La democracia europea está intentando defenderse con miedo. Y esa estrategia no solo es ineficaz, sino contraproducente. En las cancillerías de Berlín, París y Londres -y, por supuesto, también en los despachos ministeriales de Madrid- se ha puesto de moda un género literario que, hasta hace poco, estaba reservado a los profetas del milenarismo y a los guionistas de Hollywood: la distopía política por entregas.
Los líderes del establishment europeo -esas circunspectas figuras que administran con aire compungido el paulatino declive de sus países- han descubierto un recurso tan recurrente como poco innovador: no hay mejor forma de ocultar los problemas que agitar el espantajo del colapso de la civilización. Sin embargo, como advertía recientemente The Economist, esta estrategia del alarmismo existencial está demostrando ser tan eficaz para frenar a la derecha radical como intentar sofocar un incendio blandiendo un tratado de retórica parlamentaria.
La narrativa es tan atractiva como previsible. Emmanuel Macron advierte del riesgo de una “guerra civil” al tiempo que su gobierno intenta encajar unas cuentas públicas que parecen más un número de prestidigitación que un ejercicio de rigor contable. Al otro lado del Canal, en el Reino Unido, la clase política eleva a los nuevos populismos a la categoría de amenaza a la “esencia misma” de la nación, mientras la ciudadanía observa cómo la presión fiscal alcanza máximos históricos sin que el crecimiento económico haga acto de presencia. Y en España, el repertorio viene a ser similar, ya que se alternan las apelaciones dramáticas a la defensa de la convivencia democrática con equilibrios cada vez más tensos y una ciudadanía que percibe cómo la crisis de la vivienda, la inflación o las dificultades para llegar a fin de mes pesan más que las grandes proclamas institucionales. El mensaje implícito, de Cádiz a Helsinki, es inequívoco: puede que la vida cotidiana empeore, pero al menos, se nos asegura, estamos salvando la democracia.
Aquí reside el núcleo del problema europeo contemporáneo: la sustitución de la política material por la hipérbole institucionalizada. Allí donde faltan resultados tangibles, se ofrecen solemnes advertencias; donde no hay horizonte económico, se ofrece una promesa de redención moral. El miedo, en definitiva, se acaba convirtiendo en un sucedáneo de la acción pública.
La ironía es evidente. Mientras muchos líderes políticos europeos anuncian que el avance de la derecha radical supondría poco menos que un apocalipsis institucional, actúan como si la gestión burocrática fuera una respuesta suficiente para apaciguar la ansiedad social. Sin embargo, en este teatro de sombras, el caso de España aparece como una anomalía digna de atención. No porque esté exenta de tensiones, que no lo está, ni porque haya encontrado una fórmula mágica, sino porque ha intentado articular una respuesta que no se agota en la admonición moral ni en el recurso sistemático al espantajo retórico.
En ese contexto, la experiencia de España merece atención, no como modelo acabado ni como excepción milagrosa, sino como indicio. A diferencia de la parálisis alemana o la melancolía francesa, el Gobierno de España ha apostado por una estrategia que combina crecimiento económico con protección social. No elimina todas las fragilidades, pero introduce una premisa distinta: la confianza democrática se construye con resultados. El ejecutivo español, con un PIB que crece por encima de la media de la eurozona, un incremento sostenido del salario mínimo y una reforma laboral que ha reducido notablemente la temporalidad, parece haber asumido que la mejor forma de desactivar el catastrofismo no es gritar más fuerte que el populismo, sino demostrar con hechos que el Estado aún cuenta con instrumentos eficaces para mejorar la vida cotidiana de las personas.
Esta lógica de “gestión contra el miedo” remite a la advertencia del sociólogo Zygmunt Bauman sobre la modernidad líquida, en el sentido de que cuando la política pierde capacidad de control sobre los flujos globales, el pánico termina ocupando ese vacío como forma de poder. Para Bauman, la obsesión contemporánea por la “seguridad” no es una fortaleza, sino el síntoma de una impotencia estructural. El enfoque español busca, precisamente, devolverle densidad a la política sustituyendo la ansiedad por una hoja de ruta basada en derechos, redistribución y expectativas materiales verosímiles.
