La gestión irregular de residuos peligrosos y suelos contaminados vuelve a situar a Cartagena ante un escenario de riesgo ambiental y sanitario extremo, esta vez en la Unidad de Actuación UA1 de Los Mateos, una zona colindante con viviendas habitadas.
La Asociación de Vecinos del Sector Estación y la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena han presentado una denuncia urgente ante el SEPRONA de la Guardia Civil en la que relatan hechos que, de confirmarse, podrían constituir infracciones administrativas muy graves y un delito contra el medio ambiente y la salud pública.
Obras sin control en una zona contaminada conocida
Los hechos se inician el 20 de enero de 2026, cuando comienzan trabajos de desbroce y remoción de terrenos con maquinaria pesada en una parcela cuya contaminación es conocida y denunciada desde hace años.
Pese a ello, las labores se ejecutan, según el escrito, sin ningún protocolo de seguridad, sin medidas de contención y sin control ambiental, provocando la mezcla directa de restos vegetales con residuos peligrosos y suelos contaminados. Una actuación que, lejos de minimizar riesgos, incrementa la peligrosidad del material generado, especialmente por la dispersión de polvo y partículas finas.
Transporte y descarga en un vertedero no autorizado
Al día siguiente, 21 de enero, los vecinos detectan la carga y traslado del material resultante,una mezcla de origen incierto, hacia un emplazamiento conocido como Finca Buenos Aires.
Según la denuncia, allí opera un vertedero o centro de transferencia de residuos inertes que no estaría autorizado para recibir residuos peligrosos ni suelos contaminados. Pese a esta incompatibilidad legal, se documentan descargas continuadas durante la mañana, incluida una descarga alrededor de las 13:00 horas, lo que evidenciaría que el vertido no fue un hecho aislado sino una operativa sostenida en el tiempo.
Riesgo ambiental “grave e inaceptable”
El escrito es contundente: depositar residuos potencialmente peligrosos en una instalación diseñada para inertes supone un riesgo grave e inaceptable, con posibilidad de lixiviación al suelo, contaminación de aguas subterráneas, dispersión de contaminantes y pérdida total de trazabilidad del residuo.
Todo ello en un entorno próximo a viviendas, lo que amplifica el impacto sanitario y sitúa a la población en una posición de vulnerabilidad no consentida frente a una gestión que los denunciantes consideran manifiestamente irregular.
Sin caracterización ni trazabilidad: la clave del posible fraude
Uno de los aspectos más graves señalados en la denuncia es que el residuo trasladado carece de caracterización reglada. La mezcla producida durante el desbroce impide identificar con precisión su composición y peligrosidad, lo que haría imposible cumplimentar de forma veraz el documento de traslado obligatorio.
Este extremo abre la puerta a posibles fraudes documentales, como la declaración falsa del código LER, la simulación de que se trata de un residuo inerte o el encubrimiento deliberado de su condición peligrosa, con consecuencias administrativas y penales.
Indicios de delito ambiental
La denuncia invoca expresamente el artículo 325 del Código Penal, que sanciona la gestión de residuos contraria a la normativa cuando genera o puede generar daños graves al aire, al suelo, a las aguas o a la salud pública.
Los denunciantes consideran que los hechos encajan plenamente en este supuesto, al tratarse de una operación de traslado y depósito presuntamente ilegal, ejecutada sin garantías, sin control y en una instalación no habilitada.
Exigen paralización inmediata e investigación penal
Ante la gravedad de lo ocurrido, la Asociación de Vecinos y la Plataforma reclaman al SEPRONA la paralización inmediata del transporte y del vertido, el precinto de los acopios, la inspección urgente en origen y destino, la identificación de todas las empresas implicadas y la toma de muestras con cadena de custodia.
Solicitan además que, si se confirman los hechos, se incoen diligencias penales y se depuren todas las responsabilidades, sin excluir a promotores, transportistas ni gestores finales.
El escrito incorpora una petición expresa de protección del denunciante, al amparo de la Ley 2/2023, ante el riesgo de represalias, presiones o intimidaciones. Un detalle que, para los vecinos, evidencia el clima de tensión y opacidad que rodea la gestión de los suelos contaminados en Cartagena