Una denuncia presentada ante la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia alerta de la gestión incontrolada y la dispersión de residuos peligrosos -cenizas de pirita- en una parcela municipal del barrio de Los Mateos, en Cartagena, con afectación directa al viario público y riesgo grave para la salud de la población, incluidos menores que acuden a centros educativos próximos.
El escrito, registrado el 17 de enero de 2026, ha sido presentado por la Asociación de Vecinos del Sector Estación de Cartagena y la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena, que solicitan la adopción inmediata de medidas cautelares, la retirada urgente de los residuos por un gestor autorizado, la comunicación del riesgo a la población y la incoación de actuaciones inspectoras y sancionadoras.
Maquinaria sobre residuos peligrosos y arrastre al viario
Según la denuncia, el 14 de enero de 2026 se constató la presencia de maquinaria pesada operando directamente sobre un acopio superficial de residuos peligrosos, identificados como cenizas de pirita, en la parcela municipal UA1–Los Mateos. La maquinaria habría salido posteriormente al viario público sin ningún sistema de limpieza de ruedas ni medidas de contención, favoreciendo el denominado track-out, es decir, el arrastre mecánico de contaminantes adheridos a neumáticos y bajos.
Como consecuencia, el residuo habría sido exportado fuera de la parcela hacia Calle Sol y Travesía Calle Sol, una situación que, lejos de ser puntual, persistía dos días después, el 16 de enero, cuando se constató la presencia visible de material contaminante sobre el asfalto, amplificada por el tránsito rodado y peatonal.
El documento incorpora un amplio reportaje fotográfico que muestra manchas de tonalidad rojiza compatibles con cenizas de pirita en el firme, así como la ausencia de vallado, señalización y control de accesos en un emplazamiento con residuos peligrosos.
Riesgo sanitario no aceptable y centros educativos próximos
La denuncia subraya que el riesgo asociado a este emplazamiento no es hipotético, sino que fue cuantificado oficialmente en mayo de 2023 mediante un Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) incorporado al expediente municipal. Dicho informe concluye que el riesgo supera los umbrales admisibles tanto en términos de toxicidad sistémica como de riesgo carcinogénico.
El análisis oficial incorporado al expediente municipal concluye que el riesgo cancerígeno supera en dieciséis veces el nivel considerado aceptable, mientras que el índice de peligrosidad total se sitúa por encima del umbral máximo permitido, con un valor de 1,4.
La gravedad del escenario se ve agravada por la proximidad de receptores sensibles, entre ellos el CEIP Aníbal y la Escuela Infantil Municipal San Isidoro, situados en el área de influencia del foco contaminante. El documento advierte de múltiples vías de exposición: contacto dérmico, ingestión accidental, inhalación de partículas y contaminación doméstica, al introducirse el residuo en viviendas y centros educativos a través del calzado, la ropa o el polvo urbano.
Metales pesados en concentraciones extremas
El escrito aporta además datos analíticos que refuerzan la peligrosidad del residuo. Según certificaciones y análisis oficiales incorporados al expediente municipal, las cenizas de pirita presentan altas concentraciones de metales pesados, entre ellos plomo, arsénico, zinc, cobre, mercurio y cadmio, con valores que, en algunas muestras superficiales, superan en cientos o miles de veces los niveles de referencia.
La denuncia enfatiza especialmente el papel del plomo, del que se recuerda que no existe un nivel seguro de exposición, así como la presencia de arsénico inorgánico, reconocido como carcinógeno humano. A juicio de los denunciantes, permitir el tránsito de personas y maquinaria sobre estos materiales no constituye una irregularidad menor, sino un mecanismo activo de exportación del riesgo al espacio público.
Tres años de inacción y sin informar a los vecinos
Uno de los ejes centrales del escrito es la inactividad administrativa prolongada. Según se expone, el Ayuntamiento de Cartagena conoce la existencia de estos residuos peligrosos desde al menos marzo de 2023 y el riesgo sanitario desde mayo de ese mismo año, sin que conste la adopción de la medida considerada “materialmente decisiva”: la retirada inmediata y completa del residuo.
Además, la denuncia pone el acento en la ausencia de comunicación pública del riesgo a los vecinos del barrio, pese a tratarse de un escenario documentado de riesgo para la salud. Esta omisión, sostiene el escrito, vulnera el deber legal de informar sobre riesgos específicos para la población y ha generado una situación de indefensión material, impidiendo la adopción de medidas de autoprotección.
No “suelo contaminado”, sino residuos peligrosos abandonados
Desde el punto de vista jurídico, el documento rechaza que el caso pueda tratarse como un mero problema de “suelos contaminados”. A su juicio, se trata de residuos peligrosos abandonados, físicamente identificables y susceptibles de retirada inmediata, lo que activa de forma directa el régimen jurídico de la Ley 7/2022 de residuos.
El escrito recuerda que dicha ley fija un plazo máximo de seis meses para el almacenamiento de residuos peligrosos, ampliamente superado en este caso, y advierte de que la situación encaja en la tipificación de infracción muy grave por abandono o gestión incontrolada de residuos peligrosos.
Petición de medidas urgentes
Por todo ello, los denunciantes solicitan a la Consejería de Medio Ambiente la adopción inmediata de medidas cautelarísimas, entre ellas el vallado y confinamiento del área, la limpieza técnica del viario, la retirada del residuo por gestor autorizado, la comunicación del riesgo a la población y la activación de actuaciones inspectoras y sancionadoras.
La denuncia concluye que la exportación del residuo al viario público ha transformado un riesgo ya conocido en un problema sanitario proyectado sobre el barrio, afectando a población general y especialmente vulnerable, en un contexto que consideran socialmente inaceptable.
Al Ayuntamiento de Cartagena
La Asociación de Vecinos del Sector Estación de Cartagena y la Plataforma de Suelos Contaminados tambiénhan solicitado al Ayuntamiento de Cartagena la adopción inmediata de medidas cautelarísimas ante lo que califican como un riesgo grave y actual para la salud pública.
Ante esta situación, los denunciantes reclaman al consistorio, como titular de la parcela, que actúe de forma urgente para poner fin a la vulneración de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida y a la integridad física, a la protección de la salud y a un medio ambiente adecuado.
En concreto, exigen la reposicion inmediata del vallado perimetral, la paralización de cualquier actividad que pueda movilizar el residuo, la limpieza técnica del viario público sin resuspensión del contaminante y la retirada del material peligroso mediante gestor autorizado, además de medidas eficaces para evitar nuevos arrastres y una inspección municipal urgente.
El escrito advierte de que la inacción permitiría la cronificación del riesgo en un entorno residencial y deja constancia de la reserva de acciones administrativas, judiciales y penales si no se actúa con la rapidez que exige la gravedad de los hechos.