No es nuevo. El Partido Popular de la Región de Murcia vuelve a recurrir a una fórmula ya conocida: llevar la batalla política a los tribunales para condicionar el calendario electoral de su adversario. El objetivo es claro y poco disimulado: que el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, llegue a las elecciones autonómicas de 2027 con la sombra de una imputación judicial, aunque después no quede nada.
Ya ocurrió con Diego Conesa. Después, con José Vélez. En ambos casos, el ruido judicial cumplió su función política y mediática. Y en ambos casos, las causas acabaron archivadas cuando los dirigentes socialistas ya habían abandonado la primera línea, sin indicios de delito. El daño, sin embargo, ya estaba hecho.
Ahora el PP intenta repetir el mismo esquema utilizando como pieza intermedia a Jesús Cobos, profesional autónomo de la comunicación y la protección de datos que ha trabajado durante unos años para el grupo parlamentario socialista. La clave no está en Cobos, sino en Francisco Lucas, que en su etapa como portavoz parlamentario firmó y autorizó el pago de unas facturas que hoy el PP pretende convertir en un escándalo.
Para ello, los populares inflan deliberadamente las cifras. Hablan de 160.000 euros porque suena a escándalo, aunque se trate de la suma de cinco años de trabajo. La realidad es bastante menos aparatosa: 32.000 euros anuales de facturación, que, una vez descontados impuestos y cotizaciones, se traducen en 18.560 euros netos al año. Una cantidad perfectamente coherente -incluso baja- para servicios profesionales continuados de comunicación y gestión de redes sociales.
Las facturas existen, son oficiales y describen trabajos reales prestados desde 2020 por la empresa de Jesús Cobos. Pero al PP no le interesa la contabilidad ni la fiscalidad. Prefiere hablar de “supuestos” servicios y alimentar la sospecha. La palabra “supuesto” en boca de Joaquín Segado es clave: permite insinuar sin probar, sembrar dudas sin asumir responsabilidades.
El relato que intenta construir el PP gira en torno a la supuesta financiación de un “medio fake”, Las Noticias RM, al que atribuye una campaña contra el PP y contra el presidente regional, Fernando López Miras. El problema es que ese argumento no se sostiene. Las Noticias RM no es un medio, sino un blog personal que comienza su actividad en 2022, dos años después del inicio de los trabajos de Cobos para el grupo parlamentario socialista. Y, además, ninguna de sus informaciones ha sido desmentida. El error que Cobos ha cometido es no firmar las informaciones con su nombre y apellidos, pero eso tampoco es ilegal.
Pese a ello, el portavoz popular Joaquín Segado anuncia solemnemente que llevará “toda la documentación” a los tribunales. No para aclarar nada, sino para activar el mecanismo que el PP conoce bien: basta con armar una querella y encontrar un juez dispuesto a admitirla a trámite. Con eso es suficiente para generar titulares, erosionar al adversario y marcar la agenda política. El objetivo no es otro que imputar a Francisco Lucas como sea. Se les ve venir de lejos.
En su ofensiva, el PP de la Región de Murcia está haciendo todo lo posible para que el asunto no decaiga. Y para ello recurre a un mecanismo bien engrasado: llamar a la puerta de los medios de comunicación afines, dispuestos a amplificar el relato sin el más mínimo contraste. El ejemplo más evidente se produjo en Cuatro, en el programa «En boca de todos», presentado por Nacho Abad, donde el PP logró “colar” su versión de los hechos sin apenas réplica ni verificación.
El arranque del espacio ya da una medida del rigor con el que se abordó el asunto. En pantalla se mostró la imagen del ex secretario de organización del PSRM-PSOE, Jordi Arce, como si fuera la de Jesús Cobos, un error grave que evidencia la ligereza con la que se construyó el relato televisivo. No se trata de un detalle menor: confundir identidades en un contexto de acusaciones públicas supone una vulneración básica de las normas elementales del periodismo.
A partir de ahí, el programa compró sin matices el marco impuesto por el PP. Se habló de “fontanero del PSOE”, de “medio fake” y de una supuesta “maquinaria de difamación” financiada con dinero público. Todo ello sin una sola prueba concreta puesta sobre la mesa. De hecho, cuando el propio presentador intentó concretar qué informaciones falsas había publicado Jesús Cobos en su web, el portavoz del PP, Joaquín Segado, fue incapaz de señalar un solo contenido falso, un solo bulo, una sola imputación concreta que no fuera cierta. Se limitó a repetir de forma balbuceante que era un medio “sin credibilidad” y que “solo se dedica a hablar mal del Partido Popular”.
