Un amplio frente ciudadano y ecologista ha presentado alegaciones conjuntas contra el proyecto del denominado nuevo emisario de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Mar Menor Sur, promovido por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Las organizaciones firmantes -ANSE, Ecologistas en Acción, Pacto por el Mar Menor, la Asociación de Vecinos Covaticas-La Jordana, la Asociación de Vecinos de Cabo de Palos y Procabo- consideran que la actuación planteada es insuficiente, ambientalmente arriesgada y alejada de una solución real al problema de los vertidos en este tramo del litoral
Tras un análisis técnico detallado del proyecto y de su Estudio de Impacto Ambiental, los colectivos concluyen que la infraestructura presentada como un “nuevo emisario” no es tal. A su juicio, se trata de una reparación de mínimos del aliviadero existente, una intervención limitada que perpetúa un modelo de actuación basado en roturas, arreglos parciales y vertidos recurrentes al mar, en un entorno de altísimo valor ecológico.
Las asociaciones reconocen la necesidad de contar con un aliviadero de emergencia para la EDAR Mar Menor Sur, una instalación cuya competencia se reparte entre el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma. Sin embargo, recuerdan que el objetivo original de la depuradora era la reutilización de las aguas tratadas para regadío, no su vertido al Mediterráneo. En la práctica, denuncian, se están produciendo vertidos continuados de aguas insuficientemente depuradas, una situación que consideran frontalmente incompatible con los objetivos de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina.
El riesgo no se limita al punto de vertido. Las alegaciones advierten de los posibles procesos de eutrofización y de la afección indirecta a espacios protegidos cercanos, como el litoral de Calblanque, la Reserva Marina de Cabo de Palos–Islas Hormigas o el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Montes Submarinos del Seco de Palos. Se trata de áreas de elevada sensibilidad ambiental que, según los colectivos, no han sido evaluadas con el rigor necesario.
Uno de los aspectos más criticados es la debilidad del Estudio de Impacto Ambiental. El documento, según las alegaciones, carece de una caracterización adecuada tanto de la carga química del efluente como de la masa de agua receptora. También se señala la ausencia de datos actualizados sobre hábitats sensibles, como las praderas de Posidonia oceanica o los fondos marinos, así como la infravaloración de los impactos sobre la pesca artesanal local. Además, los firmantes denuncian que el proyecto ignora información científica relevante y programas oficiales de seguimiento ambiental ya existentes.
Otro de los puntos clave es el cambio climático. Las asociaciones alertan de que el proyecto no incorpora de forma efectiva el aumento de temporales extremos ya constatado en la zona, lo que pone en entredicho la durabilidad y seguridad de la infraestructura propuesta. En este contexto, reclaman un refuerzo estructural real del tramo más vulnerable del emisario y la implantación de un sistema de control y monitorización continua del efluente, que permita detectar y corregir impactos antes de que se agraven.
Más allá de la obra concreta, las alegaciones cuestionan el enfoque global del proyecto. A juicio de los colectivos, la evaluación ambiental no aborda el problema desde una perspectiva territorial e integrada. Se obvia el origen de las aguas residuales, la deficiente red de saneamiento existente y la falta de una reutilización efectiva del agua depurada. Una omisión que resulta especialmente llamativa, recuerdan, cuando el Avance de las Directrices y del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor identifica precisamente estas cuestiones como estratégicas.
Las asociaciones consideran urgente reparar la rotura actual del emisario y eliminar el vertido directo en la orilla de Cala Reona. Pero advierten de que esa actuación, por sí sola, no resuelve el problema de fondo. Insisten en que no puede presentarse como una solución definitiva y reclaman que vaya acompañada de medidas estructurales que aborden de forma rigurosa e integral la situación de la EDAR Mar Menor Sur, la gestión completa del ciclo del agua y la eliminación progresiva de los vertidos al medio marino.
El mensaje final es claro: mientras el emisario siga funcionando como una salida permanente del sistema, y no como un recurso excepcional de emergencia, el riesgo ambiental persistirá. Y con él, la amenaza sobre uno de los enclaves marinos más valiosos del sureste español.