La reciente COP30 celebrada el pasado mes de noviembre en Belém (Brasil) ilustra con crudeza los límites de la gobernanza climática global cuando se ve atravesada por dinámicas geopolíticas profundas. Aun cuando se trataba de una de las cumbres más esperadas, celebrada en el corazón de la Amazonía, con 194 países invitados y en medio de una reconfiguración internacional marcada por rivalidades globales y por una acelerada transición energética, los resultados finales revelan más sombras que luces.
La elección de Belém como sede buscaba subrayar la centralidad ecológica del bosque tropical en la crisis climática y ofrecer mayor visibilidad a los pueblos indígenas y a las comunidades vulnerables. Sin embargo, la sombra del interés geoeconómico terminó imponiéndose, y los actores con poder real -países productores de energía fósil, grandes potencias con dependencia energética, y coaliciones geopolíticas fragmentadas- impusieron sus lógicas, y muchos de los compromisos ambiciosos discutidos en la “zona verde” fueron eliminados o suavizados en la “zona azul” de las negociaciones.
En efecto, como advierte Gonzalo Diéguez (director ejecutivo del «think tank» Center for Advocacy and Global Growth – CAGG), la COP30 puso en evidencia que las tensiones geopolíticas configuran hoy un obstáculo estructural para cualquier avance climático significativo. Las referencias explícitas a la reducción drástica del uso de combustibles fósiles, esencial si se aspira a contener el calentamiento global, fueron “directamente suprimidas” del texto final. La ausencia del Gobierno federal de Estados Unidos, y su descrédito del cambio climático, combinada con la influencia de países petroleros, minaron la posibilidad de acuerdos contundentes.
Este retroceso normativo es especialmente grave si se considera el actual contexto global, caracterizado por la fragilidad del multilateralismo, el aumento exponencial del consumo energético (impulsado por nuevas tecnologías y la carrera por la inteligencia artificial), y la persistencia de modelos de desarrollo dependientes del capital fósil. En este escenario, la diplomacia del clima se muestra impotente, al enfrentarse la dialéctica científica y técnica, que domina los espacios de sociedad civil, con la realpolitik de Estados nacionales y bloques regionales.
Pese a ello, la COP30 no estuvo exenta de logros simbólicos y formales. La presidencia brasileña presentó una “Agenda de Acción” para movilizar no solo a los Estados, sino también a actores no estatales (empresas, sociedad civil, gobiernos subnacionales, comunidades locales) en lo que se llamó un “mutirão global” contra el cambio climático. Además, la denominada “zona verde” ofreció un espacio de deliberación más plural, donde comunidades indígenas, movimientos sociales y organizaciones de base expresaron con fuerza reclamos de justicia ambiental, denuncias contra la desinformación climática y demandas por vulnerabilidad socioambiental.
No obstante, estos avances simbólicos y participativos resultan insuficientes si no van acompañados de decisiones vinculantes, ya que sin una reducción clara del uso de fósiles, sin mecanismos de financiación sólidos para una transición justa y sin un liderazgo internacional comprometido de forma real -con Estados capaces de sacrificar parte de su crecimiento económico fósil en favor del bien común planetario-, la crisis climática seguirá escalando.
Este desfase entre retórica e intereses estructurales pone de relieve un dilema central para la agenda climática: la tensión irresoluble entre la urgencia ecológica y la lógica del poder geoeconómico. En el contexto actual de multipolaridad fragmentada, cada país o bloque mira por su seguridad energética, su desarrollo económico, su soberanía industrial. Esa “diplomacia climática” asimétrica termina por neutralizar los compromisos colectivos, transformando una cumbre tras otra en un escaparate simbólico de buenas intenciones, incapaz de afrontar la magnitud del reto.
Para Europa y, en particular, para Unión Europea y España, la COP30 ofrecía, según algunos analistas, una “ventana de oportunidad estratégica” para consolidar un liderazgo verde que trascendiera su territorio, proyectándose hacia América Latina y el Caribe. Sin embargo, esa hipótesis choca con la realidad estructural que supone el desmarque de potencias clave, las prioridades económicas de países emergentes, y la resistencia de los grandes productores de fósiles que limitan drásticamente cualquier intento de liderazgos normativos.
En este escenario, España y la UE solo podrán aspirar a un liderazgo climático creíble si, además de reforzar sus propios planes de descarbonización, acelerando el despliegue de renovables, el almacenamiento y las interconexiones energéticas, incrementan de forma clara y verificable sus aportaciones al financiamiento climático y asumen un papel más decidido en la transferencia tecnológica hacia América Latina, cuya percepción sobre la coherencia del “liderazgo verde” europeo está hoy en cuestión.
En última instancia, cabe preguntarse si la continuidad del formato de las COPs tiene sentido si no va acompañada de transformaciones profundas en el sistema internacional. La COP30 revela que sin un replanteamiento serio de las relaciones de poder, sin redistribución de recursos -materiales, financieros, tecnológicos- y sin un rediseño de los incentivos de Estado, las cumbres corren el riesgo de institucionalizar la inacción y, en vez de señalar un punto de inflexión, podrían convertirse en rituales rutinarios o escenificaciones democráticas, pero totalmente carentes de contenido real.
En conclusión, la COP30 deja un balance bastante ambiguo, ya que, por un lado, confirma que la emergencia continúa presente en la agenda global; y, por otro, evidencia que el poder real condiciona y limita fuertemente los márgenes de la acción colectiva. Si no es posible lograr la modificación de ese marco de referencia, las palabras terminarán convirtiéndose en un eco vacío, mientras que el planeta y quienes lo habitamos seguiremos pagando la factura.