Las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) están teniendo un impacto directo y medible en los campos agrícolas de California. Así lo refleja una información de la agencia Reuters, que ha hablado con agricultores, capataces y trabajadores del sector en una de las principales regiones productoras de alimentos del país. El miedo a las detenciones ha provocado que miles de jornaleros dejen de acudir a su puesto de trabajo, con cosechas sin recoger y productos que se echan a perder en pleno pico de la campaña.
California produce más de un tercio de las hortalizas y más de tres cuartas partes de las frutas y frutos secos que se consumen en Estados Unidos, según el Departamento de Alimentación y Agricultura del estado. En 2023, sus granjas y ranchos generaron cerca de 60.000 millones de dólares en ventas agrícolas. Pero esa potencia productiva depende de forma crítica de la mano de obra inmigrante.
Lisa Tate, agricultora de sexta generación en el condado de Ventura, explica a Reuters que las redadas llevadas a cabo a principios de este mes han vaciado literalmente los campos. «En algunos casos, el 70% de los trabajadores ha desaparecido», afirma. «Si el 70% de tu mano de obra no se presenta, el 70% de tu cosecha no se recoge y puede estropearse en un solo día». Tate añade que la mayoría de los estadounidenses no quiere realizar este trabajo y que muchos agricultores apenas logran cubrir gastos. «Temo que se haya alcanzado un punto de inflexión que lleve a muchos a la quiebra».
Reuters ha recabado testimonios de dos agricultores, dos capataces y cuatro trabajadores agrícolas inmigrantes en la franja que se extiende desde el condado de Ventura hasta el valle central de California. Todos coinciden en que la mayoría de los trabajadores ha dejado de acudir a los campos tras las operaciones del ICE.
Un capataz mexicano, que pidió no ser identificado por miedo a ser arrestado, relató a Reuters que la semana pasada supervisaba un terreno preparado para la plantación de fresas. Habitualmente cuenta con unos 300 trabajadores. Ese día solo tenía 80. En otra explotación, otro responsable explicó que de los 80 jornaleros habituales apenas se presentaron 17.
El temor no distingue entre quienes tienen papeles y quienes no. Greg Tesch, agricultor del centro de California, asegura a Reuters que «nadie se siente seguro cuando oye la palabra ICE, ni siquiera las personas documentadas». Y en el campo, el tiempo es determinante: «Si un cultivo está maduro y no se recoge en dos o tres días, se quema por el sol o se pasa de maduración. Necesitamos mano de obra».
Entre los trabajadores inmigrantes, el miedo es constante. De los cuatro entrevistados por Reuters, dos se encuentran en situación irregular y hablaron bajo anonimato. Uno de ellos, de 54 años, lleva 30 años trabajando en los campos estadounidenses y tiene esposa e hijos en el país. «La mayoría de mis compañeros ha dejado de venir. Si van a trabajar, no saben si volverán a ver a su familia», explica.
Otro trabajador describe un clima de angustia diaria: «Nos despertamos con miedo. Siempre nos preocupó el sol y el calor, pero ahora hay un problema mucho mayor: no volver a casa. Intento no meterme en problemas en la calle. Ahora, cualquiera que sea detenido por cualquier motivo acaba deportado».
Según colectivos comunitarios citados por Reuters, muchos trabajadores están tomando medidas para reducir su exposición a las redadas, como compartir coche con personas con estatus legal o enviar a sus hijos, ciudadanos estadounidenses, a hacer la compra. Estos grupos reconocen que tras una redada la asistencia a los campos cae de forma notable, aunque parte de los jornaleros acaba regresando por pura necesidad económica, al no tener otras fuentes de ingresos.
Las consecuencias económicas preocupan también a los expertos. Douglas Holtz-Eakin, ex director de la Oficina Presupuestaria del Congreso, señala a Reuters que alrededor del 80% de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos han nacido en el extranjero y que casi la mitad se encuentra en el país de forma irregular. «Perderlos provocará subidas de precios para los consumidores. Esto es malo para las cadenas de suministro y malo para la industria agrícola», afirma.
