La intervención de Estados Unidos en Venezuela no solo ha alterado de manera abrupta un equilibrio político ya precario, sino que ha puesto de manifiesto, con una crudeza poco habitual, una concepción del poder internacional abiertamente desvinculada de cualquier marco normativo compartido. Las declaraciones de Donald Trump (“Yo no necesito el derecho internacional […] Mi moral. Mi mente. Es lo único que puede detenerme”) no constituyen meras excentricidades retóricas, sino la explicitación de una lógica de dominación personalista que rompe con los códigos que han caracterizado el ejercicio de la hegemonía estadounidense desde el fin de la II Guerra Mundial.
Lo que podría haberse presentado, al menos formalmente, como una operación compleja, multilateral o mínimamente anclada en algún principio jurídico reconocible, ha sido convertido por el propio presidente estadounidense en un gesto de dominio personal. Al proclamar que es él quien “manda” en Venezuela, Trump no solo degrada la ya erosionada soberanía del país, sino que trivializa el entramado de normas, instituciones y equilibrios que, con todas sus contradicciones, han sostenido el orden internacional contemporáneo. Como señalaba Hedley Bull, en su obra La sociedad anárquica, el sistema internacional moderno se ha apoyado históricamente en una “sociedad de Estados”, en la que el uso del poder se ve en parte contenido por reglas, expectativas compartidas y prácticas institucionalizadas; cuando estas dejan de existir, lo que queda no es un orden alternativo, sino una forma de anarquía más explícita y violenta.
A nivel interno, la intervención en Venezuela ha desmentido tanto a quienes confiaban en el continuismo autoritario del chavismo como a quienes esperaban una transición rápida hacia un gobierno opositor encabezado por María Corina Machado. El resultado es un arreglo profundamente ambiguo: Nicolás Maduro desaparece del centro efectivo del poder, pero el vacío no se llena con una alternativa democrática, sino con la entronización de una figura del propio régimen, Delcy Rodríguez, al frente de un poder tutelado desde Washington. Lejos de suponer una ruptura, esta solución revela una lógica de control indirecto que prioriza la gestión del orden y la obediencia estratégica sobre cualquier horizonte de legitimidad democrática. Trump no exporta democracia; sino sometimiento y obediencia.
La exclusión de Machado del núcleo decisorio ilustra con claridad esta lógica. Su capital político, construido sobre la confrontación y la denuncia del autoritarismo, resulta incompatible con una intervención que no busca transformar el sistema, sino administrarlo. La oposición venezolana queda así reducida a un papel decorativo, mientras las decisiones fundamentales se toman fuera del país y al margen de cualquier proceso de deliberación pública reconocible. El mensaje implícito es inquietante: la democracia solo es relevante cuando no interfiere con los intereses del actor dominante en cada momento.
Pero es en el plano internacional donde las acciones de Trump revelan su alcance más corrosivo. Durante décadas, la hegemonía estadounidense se sostuvo sobre una ambigüedad calculada entre poder y norma. Incluso cuando violaba principios básicos del derecho internacional (Vietnam, Chile, Irak), Washington se esforzaba por justificar sus acciones mediante discursos universalistas, apelaciones a la seguridad colectiva, al multilateralismo o marcos jurídicos más o menos elaborados. Como señala John Ikenberry, en su obra After Victory, el liderazgo estadounidense descansaba no solo en la superioridad económica y militar, sino en su capacidad para “atarse a reglas” y presentarse como garante de un orden internacional del que otros Estados también obtenían beneficios.
Trump prescinde de ese esfuerzo. Su intervención en Venezuela no se reviste de legalidad internacional ni de retórica democrática; se enuncia como una decisión personal y se legitima por la sola capacidad de imponerla. Esta desnudez del poder no es un gesto de sinceridad, sino una forma de desinstitucionalización que erosiona fuertemente los cimientos mismos del orden internacional.
Las consecuencias de este enfoque son profundas y sistémicas. Al tratar la soberanía como un atributo revocable y condicionado al alineamiento político, Trump contribuye a erosionar uno de los pocos principios compartidos que aún estructuran el sistema internacional. Estados medianos y pequeños reciben una señal inequívoca de que el derecho internacional no protege; solo protege la utilidad estratégica. En este contexto, la seguridad deja de buscarse en las normas y se desplaza hacia la acumulación de poder, la búsqueda de protectores suficientemente fuertes o la construcción de capacidades propias de disuasión. El mundo se vuelve así más inestable, más indecente y más propenso al conflicto.
Paradójicamente, la intervención en Venezuela debilita la propia posición estadounidense. Al actuar de forma unilateral y ostentosa, Trump ofrece a potencias como China o Rusia un argumento perfecto para justificar sus propias prácticas de tutela, coerción o intervención en sus respectivas áreas de influencia. La excepcionalidad que Estados Unidos se arroga se convierte en precedente, y el sistema internacional se desliza hacia una competencia abierta de imposiciones cruzadas, donde las normas ya no median, sino que estorban. Lejos de reforzar el liderazgo estadounidense, esta conducta acelera su desgaste y legitima alternativas autoritarias de organización del poder global.
En Venezuela, el resultado probable es un interregno frágil, sostenido por la dependencia externa y la continuidad selectiva de élites desacreditadas. Un poder que se presenta como impuesto difícilmente puede generar adhesión social duradera, y menos aún reconstruir un tejido institucional devastado. La estabilidad que Trump pueda exhibir como éxito será, en el mejor de los casos, provisional; en el peor, el preludio de nuevas crisis alimentadas por la falta de legitimidad y la percepción de humillación nacional.
En última instancia, la acción de Trump en Venezuela no ha de evaluarse solamente por sus efectos inmediatos, sino por el precedente que establece. Cuando Trump reduce la política internacional a una relación directa de mando y obediencia, no solo perjudica a Venezuela, sino que degrada el propio sistema que permitió a Estados Unidos ejercer un liderazgo global, relativamente estable, durante décadas. En un mundo ya marcado por la desconfianza y la fragmentación, esta forma de actuar no refuerza el orden internacional, sino que lo descompone, lo empobrece y lo vuelve más peligroso.