Casi 90 millones de euros fuera de presupuesto en un solo año, pruebas diagnósticas de baja calidad que obligan a repetir exploraciones en la sanidad pública y un sistema de conciertos dominado por un gran grupo privado con incentivos económicos ligados a decisiones clínicas.
La sanidad concertada en la Región de Murcia se ha convertido en un agujero negro para el dinero público y en un riesgo creciente para la calidad asistencial. Un informe de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (ADSP-RM) alerta de un modelo sin control efectivo, con desviaciones presupuestarias del 96%, opacidad administrativa y deficiencias graves en pruebas médicas realizadas en centros privados que acaban pagando -y repitiendo- los hospitales públicos.
El análisis se enmarca en un contexto más amplio de creciente cuestionamiento de la privatización sanitaria. El Ministerio de Sanidad, en su Informe de Evaluación de la Sanidad Privada en el Sistema Nacional de Salud (diciembre de 2025), concluye que la gestión pública ofrece mejores resultados en salud desde una perspectiva de equidad y cobertura, especialmente en procesos complejos y en colectivos vulnerables. La literatura científica revisada advierte de que el aumento de la privatización se asocia a mayores tasas de mortalidad evitable y peores resultados clínicos, sin mejoras demostrables en eficiencia ni calidad global.
El Ministerio cita expresamente el denominado “modelo Alzira”, impulsado por Ribera Salud en la Comunidad Valenciana, como ejemplo de colaboración público-privada con peores resultados que los de hospitales públicos comparables, tanto en hospitalizaciones evitables como en mortalidad por infarto de miocardio e ictus isquémico
Murcia, entre las comunidades con mayor peso del gasto concertado
Lejos de corregir esta tendencia, la Región de Murcia se mantiene desde hace décadas entre las comunidades autónomas con mayor peso del gasto sanitario destinado a conciertos. El análisis de la serie histórica entre 2002 y 2023 sitúa a la Región de Murcia en la quinta posición nacional, solo por detrás de Cataluña, Canarias, Madrid y Baleares.
El informe subraya que la concertación no es un fenómeno marginal ni coyuntural, sino una estrategia estructural de provisión sanitaria basada en la externalización, que se mantiene y consolida a lo largo del tiempo, pese a los reiterados avisos de los órganos de control
Una desviación presupuestaria sin precedentes
El dato más alarmante llega al analizar el ejercicio 2024. Ese año, el Servicio Murciano de Salud había presupuestado 93,2 millones de euros para actividad concertada. El gasto real ascendió a 182,6 millones, lo que supone una desviación del 96%, casi 90 millones de euros por encima de lo previsto.
El sobrecoste se concentró en ámbitos asistenciales clave: hospitalización (20,4%), pruebas diagnósticas (17,7%) y cirugía de pacientes en lista de espera (10%). Para la ADSP-RM, un desfase de esta magnitud cuestiona de forma directa la planificación, la transparencia y la capacidad real de control del gasto público en la concertación sanitaria
Advertencias del Tribunal de Cuentas y bloqueo institucional
El informe recuerda que el Tribunal de Cuentas ha señalado de forma reiterada deficiencias estructurales en los procedimientos de concertación sanitaria del sector público autonómico: carencias en la planificación, insuficiencias en los mecanismos de control y seguimiento y debilidades en la justificación del gasto.
Estas advertencias fueron el detonante de la creación, en febrero de 2025, de una Comisión Especial de Investigación en la Asamblea Regional. Sin embargo, distintos grupos parlamentarios han denunciado la falta de colaboración del SMS, la tardanza o ausencia en la entrega de documentación y las dificultades para acceder a expedientes completos de contratación y derivación, lo que estaría obstaculizando el trabajo investigador de la comisión
Ribera Salud, actor dominante del modelo concertado
Dentro de este contexto, el Grupo Ribera Salud ocupa una posición claramente dominante en la sanidad concertada murciana. En 2024, los conciertos con este grupo supusieron 30,8 millones de euros, con un incremento del 24% en los dos últimos años, muy por encima del aumento global del gasto concertado en ese periodo (13%).
