos y suele concurrir cuando existe un beneficio económico claro derivado del uso ilegal del recurso. En los supuestos más graves, cuando el daño a los ecosistemas resulta acreditado, los hechos se encuadran en delitos medioambientales, con penas más severas.
Cuatro investigaciones que ilustran la magnitud del problema
Además del caso de Mazarrón (Murcia), la Guardia Civil destaca otras actuaciones significativas dentro de la operación Zahorí:
Doñana (Huelva): presión sobre un espacio protegido
En el entorno del Parque Nacional de Doñana y su corona forestal, la operación “Subterra” ha permitido investigar a ocho personas físicas y cinco jurídicas. Se les atribuyen tres delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y dos delitos contra la ordenación del territorio, relacionados con infraestructuras ilegales de extracción y acumulación de agua en un espacio de máxima sensibilidad ecológica.
Madrid (Las Rozas): el fraude del bypass
La investigación “Bredo” destapa un sistema especialmente sofisticado: un sondeo legal manipulado mediante un bypass instalado antes del contador, junto a otro sondeo no autorizado. De este modo, el agua extraída no quedaba registrada. Los peritajes estiman que, desde 2002, el valor del agua aprovechada ilegalmente podría superar los 1,6 millones de euros. Hay dos personas físicas investigadas y las diligencias continúan abiertas.
Córdoba: pozos clandestinos y captaciones alteradas
En la operación “Captaqua”, desarrollada junto a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se detectaron pozos clandestinos para regadío y captaciones legales alteradas, nuevamente mediante bypass antes del contador. El resultado: una persona física y una entidad jurídica investigadas.
El dato clave: más de 270 millones de euros en daños ambientales
Uno de los elementos centrales de la Operación Zahorí es la valoración económica del daño al Dominio Público Hidráulico. Según los informes periciales elaborados por el SEPRONA, los perjuicios ocasionados por las infraestructuras ilegales detectadas superan los 270 millones de euros.
La Guardia Civil subraya que esta cuantificación resulta determinante para sostener las imputaciones penales, al permitir acreditar no solo la existencia de la infracción, sino su gravedad, su persistencia en el tiempo y su impacto sobre otros recursos naturales, especialmente flora y fauna.
La Guardia Civil enmarca la Operación Zahorí en un escenario de sequía recurrente y escasez de recursos, y la presenta como una actuación estructural para garantizar el uso sostenible del agua y frenar un fenómeno que, durante años, ha permanecido en gran medida oculto bajo tierra.