La macroplanta de biogás proyectada en el polígono industrial de Los Camachos, tratará más de 65.000 toneladas de residuos al año, ha abierto uno de los debates territoriales más relevantes de los últimos años en Cartagena. Frente al discurso institucional que la presenta como parte de la transición energética, una amplia plataforma ciudadana alerta de que su ubicación supone un grave error estratégico, ambiental y urbanístico que compromete el futuro logístico, económico y social del municipio.
La Plataforma Ciudadana Stop Biogás Los Camachos–Cartagena–Mar Menor ha hecho público un posicionamiento detallado en el que expone, con base técnica, jurídica y ambiental, siete razones por las que considera que este proyecto no debe autorizarse. No se trata, subrayan, de un rechazo ideológico a la transición energética, sino de una oposición fundada a la ubicación concreta de una infraestructura de alto impacto en un enclave estratégico para el futuro económico del municipio.
El proyecto está promovido por la empresa Heygaz, una sociedad vinculada al desarrollo de infraestructuras energéticas basadas en biogás y biometano. Se trata de la misma empresa que promueve la polémica planta de biogás de Molina de Segura, a pocos metros de viviendas, empresas y colegios.
Un territorio saturado de carga ambiental
La primera tesis parte de un dato inquietante: la Región de Murcia concentra una planificación masiva de macroplantas de biogás, con previsiones de hasta 40 instalaciones. En el Campo de Cartagena ya hay proyectadas varias, lo que, a juicio de la plataforma, dibuja un “cinturón de residuos” que convierte de nuevo a la comarca en un territorio de sacrificio ambiental. Una carga que se suma a décadas de refinerías, plantas químicas, vertederos e industrias energéticas, sin un retorno proporcional en empleo cualificado o valor añadido
Riesgos acreditados para la salud pública
El documento dedica un amplio apartado a los riesgos sanitarios asociados a este tipo de instalaciones. Las macroplantas de biogás generan emisiones de metano, sulfuro de hidrógeno, amoníaco y compuestos orgánicos volátiles, algunos de ellos con efectos tóxicos incluso a bajas concentraciones. A ello se añade la posible emisión de bioaerosoles con bacterias y virus procedentes del tratamiento de residuos orgánicos. Todo ello en un entorno ya castigado por la contaminación histórica y muy próximo a viviendas, centros educativos y zonas industriales activas
La plataforma recuerda, además, que en Europa se han registrado decenas de incidentes graves en plantas de biogás en la última década, incluidos incendios y explosiones, lo que convierte este tipo de instalaciones en industrias de riesgo.
Olores, tráfico pesado y deterioro de la vida cotidiana
Más allá de los aspectos técnicos, el impacto social ocupa un lugar central en el posicionamiento. Los olores persistentes derivados de la fermentación de residuos, el tránsito diario de entre 40 y 80 camiones cargados de purines, lodos o restos animales y la degradación del paisaje afectarían directamente a numerosos barrios y pedanías de Cartagena y La Unión. Según las alegaciones recopiladas, el radio de afección alcanzaría incluso al hospital de Santa Lucía y a varios centros educativos
Una amenaza directa para el Mar Menor
La ubicación prevista se encuentra en la cuenca vertiente del Mar Menor, conectada a través de la Rambla de Miranda. Cualquier vertido accidental, fuga o lixiviado podría acabar en la laguna, un ecosistema extremadamente frágil y protegido por la Ley 19/2022, que reconoce su personalidad jurídica. La plataforma apela aquí al principio de precaución: el riesgo, aunque sea remoto, resulta inasumible
Incompatibilidad urbanística y opacidad administrativa
Uno de los argumentos más contundentes es el urbanístico. El suelo donde se pretende ubicar la macroplanta está clasificado como urbanizable sin sectorizar y forma parte del ámbito de la futura Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Los Camachos. La normativa regional impide en ese suelo actividades permanentes de tratamiento de residuos y la revisión del Plan General mantiene, además, la suspensión de licencias. A ello se suma la denuncia de una cesión de terrenos públicos a la empresa promotora mediante un procedimiento “opaco”, del que no se ha facilitado documentación pese a haber sido solicitada formalmente
Un freno al empleo y a la inversión estratégica
Lejos de generar un polo de desarrollo, la plataforma sostiene que la macroplanta ahuyentaría inversiones logísticas y tecnológicas, dañando la reputación del área y comprometiendo la creación de empleo estable y cualificado. La ZAL está concebida como un motor económico ligado al puerto y al ferrocarril; convertirla en un espacio de tratamiento de residuos supondría, a su juicio, un error estratégico de largo alcance
Empresarios del polígono de Los Camachos también la rechazan
Las empresas instaladas en el Polígono Industrial de Los Camachos han manifestado su alarma y oposición al proyecto, que consideran una amenaza para la salud, la seguridad y la economía local. Denuncian que la planta planificada a apenas 350 metros de sus naves -con capacidad para tratar 65.000 toneladas de residuos orgánicos al año- generaría olores intensos, contaminación del aire y riscos de explosión, además del constante tránsito de camiones cargados con residuos que perturbaría la actividad productiva del sector.
No solo los empresarios de Los Camachos han mostrado su oposición; también la Asociación Empresarial de Cabezo Beaza ha expresado su apoyo a las reivindicaciones contra la planta, sumándose al rechazo con argumentos similares sobre la idoneidad del polígono para este tipo de instalaciones y defendiendo ubicaciones como el Valle de Escombreras si finalmente se proyectan infraestructuras vinculadas a la gestión de residuos.
Postura crítica de la Cámara de Comercio de Cartagena
El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Javier Gómez-Vizcaíno, ha reiterado su postura crítica contra la planta. En declaraciones públicas ha señalado que este tipo de instalaciones podrían convertir a Cartagena en “el vertedero de la Región”, reducir el valor de las propiedades y dificultar la atracción de inversiones. Gómez-Vizcaíno ha puesto énfasis en que la vocación del polígono debe ser logística y de empleo cualificado, en lugar de albergar plantas con posibles efectos negativos para la salud y el entorno.
La responsabilidad, en manos de la CARM y del Ayuntamiento
El documento concluye recordando que la decisión final corresponde a la Comunidad Autónoma, a través de la Autorización Ambiental Integrada, y al Ayuntamiento de Cartagena, en materia de compatibilidad urbanística y licencias. El Ministerio para la Transición Ecológica no tiene competencias directas en este caso. Por ello, la plataforma exige responsabilidad política, transparencia y la suspensión definitiva del proyecto.
Cartagena, concluyen, tiene ante sí la oportunidad de decidir qué modelo de ciudad quiere ser. La instalación de una macroplanta de biogás en Los Camachos, advierten, podría condicionar ese futuro durante generaciones.
El fondo de inversión detrás de Heygaz
RRNEWS ha venido publicando que Heygaz no actúa como una empresa independiente de ámbito local, sino que forma parte de una estructura empresarial vinculada a fondos de inversión especializados en infraestructuras energéticas. En distintas informaciones, este medio ha situado a la compañía dentro de la plataforma Heygaz Biomethane, respaldada por el fondo europeo InfraVia Capital Partners, con sede en Francia y presencia en varios países de la Unión Europea.
En la estructura de coinversión de InfraVia aparece también el fondo Daudí, un vehículo financiero de capital internacional que participa en operaciones de infraestructuras y energía. Esta arquitectura societaria y financiera sitúa los proyectos de biogás impulsados por Heygaz dentro de una estrategia de inversión a gran escala, orientada a la expansión de activos y a la rentabilidad económica, y no como iniciativas de proximidad ligadas exclusivamente a la economía circular local.