La Declaración de Zaragoza, firmada el 18 de enero de 2026 por Alberto Núñez Feijóo y los presidentes autonómicos del Partido Popular, fija una posición política común frente a la propuesta del Gobierno de reformar el sistema de financiación autonómica.
El texto reivindica la igualdad entre españoles, rechaza acuerdos bilaterales y enumera una serie de criterios “objetivos” que, a juicio del PP, deberían regir el reparto de los recursos públicos.
Con los criterios que enumera la Declaración de Zaragoza, una financiación justa solo es posible si el sistema establece prioridades claras y distingue entre lo estructural y lo corrector. La justicia en el reparto no consiste en incluir todas las variables posibles, sino en garantizar que la población real atendida sea el eje central de la financiación, porque los servicios públicos se prestan a personas y no a territorios.
Sin jerarquía, sin pesos y sin decisiones explícitas, hablar de financiación justa, como ha hecho López Miras, es solo una declaración de intenciones: la equidad no se proclama, se diseña y se cuantifica.
Qué propone exactamente el PP
La Declaración no establece cifras, ponderaciones ni fórmulas concretas. No es un documento técnico, sino un marco político. En él, el PP acepta que el nuevo modelo tenga en cuenta variables como:
- demografía e incremento poblacional,
- despoblación y baja densidad,
- envejecimiento,
- dispersión territorial y orografía,
- insularidad,
- superficie,
- desempleo,
- coste de la vida,
- y costes fijos derivados de obligaciones impuestas por el Estado.
Todas estas variables, dice el texto, pueden incrementar las necesidades presupuestarias y deben ser consideradas “para poder elaborar un sistema justo”. Al mismo tiempo, el PP rechaza de forma expresa los “cambios a la carta” y las “decisiones discrecionales que establecen españoles de primera y de segunda”, defendiendo un reparto multilateral y común para todas las comunidades.
El problema de fondo de la Declaración de Zaragoza es que pretende hacer compatibles criterios que empujan en direcciones opuestas. No es técnicamente viable diseñar un sistema de financiación que premie al mismo tiempo el crecimiento de población y la despoblación dentro del reparto general, porque cada euro que compensa a un territorio que pierde habitantes se resta a otro que asume más servicios por ganar población.
Sin una jerarquía clara, los criterios se anulan entre sí y el modelo deja de cumplir su función básica: garantizar recursos suficientes allí donde se prestan los servicios. Mezclarlo todo en un único saco, como ha hecho el PP, no es una solución equilibrada, sino una forma de posponer decisiones incómodas.
Una carta a los Reyes Magos
Visto en conjunto, el listado de criterios que recoge la Declaración de Zaragoza se asemeja más a una carta a los Reyes Magos que a una propuesta viable de financiación autonómica. El documento intenta contentar a todos los territorios incorporando prácticamente todas las variables posibles -crecimiento poblacional, despoblación, envejecimiento, desempleo, orografía, insularidad, superficie o coste de la vida- sin establecer prioridades.
El resultado es un marco tan amplio que resulta imposible de aplicar sin generar nuevas desigualdades, porque muchos de esos criterios son contradictorios entre sí y favorecen a comunidades distintas. En la práctica, trasladar este planteamiento a un modelo real exigiría elegir, ponderar y excluir, justo lo que la Declaración evita hacer. Más que un diseño técnico, el texto funciona como un documento político de consenso interno, eficaz para cerrar filas, pero insuficiente para resolver un sistema de financiación que exige decisiones incómodas y números concretos.
Los criterios que no juegan a favor de la Región de Murcia
La Región de Murcia comparte una característica clave con la Comunitat Valenciana y Andalucía: es una de las comunidades históricamente infrafinanciadas por el sistema actual. Sin embargo, a diferencia de otros territorios, no encaja bien en la mayoría de los criterios territoriales que el PP pone sobre la mesa.
La Región de Murcia no es una comunidad despoblada, ni tiene una baja densidad de población. Tampoco presenta una orografía compleja ni una elevada dispersión territorial. No es insular y no recibe sobrecostes logísticos asociados a esa condición. Su población, además, es más joven que la media nacional, lo que reduce el peso del envejecimiento como factor corrector.
