El grupo Ribera Salud ha consolidado en los últimos años una presencia sanitaria sin precedentes en la Región de Murcia, hasta el punto de convertirse en el operador privado con más centros asistenciales del territorio. Su implantación se aceleró tras la compra, en 2022, del antiguo grupo Virgen de la Caridad de Cartagena.
Hoy, Ribera controla en la Región cuatro hospitales privados: el Ribera Hospital de Molina, el Hospital Ribera Virgen de la Caridad en Cartagena, el Hospital Ribera Caravaca y el Hospital Perpetuo Socorro, también situado en Cartagena. A ellos se suma una amplia red de centros médicos y policlínicas que operan bajo distintas marcas, especialmente la antigua CMV Caridad, presente en localidades como Molina de Segura, Murcia, Lorca, Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, Águilas, Alhama o Archena, entre otras.
Esta expansión no es solo empresarial: tiene una directa traducción en su peso dentro de la sanidad murciana. Los centros privado-concertados, entre ellos los del grupo Ribera, representan ya un tercio de la capacidad hospitalaria de la Región, una proporción que sitúa al sistema sanitario murciano entre los más dependientes de la privada de toda España. Esa misma investigación revelaba que uno de sus hospitales, el de Molina de Segura, recibió 15,1 millones de euros del Servicio Murciano de Salud en 2024 por derivaciones y actividad concertada.
La presencia territorial de Ribera le da capacidad para absorber una parte significativa de las derivaciones del sistema público, en un contexto de listas de espera históricas y creciente externalización de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas.
Colectivos profesionales y organizaciones en defensa de la sanidad pública alertan de que esta concentración de recursos asistenciales en manos de un único grupo privado incrementa los riesgos de dependencia estructural del SMS y plantea interrogantes sobre la transparencia, los criterios de adjudicación y el control público del gasto sanitario.
Podemos: ruptura inmediata de los conciertos con Ribera Salud
Podemos ha elevado el tono político tras la difusión de los audios atribuidos a Pablo Gallart, hasta ahora consejero delegado de Ribera Salud en España. La diputada autonómica María Marín ha calificado las grabaciones de “una vergüenza”, porque, en su opinión, confirman que “la sanidad privada antepone el puro beneficio económico a la salud y la vida de las personas”. La formación morada exige al presidente Fernando López Miras una respuesta “contundente y sin matices”.
Además, la formación ha registrado en la Asamblea Regional una solicitud formal de información para que el Gobierno autonómico detalle cuánto dinero público ha recibido Ribera Salud y a cambio de qué servicios. Marín asegura que existen “fundadas sospechas” de que en la Región de Murcia pueda estar produciéndose un patrón similar al que revelan los audios: derivar a los centros privados las intervenciones más sencillas y baratas, mientras que la sanidad pública asume la atención compleja y costosa, lo que dispara la rentabilidad del grupo que en 2023 facturó 808 millones de euros.
«Sin incidencias»
Frente a las exigencias de la formación morada para romper todos los conciertos sanitarios con el grupo Ribera, el Gobierno de la Región de Murcia ha optado por un tono de contención.
La Consejería de Salud asegura que, a día de hoy, “no hay ninguna incidencia” en los convenios vigentes con la multinacional, y que el funcionamiento del sistema de derivaciones se mantiene dentro de los parámetros habituales.
El Ejecutivo de López Miras evita hablar de rescisión y subraya que los conciertos con la privada forman parte de la estructura asistencial de la Región desde hace años. Sobre la cuestión clave -cuánto dinero recibe exactamente Ribera Salud y bajo qué criterios- el Gobierno regional no ha ofrecido todavía un desglose público, limitándose a afirmar que el sistema funciona “con normalidad” y sin irregularidades conocidas.