En la misma línea, Bernard Yaros, economista jefe para Estados Unidos de Oxford Economics, subraya en un informe citado por Reuters que los trabajadores nacidos en el país no suelen cubrir el vacío que dejan los inmigrantes. «Los inmigrantes en situación irregular tienden a trabajar en ocupaciones distintas a las de los trabajadores nativos», explica.
El propio Donald Trump reconoció este mes en su red social Truth Social, según recoge Reuters, que las redadas del ICE están «apartando a trabajadores muy buenos y veteranos» de sectores como la agricultura y la hostelería, empleos que calificó de «casi imposibles de sustituir». Aunque se comprometió a estudiar medidas para paliar el impacto, por ahora no se ha producido ningún cambio de política.
Un espejo para España
La situación descrita por Reuters en California no es ajena a España. La agricultura española depende también de forma estructural de la mano de obra inmigrante, especialmente en regiones como la Región de Murcia, uno de los grandes motores hortofrutícolas del país. Allí, como en el campo californiano, la ausencia de trabajadores inmigrantes podría paralizar campañas enteras: desde la recolección hasta el manipulado en almacenes.
Se trata de un trabajo duro, estacional y exigente que apenas cubre la mano de obra nacional. Sin trabajadores extranjeros, el campo se detiene, las pérdidas se multiplican y la viabilidad económica de muchas explotaciones queda en entredicho. Lo que hoy ocurre en California funciona así como una advertencia clara: sin políticas migratorias realistas y sin seguridad para quienes sostienen el sector, el modelo agrícola entra en una zona de riesgo.
Un estudio realizado por la Universidad de Alicante muestra que los flujos de inmigración mejoran la productividad regional en sectores intensivos en mano de obra, como la agricultura. Según este trabajo, un aumento del 1 % en la inmigración se traduce en un incremento de la productividad del 0,6 % de media en España, con regiones como Murcia registrando efectos aún mayores (alrededor del 1,3 %). Además, en las principales zonas receptoras, la agricultura presenta aumentos de productividad de hasta un 5 % o más asociados a la mano de obra migrante.
Los flujos migratorios elevan la productividad laboral en España
Por otra parte, un análisis del Real Instituto Elcano subraya que la inmigración se ha convertido en un factor estructural del mercado laboral español. La población inmigrante supera ya los nueve millones de personas y crece a un ritmo aproximado de 600.000 personas al año desde el final de la pandemia. Su peso en el empleo es cada vez más determinante: representa el 23% de la población ocupada y ha absorbido el 90% del nuevo empleo creado entre enero de 2024 y marzo de 2025.
Se trata, además, de una inmigración con un nivel educativo medio bajo, que se concentra mayoritariamente en puestos de trabajo de escasa cualificación, caracterizados por la temporalidad, la dureza física y una menor estabilidad. Esta realidad ha generado una dependencia creciente de la mano de obra inmigrante en varios sectores clave de la economía: el 72% del empleo en el servicio doméstico y el 45% en la hostelería está ya ocupado por personas de origen extranjero.
Sin embargo, pese a estos datos, la inmigración se ha convertido en uno de los principales blancos del discurso de la extrema derecha. Un relato que presenta a la población inmigrante como una amenaza económica, social o cultural y que choca frontalmente con la realidad del mercado laboral: sectores enteros dependen ya de forma estructural de esa mano de obra para poder funcionar.
Si Vox llegara al Gobierno y llevara a la práctica las medidas que ha anunciado reiteradamente en materia migratoria, el impacto sería profundo y transversal, tanto económico como social e institucional. No se trata solo de un debate ideológico, sino de consecuencias muy concretas sobre sectores productivos, servicios públicos y cohesión social.