Esto significa que, en un modelo donde estos criterios tengan un peso relevante, la Región de Murcia vuelve a quedar penalizada, aunque tenga dificultades para financiar servicios públicos esenciales.
El coste de la vida: una trampa estadística
Uno de los criterios más problemáticos para la Región de Murcia es el coste de la vida. Al ser inferior al de comunidades como Madrid, Cataluña o Baleares, puede utilizarse para justificar una menor financiación por habitante. Sin embargo, este enfoque ignora una realidad básica: prestar sanidad, educación o servicios sociales cuesta prácticamente lo mismo en la Región de Murcia que en cualquier otra comunidad.
Además, la Región de Murcia presenta una renta per cápita inferior a la media nacional, mayores tasas de pobreza relativa y un elevado esfuerzo fiscal para sostener los servicios públicos. Usar el coste de la vida sin correctores sociales no reduce desigualdades: las consolida.
Incremento población
La Declaración de Zaragoza sí incluye dos criterios que, bien aplicados, podrían jugar a favor de la Región de Murcia: la demografía y, en particular, el incremento poblacional y el desempleo. La Región de Murcia es una de las comunidades que más ha crecido en población en los últimos años, asumiendo un mayor coste en sanidad, educación y servicios sociales sin una financiación equivalente, y presenta además indicadores de desempleo superiores a la media nacional.
Sin embargo, el documento se limita a citarlos dentro de un listado amplio de variables, sin fijar su peso ni establecer mecanismos claros que los conviertan en factores determinantes del reparto. El riesgo, de nuevo, es que estos criterios queden diluidos frente a otros de carácter territorial -como la despoblación, la dispersión o la orografía- que benefician a otras comunidades y que no reflejan la realidad social y demográfica murciana.
El rechazo a los privilegios territoriales y a la bilateralidad sí conecta con una reivindicación histórica del Gobierno regional murciano. Pero rechazar privilegios no equivale a corregir injusticias previas. Sin una redistribución que tenga en cuenta la población real y las necesidades sociales, la igualdad se queda en el plano retórico.
Llegados a este punto, es importante recordar que estamos ante un sistema de financiación caducado desde hace años que el Gobierno de Rajoy se negó a modificar. No quiso abrir ese melón. Por otra parte, comunidades como Murcia ni se atreven a presentar propuestas concretas por miedo a incomodar a la dirección nacional del PP. Las comunidades del PP solo coinciden en una cosa y es en la rebaja indiscriminada de impuestos mientras reclaman más y más dinero al Estado.
La Declaración también reclama “la creación de un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas”, financiado con recursos del Estado y adicional a la financiación actual. Este fondo tendría carácter provisional, hasta que se apruebe un nuevo modelo de financiación.
Es la única medida concreta que podría tener un impacto inmediato, aunque el texto no aclara criterios de reparto, duración ni dotación económica. ¿Cuánto recibiría la Región de Murcia? Pues no se sabe, no lo han dicho.
Silencio sobre agua y los trasvases
La Declaración de Zaragoza no incluye ninguna referencia expresa al agua ni a los trasvases, pese a que se trata de uno de los asuntos estructurales más determinantes para comunidades como la Región de Murcia.
En el texto no aparecen menciones a política hidráulica, recursos hídricos ni trasvases entre cuencas.
Este silencio no es menor. Para la Región de Murcia, el acceso al agua no es un elemento sectorial, sino una condición estructural que condiciona su desarrollo económico, su sostenibilidad y su capacidad de generar recursos propios. La ausencia de cualquier mención a los trasvases contrasta con el énfasis del documento en la “igualdad entre españoles” y en la necesidad de evitar desequilibrios territoriales.
Desde una perspectiva murciana, la omisión refuerza una sensación ya conocida: el debate sobre la financiación se aborda sin integrar factores clave que explican las desigualdades reales entre territorios. Mientras se aceptan variables como la orografía o la despoblación -que benefician a otras comunidades-, el agua, que es un elemento crítico para la Región de Murcia, no forma parte del marco político que propone el PP.
La Declaración de Zaragoza, por tanto, no solo no mejora la posición financiera de la Región de Murcia, sino que elude uno de los pilares de su equilibrio territorial, dejando fuera del debate un factor que resulta determinante para su presente y su futuro.