Cirugía estética sin licencia en el Virgen de la Caridad
Sin embargo, el Hospital Virgen de la Caridad ha estado realizando intervenciones de cirugía estética sin disponer de la autorización U-47 exigida por la normativa, una situación que se prolongó incluso después de la muerte de Sara Gómez en diciembre de 2021 tras someterse a una lipoescultura a manos de un cirujano sin la formación requerida. De hecho, el citado centro hospitalario no obtuvo la licencia hasta el pasado 25 de agosto por parte de la Consejería de Salud.
Tribunal de Cuentas: derivaciones irregulares y falta de control
El último informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas pone en cuestión el funcionamiento de los conciertos sanitarios en la Región de Murcia. El organismo concluye que los dos grandes hospitales públicos del área de salud Murcia-Oeste recurrieron en 2022 a la sanidad privada sin realizar el preceptivo análisis previo que exige la ley para justificar la insuficiencia de medios propios.
Esa ausencia de estudio técnico previo convierte las derivaciones en irregulares, según el Tribunal, que cifra en 30,7 millones de euros el gasto total en “medios ajenos” en esa área, de los cuales 23 millones se adjudicaron sin seguir el procedimiento adecuado.
El órgano fiscalizador advierte de que estas prácticas vulneran los principios de eficiencia y transparencia en la gestión del dinero público, y que impiden garantizar que la externalización responde a criterios asistenciales y no a decisiones administrativas o convenios opacos.
El Tribunal de Cuentas subraya, además, que la Región de Murcia carece de una regulación específica de la asistencia concertada y reclama mecanismos claros de evaluación, planificación y rendición de cuentas para evitar que se consolide un modelo de derivación sistemática hacia la sanidad privada al margen de los controles exigidos.
La voz de la sanidad pública
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (ADSP-RM) mantiene un diagnóstico demoledor sobre el estado del sistema sanitario regional.
En su último análisis, la organización calificó los presupuestos de Salud para 2025 como una “farsa contable” y denunció que los 2.480 millones anunciados por el Gobierno regional están muy por debajo de las necesidades reales, que podrían superar los 4.000 millones.
La entidad sostiene que esta infrafinanciación crónica está siendo aprovechada para ensanchar el espacio de la sanidad privada, cuyo peso no deja de crecer: los conciertos con empresas privadas -incluido el grupo Ribera- han aumentado un 7 % y ya absorben cerca de 100 millones de euros anuales.
La ADSP-RM alerta de que esta deriva no responde a criterios asistenciales, sino a una estrategia deliberada de externalización que ha dejado a la Atención Primaria debilitada, a la salud mental desbordada y a miles de pacientes atrapados en listas de espera históricas. La asociación exigió revertir esta tendencia, reforzar los recursos públicos y limitar los conciertos a situaciones excepcionales “con criterios de necesidad, transparencia y evaluación pública”, advirtiendo de que la sanidad murciana vive una crisis “estructural, no coyuntural”, marcada por la opacidad, la desigualdad de acceso y una dependencia creciente de intereses privados.
El negocio de la sanidad privada
Las revelaciones publicadas por El País han colocado al Grupo Ribera en el centro de una de las mayores polémicas recientes sobre la gestión privada de hospitales públicos. Según la investigación del diario, la dirección del Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por esta compañía, ordenó de forma interna “alargar las listas de espera” y “rechazar pacientes” cuya atención resultara menos rentable para la concesionaria.
En una reunión celebrada el 25 de septiembre de 2025, el consejero delegado de Ribera, Pablo Gallart, instó a los responsables del centro a ser “creativos para identificar procesos no contributivos” y ajustar la actividad a la rentabilidad económica del hospital.
La investigación periodística desvela, además, que varios directivos del hospital alertaron a través del canal ético de la compañía de prácticas como la reutilización de material sanitario de un solo uso -entre ellos determinados catéteres- con el objetivo de reducir costes. Cuatro de esos directivos fueron despedidos posteriormente, según ha confirmado El País a partir de documentación interna y testimonios de los afectados.