El propio Gobierno regional ha admitido que el Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena carecía de autorización para practicar cirugía estética cuando, en diciembre de 2021, se realizó la lipoescultura que acabó con la vida de Sara Gómez. A ese reconocimiento se suma ahora un segundo caso que agrava el alcance del problema: el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta, donde una mujer ha sido presuntamente violada durante una cirugía estética de aumento de pecho, tampoco figura con la licencia sanitaria específica exigida para este tipo de intervenciones. Así lo denuncia Podemos.
Según consta en el Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, el hospital IMED donde se produjeron los hechos no dispondría de la autorización sanitaria U-47, imprescindible para realizar cirugías estéticas. Y la pregunta es demoledora: ¿cómo es posible que se estén realizando este tipo de intervenciones en un centro sin la licencia correspondiente? ¿Quién inspecciona, quién autoriza y quién asume responsabilidades?
Fuentes sanitarias y profesionales del sector advierten desde hace tiempo de una realidad cada vez más extendida: quirófanos que se alquilan por horas, equipos médicos externos que rotan entre centros y una actividad estética impulsada más por el negocio que por criterios clínicos. Un modelo que puede funcionar en términos mercantiles, pero que exige una vigilancia administrativa extrema para evitar abusos y situaciones de riesgo.
El consejero de Salud, Juan José Pedreño, reconoció públicamente que el Hospital Virgen de la Caridad solo disponía de la autorización U-46, destinada a cirugía plástica y reparadora, y que la autorización específica para cirugía estética, la U-47, no se concedió hasta agosto de 2025, casi cuatro años después del fallecimiento de la joven de Alcantarilla. El Gobierno regional sostiene que la U-46 era suficiente para amparar este tipo de intervenciones, pero ese argumento no se ajusta a la normativa sanitaria vigente.
Una intervención estética sin habilitación legal
La diferencia entre las autorizaciones sanitarias U-46 y U-47 es clave para entender qué podía y qué no podía hacer el Hospital Virgen de la Caridad en el momento en que practicó la intervención a Sara Gómez.
La U-46 autoriza a un centro sanitario a realizar cirugía plástica y reparadora, es decir, intervenciones con finalidad terapéutica orientadas a corregir daños, secuelas o malformaciones. Bajo esta licencia pueden realizarse, por ejemplo, reparaciones tras accidentes, cirugías de reconstrucción mamaria tras un cáncer, tratamientos de quemaduras, corrección de malformaciones congénitas o reparación de lesiones traumáticas. Su propósito es restaurar función o estructura, no modificar la apariencia por motivos estéticos.
En cambio, la U-47 es la autorización específica para cirugía estética, destinada exclusivamente a mejorar o modificar la apariencia física sin finalidad reparadora. Esta licencia permite intervenciones como lipoesculturas, liposucciones, abdominoplastias, rinoplastias estéticas, aumentos o reducciones de pecho con fines estéticos, lifting facial o remodelaciones corporales.
La distinción es nítida en la normativa: toda cirugía cuyo objetivo es estético requiere la U-47, mientras que la U-46 se limita al ámbito reconstructivo. Por ello, una lipoescultura, que es una intervención puramente estética, no puede realizarse legalmente con una U-46, la única autorización que tenía el Hospital Virgen de la Caridad cuando Sara Gómez fue operada.
Una lipoescultura solo puede realizarse en un centro autorizado con U-47, por lo que el Virgen de la Caridad no podía legalmente practicar este procedimiento en 2021. Aun así, la intervención se llevó a cabo y acabó con la paciente en la UCI con casi treinta perforaciones internas, falleciendo un mes después.
La investigación judicial determinó además que el cirujano no tenía la formación requerida y que el anestesista no tenía la compatibilidad necesaria para trabajar en el centro. Ambos están procesados por homicidio imprudente.
Años operando sin licencia y una Consejería que no actuó
El reconocimiento del consejero llega tras varias iniciativas parlamentarias que han destapado que el Virgen de la Caridad, propiedad del Grupo Ribera desde 2022, continuó realizando intervenciones estéticas sin licencia en 2022, 2023 y 2024. Podemos denunció que al menos tres mujeres –Ainhoa, Yngrid y Olga– fueron operadas en 2024 en ese mismo centro y sufrieron secuelas graves.
La Consejería de Salud no concedió la autorización U-47 hasta agosto de 2025, un retraso de casi cuatro años que se ha convertido en el epicentro de las críticas. A día de hoy, el Gobierno regional continúa sin esclarecer cuestiones esenciales: ¿Por qué no lo detectó la inspección sanitaria? ¿Por qué se permitió operar sin licencia durante años? ¿Cuándo se tuvo conocimiento interno de la irregularidad?
Podemos exige dimisiones, ruptura de conciertos y explicaciones públicas
La formación morada considera que lo ocurrido constituye “un escándalo mayúsculo” y reclama la dimisión inmediata del consejero de Salud, Juan José Pedreño, por haber «permitido que un hospital opere sin licencia, ha ocultado información durante años y ha actuado más como defensor del centro que como garante de la seguridad de los pacientes”.
La familia denuncia a la cúpula de la Consejería
La familia de Sara Gómez ha presentado una denuncia contra los responsables de la Consejería de Salud, convencida de que la muerte de la joven fue consecuencia no solo de una mala praxis, sino también de una falla sistémica en los controles y autorizaciones que debía ejercer la Administración. Acusan a esas autoridades de omisión del deber, prevaricación, delito contra la salud pública, cooperación necesaria o encubrimiento.
Para la familia, la responsabilidad no se limita a los profesionales que intervinieron -cirujano, anestesista-, sino que alcanza a quienes debían supervisar y regular la actividad: “su omisión, permisividad e inacción prolongada durante años ha puesto en riesgo la vida y la salud de muchísimas personas”.
Denuncian que no solo hubo negligencia médica: el problema es estructural. Consideran que la concesión de la licencia tras su denuncia, en lugar de sancionar al hospital o a sus gestores, demuestra un trato de favor de la administración hacia el centro.
Un caso que cuestiona el modelo de supervisión en la sanidad privada
La admisión del consejero, unida a la tardía concesión de la licencia U-47, deja abierto un interrogante central:
¿Quién controla realmente a los centros privados en la Región de Murcia?
El caso de Sara Gómez no solo apunta a responsabilidades individuales, sino a un modelo que permite que una clínica opere años sin la autorización legal adecuada, sin que la inspección sanitaria lo detecte, lo impida o lo sancione.