Ribera ha consolidado su presencia en la Región de Murcia mediante la adquisición progresiva de centros hospitalarios, configurando una red de cuatro hospitales que concentran un volumen creciente de actividad financiada con fondos públicos. Solo en 2024, estos centros realizaron para el SMS más de 50.000 pruebas diagnósticas y más de 20.000 intervenciones quirúrgicas e ingresos hospitalarios, además de asumir programas especialmente sensibles, como el cribado de cáncer de mama en el Hospital de Molina .
Pruebas diagnósticas deficientes que se repiten en la sanidad pública
Uno de los aspectos más graves del informe es la calidad de las pruebas diagnósticas concertadas. Profesionales del sistema público denuncian de forma reiterada deficiencias, especialmente en pruebas de imagen, que obligan a repetir las exploraciones cuando el paciente es atendido posteriormente en hospitales públicos.
Aunque el SMS no publica datos oficiales sobre tasas de repetición, el propio procedimiento administrativo reconoce implícitamente el problema: de forma sistemática se pregunta a los profesionales si la prueba solicitada es una repetición de otra realizada en la sanidad concertada. La ADSP-RM advierte de que esta situación incrementa el gasto público, alarga los tiempos de espera y expone innecesariamente a los pacientes a procedimientos diagnósticos adicionales, en algunos casos con doble radiación, sin que exista transparencia sobre el alcance real del problema
El Hospital de Molina y los incentivos ligados a ingresos hospitalarios
El informe dedica un análisis específico al Hospital de Molina, gestionado por Ribera Salud y que concentra el mayor gasto concertado de la Región. Este centro mantiene un convenio singular por el que atiende directamente las urgencias del Área VI (Molina, Alguazas, Lorquí, Ceutí, Las Torres de Cotillas y Archena), a cambio de un canon anual de 1,74 millones de euros.
En 2024, el hospital atendió 36.900 urgencias y registró 3.010 ingresos desde urgencias, con un coste asociado de 420.000 euros en estancias hospitalarias. A diferencia de otros dispositivos concertados, el centro tiene capacidad para decidir los ingresos hospitalarios, que se facturan aparte, lo que introduce, según la ADSP-RM, un claro conflicto de incentivos económicos.
La experiencia clínica de profesionales del Área VI, que denuncian ingresos de pacientes con baja complejidad
Profesionales del Área VI denuncian desde hace años la existencia de ingresos de pacientes con escasa complejidad clínica. Frente a ello, el SMS sostuvo en una respuesta oficial que solo el 4,26% de los ingresos analizados eran inadecuados. El informe cuestiona la robustez de estos datos y la independencia real del sistema de validación, especialmente cuando existen incentivos económicos directos y el grupo gestor está bajo escrutinio público por prácticas de gestión controvertidas
Exigencias de auditoría, transparencia y control público
Ante este escenario, la ADSP-RM exige la comparecencia urgente del consejero de Salud para explicar la desviación presupuestaria del 96% en conciertos durante 2024, la colaboración plena del SMS con la comisión de investigación de la Asamblea Regional y la realización de auditorías independientes sobre la adecuación de los ingresos hospitalarios desde urgencias en el Hospital de Molina.
También reclama transparencia sobre la calidad y validez clínica de las pruebas diagnósticas concertadas, las tasas de repetición y el gasto asociado, así como la revisión de los convenios singulares que otorgan capacidad de decisión clínica con impacto económico directo a centros privados.
El informe concluye con una advertencia clara: cuando fallan el control público, la transparencia y la evaluación clínica continua, el riesgo no es solo presupuestario, sino asistencial y ético, comprometiendo la confianza de profesionales y ciudadanía en el sistema sanitario público