Fernando López Miras no gobierna. Administra inercias, traslada culpas y se esconde tras un Parlamento regional convertido en altavoz del conflicto con Madrid. Los datos oficiales del propio Gobierno autonómico, recogidos en el informe de cumplimiento de mociones del segundo año de legislatura, son demoledores: la mitad de las iniciativas aprobadas por la Asamblea Regional no van dirigidas al Ejecutivo murciano, sino al Gobierno de España. Una de cada dos mociones aprobadas en la Asamblea Regional apela a Pedro Sánchez. No es una casualidad. Es una estrategia. Y es, sobre todo, una confesión de incapacidad.
De las 148 mociones aprobadas entre septiembre de 2024 y julio de 2025, en 78 casos el “cumplimiento” del Gobierno regional se limita a reenviar un papel a un ministerio. Nada más. Ni gestión, ni ejecución, ni compromiso político. López Miras presume así de un alto grado de cumplimiento parlamentario que, en realidad, encubre una absoluta falta de gobierno por no hablar de incompetencia, que también.
El Partido Popular ha llevado esta práctica hasta el extremo. El 81% de sus iniciativas en la Asamblea Regional tienen como destinatario al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Cuatro de cada cinco propuestas sirven para mirar hacia fuera y evitar rendir cuentas dentro. El mensaje implícito es claro: los problemas de la Región nunca son responsabilidad del presidente regional. Siempre hay otro culpable, siempre hay otro despacho al que señalar.
Mientras tanto, la Región de Murcia sigue acumulando déficits estructurales sin resolver: infraestructuras eternamente prometidas, un sistema sanitario tensionado, desigualdades sociales cronificadas, una planificación territorial errática y una ausencia total de proyecto de futuro. Nada de eso se arregla enviando mociones a Madrid. Nada de eso se soluciona con propaganda parlamentaria.
La ruptura del pacto PP-Vox permitió que se aprobaran más iniciativas dirigidas al Gobierno autonómico. Y ahí se ha visto con claridad el vacío. Cuando una moción exige algo más que un gesto -desarrollo normativo, presupuesto, liderazgo-, la respuesta del Ejecutivo es casi siempre la misma: excusas, informes defensivos o la derivación de la responsabilidad a ayuntamientos u otras administraciones. Gobernar implica decidir; López Miras se limita a justificar por qué no decide.
El caso del Hospital Santa Lucía de Cartagena es especialmente grave y simbólico. La Asamblea aprobó una moción para evaluar la peligrosidad de los materiales de la fachada y prever su sustitución si fuera necesario. La respuesta de la Consejería de Salud, redactada antes del incendio del 26 de noviembre, reconoce sin ambages que la fachada original incluía poliuretano y panel composite de aluminio, materiales con un comportamiento peligroso frente al fuego. El Ejecutivo admite y conoce el riesgo, pero se escuda en que cumplían la normativa vigente cuando se instalaron. Legal, sí. Seguro, no.
Ese informe fue aprobado por el Consejo de Gobierno un día después del terrible incendio. Un día. La coincidencia no es menor: ilustra una forma de gobernar basada en el expediente, no en la prevención; en el “cumple la norma”, no en la protección real de las personas. López Miras no anticipa, no corrige, no asume responsabilidades. Llega siempre tarde y se refugia en la legalidad como coartada política.
Un Parlamento regional no está para servir de parapeto al Gobierno, ni para canalizar la impotencia del Ejecutivo autonómico hacia el Estado. Está para controlar, exigir y mejorar la acción de quien gobierna la Región. Hoy, la Asamblea Regional es en demasiadas ocasiones un escenario de ruido estéril, y el Gobierno de López Miras su principal beneficiario: cuanto más se mira a Madrid, menos se mira a San Esteban.
79.500 euros al año por culpar a Pedro Sánchez
Fernando López Miras percibe un salario anual bruto de unos 79.500 euros, mientras que cada uno de los nueve consejeros cobra alrededor de 70.400 euros brutos al año. En conjunto, el Consejo de Gobierno supone un desembolso aproximado de 713.500 euros anuales, sin contar dietas, gastos de representación ni el coste del personal eventual adscrito a cada consejería y a Presidencia, que eleva de forma notable la factura final. Una cifra relevante para un Gobierno regional que ha hecho de culpar al Gobierno de España su principal política pública.
El problema no es el sueldo, sino el uso político que se hace del poder. Mientras se paga un Ejecutivo para gobernar la Región, para solucionar los problemas de la gente, para sacar a la Región del pozo de pobreza en el que está metida, este actúa como si su principal cometido fuera explicar por qué no puede hacerlo. Se aprovecha, además, de una realidad incómoda: gran parte de la ciudadanía no distingue entre competencias autonómicas y estatales, lo que permite al Gobierno regional trasladar responsabilidades, diluir culpas y mantener intacto el relato del agravio permanente.
Así, el coste del Consejo de Gobierno no se mide solo en euros, sino en oportunidades perdidas. En una Región con déficits estructurales evidentes, con problemas enquistados en sanidad, infraestructuras o cohesión social, el dinero público sostiene un Ejecutivo más centrado en la confrontación política que en la gestión eficaz.
La incapacidad del presidente regional ya no es una cuestión de opinión, sino de hechos. Un Gobierno que presume de cumplir porque no hace nada, un Parlamento que aprueba mociones sabiendo que no se ejecutarán y una Región que sigue esperando soluciones reales. No es falta de competencias. Es falta de liderazgo. Y la Región de Murcia lleva demasiado tiempo pagando el precio.