Las Torres de Cotillas ha cerrado este domingo la puerta a la instalación de una planta de producción de biometano y biofertilizantes en su término municipal. Lo ha hecho a través de una consulta popular cuyo resultado deja poco margen a la interpretación: el rechazo ha sido abrumador y la participación ha superado el umbral mínimo exigido para que el pronunciamiento ciudadano tenga carácter vinculante.
Según los datos oficiales, a las urnas acudió el 37,38 % del censo, por encima del 35 % fijado por el propio Ayuntamiento de las Torres de Cotillas como requisito de validez. En total se emitieron 7.255 votos, de los que 6.996 fueron contrarios al proyecto. Solo 238 personas se mostraron a favor, mientras que se contabilizaron 10 votos en blanco y 11 nulos.
La decisión fue recibida en la calle con aplausos, cánticos y gritos de celebración. Decenas de vecinos se concentraron de forma espontánea tras conocerse el resultado, coreando consignas y expresando su satisfacción por una votación que consideran “una victoria de la ciudadanía”.
El portavoz del PSOE en el municipio, Francisco Jesús López Manzanera, subrayó la contundencia del resultado al señalar que “en torno al 97 % de los votos son noes, frente a apenas un 3 % de síes”. Unos datos que ya han sido confirmados por el Consistorio y cuya validez ha estado supervisada por una comisión de seguimiento de la Universidad de Murcia.
El alcalde de Las Torres de Cotillas, Pedro José Noguera, del PP, ha dado por cerrada la cuestión y ha reiterado su compromiso de respetar el resultado. En declaraciones públicas, defendió que la ciudadanía “ha expresado su opinión libremente, de la única forma legal posible”, y aseguró que el Ayuntamiento iniciará los trámites necesarios para impedir la implantación de la planta.
Noguera también valoró positivamente la participación, pese a los problemas detectados en el censo, como la desaparición de calles o familias que no figuraban para votar. Aun así, dejó una reflexión crítica: a su juicio, la consulta ha supuesto un gasto de tiempo y recursos para confirmar un rechazo social que ya era ampliamente conocido antes de convocarse.
La plataforma Stop Biogás, uno de los principales actores de la oposición vecinal al proyecto, celebró igualmente el resultado. Su presidente, José Hernández Pedrero, denunció deficiencias en la organización del proceso y habló abiertamente de obstáculos para dificultar que se alcanzara el mínimo de participación. Entre los problemas señalados citó la reducción del número de mesas electorales y la escasa difusión institucional de la consulta. Con todo, destacó que el umbral se superó y defendió que, sin esos contratiempos y con mejores condiciones meteorológicas, la participación podría haber sido sensiblemente mayor.
Piden una consulta autonómica
También Podemos se sumó a la lectura política del resultado. La formación celebró el rechazo a la planta y reclamó al presidente regional, Fernando López Miras, la convocatoria de un referéndum a escala autonómica sobre este tipo de instalaciones. Su portavoz, Víctor Egío, sostuvo que la población de todos los municipios afectados debería poder decidir sobre proyectos que inciden directamente en su calidad de vida y defendió que la jornada de Las Torres de Cotillas es un ejemplo de lo que ocurre “cuando se deja participar y se da voz a la gente”.
Desde primera hora de la mañana, el clima en los colegios electorales apuntaba ya hacia ese desenlace. En centros como el CEIP Cervantes, a escasos metros del Ayuntamiento, vecinos de distintas edades coincidían en una consigna clara: marcar el “no” a la pregunta planteada en la papeleta sobre la instalación de una planta de biometano y biofertilizantes a partir de residuos orgánicos en el municipio.
Enagás pretendía tratar 150.000 toneladas anuales de residuos
El mensaje final ha sido nítido. Las Torres de Cotillas ha hablado y lo ha hecho de forma vinculante, dejando claro que no quiere este proyecto en su territorio. En un contexto regional marcado por la proliferación de iniciativas similares y por la contestación social que generan, el resultado abre un debate más amplio sobre el modelo de gestión de residuos, la planificación energética y, sobre todo, el papel de la ciudadanía en decisiones que afectan de lleno a su entorno y a su salud.
La empresa promotora de la planta de biometano en Las Torres de Cotillas es Enagás Renovable, la filial especializada en gases renovables de la multinacional española Enagás. La compañía había anunciado una inversión de más de 36 millones de euros para construir la planta, que estaría diseñada para tratar residuos orgánicos y producir biometano y biofertilizantes a partir de ellos. Su objetivo era tratar unas 150.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, principalmente estiércoles y subproductos ganaderos procedentes de explotaciones situadas en los alrededores del municipio.
Un mecanismo legal poco habitual pero legítimo
La consulta de este domingo no ha surgido de forma espontánea. Fue una iniciativa aprobada por el pleno municipal el 30 de enero de 2025, cuando el Ayuntamiento decidió solicitar formalmente al Gobierno de España la autorización para someter a votación ciudadana este proyecto industrial.
Esa autorización llegó el 3 de junio de 2025 del Consejo de Ministros, que avaló la celebración de la consulta tras verificar que cumplía con los requisitos del artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y de la Constitución Española, que reserva al Estado la competencia para autorizar consultas populares por vía de referéndum.
Este encaje legal sitúa la iniciativa en un marco de participación directa reconocido pero todavía infrecuente en la práctica municipal española.
¿Por qué es vinculante?
La consulta popular celebrada en Las Torres de Cotillas es vinculante por una combinación jurídica y política, no automática, que conviene explicar con precisión para evitar equívocos y lecturas simplificadas.
En primer lugar, porque cumple escrupulosamente el procedimiento previsto en el artículo 71 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Este precepto permite a los ayuntamientos someter a consulta popular aquellos asuntos de especial relevancia para la comunidad vecinal, siempre que concurran tres requisitos: que la cuestión sea de competencia municipal, que exista un acuerdo previo del Pleno aprobado por mayoría absoluta y que la convocatoria cuente con la autorización expresa del Gobierno de España.
En el caso de Las Torres de Cotillas, los tres requisitos se han cumplido. El proyecto de la planta de biometano afecta de lleno al uso del suelo, al planeamiento urbanístico y al modelo de desarrollo local, ámbitos que forman parte de las competencias municipales. El Pleno del Ayuntamiento aprobó formalmente la solicitud de consulta y, posteriormente, el Consejo de Ministros autorizó su celebración, otorgando al proceso plena cobertura legal.
En segundo lugar, porque el Ayuntamiento asumió de manera expresa el compromiso de acatar el resultado. Este es el matiz decisivo. La ley no establece de forma automática que todas las consultas amparadas por el artículo 71 tengan carácter vinculante en sentido estricto. Lo que convierte esta consulta en vinculante es que el propio consistorio, por decisión política previa y pública, se comprometió a que el resultado fuera determinante. El Ayuntamiento dejó claro que no continuaría la tramitación del proyecto si se imponía el “no” y que lo facilitaría en caso de victoria del “sí”. El carácter vinculante, por tanto, no nace solo de la norma, sino del compromiso institucional previo, reforzado por la autorización estatal.
Y, en tercer lugar, porque no se trata de una consulta simbólica ni de un proceso participativo informal. En España abundan las encuestas ciudadanas, los procesos de participación sin efectos jurídicos o las votaciones locales celebradas sin autorización del Gobierno central. En todos esos casos, el resultado carece de efectos obligatorios para la administración.
En Las Torres de Cotillas sucede lo contrario: Esa combinación es la que hace que el resultado de la consulta condicione de forma directa la actuación municipal y sitúe este proceso como una excepción relevante dentro del panorama de la democracia local en España.