El problema de calificar como “intolerante” a una parte creciente del electorado europeo es que, por una curiosa ley de la física política, quien reparte las etiquetas termina adoptando el aire del alumno más engreído del aula. La demonización sistemática ha entrado en una fase de rendimientos decrecientes. Al presentar cualquier desviación del consenso como apocalíptica, las élites europeas no solo insultan la inteligencia de quienes sufren el estancamiento, sino que refuerzan la narrativa victimista de aquellos a quienes dicen combatir.
La diferencia se hace visible cuando el discurso democrático va acompañado de resultados tangibles. Cuando a la advertencia institucional se suman políticas que fortalecen el empleo, estabilizan ingresos y reducen la precariedad, la democracia deja de ser una abstracción moral y recupera su condición de contrato social renovado y tangible. La consistencia de las alarmas democráticas se desmorona cuando no hay resultados; en cambio, gana solidez y credibilidad cuando se demuestra que la democracia es capaz de producir bienestar material.
Es cierto, como contra-argumentan algunos, que la experiencia de España puede ser coyuntural y que ningún país está inmunizado frente a pulsiones autoritarias. Pero ambas objeciones resultan irrelevantes frente al argumento central. No se trata de presentar a España como un modelo acabado, sino de concebirla como un laboratorio político, es decir, una evidencia empírica de que la derecha radical no tiene por qué ser algo inevitable, sino, con frecuencia, la consecuencia directa de expectativas materiales frustradas.
Por su parte, en buena parte de Europa, la derecha radical ha entendido algo que los partidos tradicionales moderados parecen haber relegado a un segundo plano, como es la necesidad de volver a hablar, sin rodeos ni eufemismos, de economía y las condiciones materiales que determinan la vida cotidiana de la gente. Prometer desregulación, innovación tecnológica y soluciones inmediatas a problemas reales es música celestial para una clase media asfixiada, aunque la letra pequeña resulte inquietante. Figuras como Jordan Bardella, en Francia, Alice Weidel, en Alemania, Santiago Abascal, en España, o Nigel Farage, en Reino Unido, prometen un Estado más pequeño mientras practican un populismo del “todo a la vez”, una contradicción que solo funciona en ausencia de alternativas creíbles.
Frente a esta oferta de soluciones simplistas, la experiencia española plantea un contrapunto más prosaico y, precisamente por ello, más exigente: abordar la transición energética y la digitalización sin abandonar la cohesión social. Incluso en el espinoso terreno de la inmigración, donde el absurdo europeo alcanza niveles notables, ya que oscila entre la retórica del miedo y la evidencia demográfica de que necesita mano de obra, el enfoque español ha intentado articular un discurso de integración y corresponsabilidad que, aunque imperfecto, rehúye el pesimismo antropológico dominante en otros debates nacionales.
El ángulo muerto final es la geopolítica. En un contexto de debilitamiento del eje atlántico y creciente fragmentación global, la derecha radical sostiene que la seguridad pasa por el repliegue, que seremos más fuertes estando más solos. Confunde soberanía con autosuficiencia estratégica, que a menudo desemboca en la irrelevancia. Frente a esta deriva, la vocación europeísta del Gobierno español no responde a una inercia burocrática, sino a la convicción de que solo la acción colectiva permite mantener peso político e influencia en un mundo fragmentado.
La lección es incómoda pero clara: el exorcismo no es una política pública. Los dirigentes tradicionales pueden seguir celebrando aquelarres retóricos sobre la pureza democrática, pero mientras no ofrezcan crecimiento sostenido, servicios eficaces y expectativas razonables, seguirán alimentando aquello que dicen combatir. La verdadera manera de frenar a la derecha radical no es presentarla como el fin de la historia, sino demostrar que la política institucional puede ser más audaz, más eficaz y más útil que el grito populista o el eslogan incendiario.
Al final, los votantes no buscan guardianes o salvadores de la civilización, sino certidumbres cotidianas. Buscan que el salario llegue a fin de mes y que el futuro no parezca un territorio hostil. Si España logra consolidar su senda de crecimiento inclusivo, quizá el apocalipsis europeo pueda quedar en suspenso. No por la fuerza de un sermón moral, sino por la contundencia de los hechos. Europa no necesita más guionistas del fin del mundo, sino políticos capaces de escribir finales abiertos.