El Congreso de los Diputados ha asistido esta semana a una votación con consecuencias inmediatas: PP, Vox, Junts y UPN han tumbado el decreto ómnibus del Gobierno, un paquete de medidas que incluía desde la subida de las pensiones hasta la prórroga de la suspensión de desahucios o la protección frente a cortes de luz y agua.
No se trata de un debate abstracto ni de un pulso técnico. Lo que se ha rechazado es un texto concreto: el Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y lo que contenía afectaba directamente a millones de personas.
La subida de las pensiones, en el centro del rechazo
El decreto garantizaba una medida clave: la revalorización de las pensiones públicas en 2026, con una subida general del 2,7% conforme al IPC.
Incluía también la actualización de pensiones no contributivas,la revalorización de Clases Pasivas y el incremento del complemento para reducir la brecha de género.
Es decir: una norma diseñada para evitar que los pensionistas perdieran poder adquisitivo. Pero el bloque de derechas en el Congreso votó no.
Desahucios: fin de la prórroga del escudo social
El decreto prorrogaba hasta finales de 2026 la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, una de las medidas sociales más sensibles heredadas de la pandemia. También mantenía compensaciones para propietarios afectados.
Su rechazo deja en el aire esa protección y obliga al Gobierno a buscar otra vía legislativa si quiere mantenerla.
Bono social eléctrico y cortes de suministro: también rechazado
En un contexto de inflación y crisis de costes energéticos, el decreto prorrogaba los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y la prohibición de cortar suministros básicos a consumidores vulnerables.
Luz, agua y energía son servicios esenciales. El decreto pretendía blindar ese acceso para quienes no pueden pagar. La mayoría parlamentaria formada por PP, Vox, Junts y UPN lo ha bloqueado.
Cotizaciones: ajustes para sostener el sistema público
El texto también incluía medidas técnicas para garantizar la financiación de la Seguridad Social:
- actualización de bases máximas de cotización (afectando sobre todo a rentas altas)
- mantenimiento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, destinado a reforzar el sistema ante la jubilación masiva del “baby boom”
- una cuota adicional de solidaridad para salarios por encima del máximo
No eran recortes: eran ajustes para sostener el sistema de pensiones. También esto fue rechazado.
Autónomos y empleo: más medidas tumbadas
El decreto incluía ajustes para autónomos con ingresos altos, límites en casos de pluriactividad y medidas laborales como: prórroga temporal del salario mínimo vigente y restricciones a despidos objetivos en empresas que reciban ayudas públicas. Todo ello formaba parte del mismo paquete derogado.
Fiscalidad: deducciones verdes y ayudas excepcionales
La norma contenía además medidas tributarias:
- deducciones por eficiencia energética en viviendas
- incentivos fiscales para vehículos eléctricos y puntos de recarga
- amortización libre para autoconsumo renovable
- exenciones por ayudas tras incendios forestales
- ajustes vinculados a la DANA de Valencia.
El decreto mezclaba protección social con transición energética y fiscalidad. Todo ha quedado bloqueado.
Un voto político con consecuencias sociales
El rechazo no es simbólico. No es una enmienda. No es un matiz.
Es la caída completa de un paquete que incluía: subida de las pensiones, protección frente a desahucios, bono social eléctrico, blindaje frente a cortes de suministros básicos (agua y luz), ajustes para sostener la Seguridad Social y deducciones fiscales verdes.
La derecha parlamentaria y Junts han votado juntos para tumbarlo. Ahora el Gobierno deberá decidir si recupera estas medidas una a una o si millones de ciudadanos quedan en un limbo normativo.
La derecha parlamentaria ha decidido convertir un escudo social en un campo de batalla política, y el coste de esa estrategia no lo paga el Gobierno: lo paga la gente.