¿Desde cuándo es delito hablar mal de la gestión del PP de López Miras, Pedro Antonio Sánchez, Alberto Garre y Ramón Luis Valcárcel…? ¿Acaso no se puede cuestionar la política del PP en la Región de Murcia de los últimos 30 años?
Ante la insistencia del presentador -“una cosa es hablar mal y otra imputar delitos”- Segado volvió a eludir la cuestión y terminó mezclando supuestos casos de nepotismo, “trincar” y ataques genéricos, sin aportar ni un solo ejemplo verificable de información falsa publicada por Cobos en su blog.
—¿Y qué cosas dice de López Miras este medio? ¿Dice que es calvo cuando ya vemos que tiene mucho pelo?
—Bueno, este medio ataca constantemente, no solo a López Miras, sino también a los alcaldes del Partido Popular, a los concejales, a los consejeros…
—Ya, pero ¿qué cosas concretas dice? Porque a lo mejor tiene razón en alguna.
—No, es un medio que no tiene absolutamente ninguna credibilidad.
—Pero ¿qué publica exactamente?
—Intenta atacar la gestión diaria del Gobierno. Fíjese, ha pedido a través del Portal de Transparencia, en más de 250 ocasiones, información concreta sobre expedientes…
Segado acudió a contar mentiras
La comparecencia de Joaquín Segado en «En boca de todos» no solo estuvo marcada por la exageración y la insinuación, sino también por una afirmación objetivamente falsa: Segado aseguró en directo que Jesús Cobos tiene “varias causas pendientes” impulsadas por cargos del Partido Popular. No es cierto. Solo existe una causa judicial relacionada con Jesús Cobos, y no responde en absoluto al escenario que Joaquín Segado dibujó en televisión. Se trata de una única denuncia por un presunto delito de calumnias, presentada por una concejala del PP en el municipio de La Unión. Nada más. Y probablemente, será archivada porque lo publicado por Cobos es veraz y demostrable.
No hay “varias causas”, no hay una “trama judicial”, ni una cascada de procedimientos abiertos. El resto es ficción política.
Es que pide mucha información a través del portal de transparencia
Otro de los ejes del relato construido por Joaquín Segado es la criminalización de algo que no solo es legal, sino que constituye un derecho fundamental de la ciudadanía: el uso del Portal de Transparencia. En su intervención televisiva, Segado se quejó de que Jesús Cobos hubiera presentado “más de 250 solicitudes de información”, como si ese dato, por sí mismo, fuera indicio de irregularidad o de una conducta ilícita. No lo es. En absoluto.
La legislación vigente no establece ningún límite numérico al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Cualquier ciudadano puede solicitar cuantos expedientes, documentos o datos considere oportunos, siempre que cumpla los requisitos formales. Así lo reconoce la Ley de Transparencia, que no distingue entre ciudadanos “legítimos” y ciudadanos “molestos”. El derecho es el mismo para todos.
Presentar muchas solicitudes no es ilegal, ni irregular, ni sospechoso. Lo único que demuestra es interés por fiscalizar la acción pública. Precisamente lo que la ley pretende fomentar. Sin embargo, para el PP, ese ejercicio de control ciudadano se convierte en problema cuando incomoda, cuando obliga a dar explicaciones o cuando saca a la luz expedientes que preferirían mantener en la penumbra.
La doble vara de medir del PP
Por otra parte, mientras habla de “pseudomedios” y de supuestas maquinarias de difamación, el Partido Popular riega con dinero público a cabeceras afines que llevan años actuando como altavoces partidistas sin rubor alguno. EDATV, de Javier Negre; OK Diario; The Objective y otros digitales del mismo ecosistema han recibido financiación institucional, contratos publicitarios y apoyo económico desde administraciones gobernadas por el PP.
Es la doble vara de medir elevada a estrategia política. Cuando un medio incomoda al poder, pasa a ser “fake”, “cloaca” o “panfleto”. Cuando ataca al adversario y protege al Gobierno, se convierte en “prensa libre”. No se cuestiona el uso del dinero público, sino quién controla el relato.
La diferencia es clara:al PP no le molesta que existan medios con línea editorial; le molesta no poder controlarlos. Por eso criminaliza un blog personal mientras normaliza el trasvase de fondos públicos hacia plataformas que operan como auténticos aparatos de propaganda y han sido condenados en firme por difundir bulos.