La Fiscalía Provincial de Madrid ha acordado archivar la denuncia penal presentada por el alcalde de La Unión, Joaquín Gabriel Zapata García (PP), contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) por su actuación en el proceso de regeneración ambiental de la bahía de Portmán. El Ministerio Público concluye que no aprecia indicios de delito en las decisiones adoptadas por el Estado y que el conflicto planteado no tiene encaje en la jurisdicción penal.
La denuncia había sido tramitada por la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía y se dirigía contra la actuación del Ministerio en relación con la paralización del proyecto de regeneración, la renuncia al contrato de obras y el cambio de solución técnica previsto inicialmente.
El archivo de la denuncia del alcalde de La Unión, sin duda, contradice los argumentos del PP sobre un supuesto abandono deliberado de la bahía.
Qué denunciaba Joaquín Gabriel Zapata García
El alcalde de La Unión formuló la denuncia en su condición de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, atribuyendo al MITECO la comisión de delitos contra el medio ambiente, tipificados en los artículos 325 y 329 del Código Penal, así como una actuación administrativa arbitraria que, a su juicio, podía ser constitutiva de prevaricación por omisión.
En esencia, Zapata García sostenía que el Ministerio había abandonado el proyecto de regeneración aprobado para la bahía de Portmán, que contemplaba la retirada masiva de estériles mineros; había permitido la permanencia de millones de toneladas de residuos mineros contaminantes en la bahía, procedentes de décadas de vertidos; había sustituido la solución original por una alternativa de sellado in situ de los residuos, que el denunciante consideraba insuficiente y peligrosa y mantenía una situación de riesgo grave y continuado para el medio ambiente y la salud de las personas, sin ejecutar una solución definitiva.
Según la denuncia, esta actuación -o falta de actuación- del Ministerio equivalía a tolerar un daño ambiental grave y prolongado en el tiempo, imputable penalmente a la Administración General del Estado.
Por qué la Fiscalía descarta los delitos
Tras analizar el expediente administrativo, los informes técnicos y los antecedentes judiciales del proyecto, la Fiscalía descarta de forma expresa que concurran los elementos necesarios para apreciar delito.
El decreto de archivo es contundente en varios aspectos:
1. No existe inactividad ni omisión penalmente relevante
La Fiscalía subraya que el MITECO no ha permanecido inactivo. Al contrario, desde 2018 ha adoptado decisiones sucesivas: suspensión de las obras por razones técnicas y de seguridad, renuncia al contrato adjudicado, realización de nuevos estudios, análisis de alternativas y elaboración de un nuevo proyecto de regeneración.
2. Las decisiones están motivadas y respaldadas técnicamente
La paralización del proyecto original se produjo tras detectarse riesgos graves durante la ejecución de las obras: movilización de metales pesados, turbidez del agua, posibles afecciones químicas y problemas técnicos asociados al dragado. Estas circunstancias están documentadas en informes técnicos y científicos incorporados al procedimiento.
3. No se acredita el delito contra el medio ambiente
Para que exista delito ecológico, recuerda la Fiscalía, es necesario acreditar un riesgo grave, concreto y directamente imputable a una conducta activa u omisiva. En este caso, no se demuestra que la situación actual de la bahía sea consecuencia de una conducta penalmente reprochable del Ministerio.
4. No hay arbitrariedad ni prevaricación
El Ministerio Público rechaza que las resoluciones del MITECO sean arbitrarias. Considera que se adoptan dentro del margen de discrecionalidad técnica de la Administración y están suficientemente motivadas, por lo que no cabe hablar de prevaricación.
5. El conflicto es administrativo, no penal
La Fiscalía recuerda que la Audiencia Nacional ya anuló en 2019 la adjudicación del contrato por razones administrativas y subraya que las discrepancias sobre la solución técnica más adecuada deben resolverse, en su caso, en la jurisdicción contencioso-administrativa, no en la penal.
Un archivo con un mensaje claro
El archivo de la denuncia supone un portazo judicial a la vía penal impulsada por el alcalde de La Unión, del PP. Aunque la Fiscalía aclara que su decisión no implica un juicio político ni técnico sobre la gestión del proyecto, sí deja claro que el derecho penal no es el cauce para dirimir desacuerdos sobre políticas públicas ambientales complejas.
El decreto concluye que las decisiones del MITECO pueden ser objeto de crítica social o política, pero no alcanzan el umbral de ilicitud penal exigido por el Código Penal.
El decreto de archivo de la Fiscalía desactiva el principal argumento político sostenido por el PP en torno a Portmán. El Ministerio Público descarta que el Estado haya abandonado deliberadamente la regeneración de la bahía, niega la existencia de una pasividad administrativa penalmente relevante y concluye que las decisiones adoptadas por Transición Ecológica estuvieron motivadas por razones técnicas, de seguridad ambiental y respaldadas por resoluciones judiciales previas. De este modo, la resolución deja sin respaldo penal el relato defendido por el PP sobre una actuación arbitraria del Gobierno central.