Hay gobiernos que informan. Y hay gobiernos que ceban. El de la Región de Murcia, presidido por Fernando López Miras, pertenece claramente al segundo grupo. Los datos de contratación pública de 2025 no dejan margen para la duda: el Ejecutivo regional ha convertido la publicidad institucional en un pesebre bien surtido para un ecosistema de pseudomedios de derecha y extrema derecha que, casualmente, se dedican a aplaudir, justificar o blanquear su gestión con entusiasmo casi devocional.
Cerca de 500.000 euros de dinero público han acabado, año tras año y contrato a contrato, en las mismas manos. No se trata de una anomalía puntual ni de una campaña concreta: es un modelo estructural, sostenido, diseñado para alimentar fidelidades mediáticas. El pesebre no es improvisado; está cuidadosamente organizado.
La operación tiene dos carriles. El visible: los contratos menores de consejerías publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Y el opaco: los planes de medios turísticos del ITREM, fragmentados, dispersos, no consolidados en el Portal de Transparencia regional. Dos vías distintas para un mismo objetivo: regar de fondos públicos a los medios amigos sin que el volumen real del gasto salte a la vista de la ciudadanía.
El reparto habla por sí solo. La Razón, a la cabeza, supera los 135.000 euros. OK Diario, más de 73.000. El Confidencial, 20 Minutos, Libertad Digital, El Debate, Vozpópuli, The Objective, EDA TV, EsDiario o Artículo14 completan la lista. Cabeceras recurrentes, importes recurrentes, conceptos repetidos hasta la saciedad: “difusión de campaña”, “patrocinio”, “suscripción”, “acción institucional”. Distintos nombres para el mismo pienso.
Porque eso es lo que es: pienso político. Dinero público convertido en alimento para un relato complaciente, para titulares dóciles, para editoriales que jamás muerden la mano que les da de comer. El pesebre funciona porque se rellena con regularidad y porque quienes se acercan a él saben que no se les exige incomodidad, sino gratitud.
El problema no es solo la afinidad ideológica -que ya sería grave-, sino la ausencia de pluralismo, la falta de concurrencia real y el abuso sistemático del contrato menor como atajo administrativo. No hay competencia abierta, no hay criterios públicos de impacto, audiencia o eficacia. Hay repetición. Hay costumbre. Hay clientela.
Más inquietante aún es la incoherencia moral del modelo. Parte de estos fondos se destinan a campañas de alto contenido social -violencia de género, eficiencia en el uso del agua, mensajes de interés público- difundidas en medios que, en muchos casos, han cuestionado esos mismos consensos sociales o los han tratado de forma ideológica y polarizante. El Gobierno paga y mira hacia otro lado. El mensaje importa menos que el soporte siempre que el soporte sea amigo.
La fragmentación del gasto no es un descuido técnico: es una estrategia de dilución. Cuanto más troceado esté el dinero, menos ruido hace. Cuanto menos visible sea el total, más fácil resulta sostener el discurso de la normalidad. Pero cuando se suman las piezas, el dibujo es nítido: un pesebre público al servicio de una red mediática afín.
En una democracia sana, la publicidad institucional informa; no compra lealtades. En la Región de Murcia, bajo el Gobierno de López Miras y su lugarteneinte, Mar Moreno, se ha cruzado esa línea hace tiempo. Y mientras el pesebre siga lleno, no faltarán relinchos agradecidos ni editoriales obedientes. El problema es que la factura la pagan, como siempre, los ciudadanos.