España tira 480.000 toneladas de frutas y verduras: el CSIC alerta del enorme despilfarro de agua y CO2

Entre 2018 y 2024 se tiraron más de 480.000 toneladas de frutas y hortalizas en España, con un coste de 36 hm³ de agua y casi 37.000 toneladas de CO₂, y cuestiona de raíz el modelo agroexportador intensivo

Entre 2018 y 2024, antes siquiera de entrar en los lineales de los supermercados o en las fruterías de barrio, en España se desecharon más de 480.000 toneladas de frutas y hortalizas. Son excedentes que nunca llegaron al consumidor y que, sin embargo, consumieron agua, energía y recursos como si formaran parte del sistema alimentario.

Un equipo de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA), centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha puesto números a ese despilfarro y a su huella ecológica: el volumen de agua asociado a esos descartes equivale a 36 hectómetros cúbicos, cerca de 36.000 millones de litros, suficientes para llenar unas 14.400 piscinas olímpicas. La emisión equivalente de dióxido de carbono asociada a esa producción que nunca se aprovechó se aproxima a las 37.000 toneladas.

Los resultados se recogen en el artículo Wasting Water, Wasting Food: Structural Inefficiencies in Spain’s Irrigated Agribusiness Model, publicado en la revista científica Water por un equipo encabezado por el investigador Jaime Martínez Valderrama, junto a especialistas de la Universidad de Alicante y de la King Abdullah University of Science and Technology (Arabia Saudí).

Un país con sed que tira comida y agua

España es uno de los países europeos más vulnerables al estrés hídrico: más del 60% de su territorio son zonas áridas, recuerda el CSIC. A ello se suma que alrededor del 74% del territorio está en riesgo de desertificación, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica recogidos por organizaciones especializadas.

A pesar de ese escenario, España ha construido en las últimas décadas una potente agricultura de regadío, apoyada en embalses, trasvases, explotación de acuíferos y, más recientemente, plantas desaladoras. Ese modelo ha permitido convertir al país en potencia exportadora de frutas y hortalizas y en proveedor clave de productos frescos para buena parte de Europa.

“Sin embargo, este modelo de éxito productivo oculta profundas ineficiencias”, subraya Martínez Valderrama, investigador de la EEZA-CSIC y líder del trabajo.

a principal, a la luz de los datos, es que una parte nada despreciable de lo que se riega, se fertiliza y se recolecta acaba en el contenedor antes de entrar en los canales comerciales.

Cada kilo descartado no es solo una fruta o una verdura que no se consume: es también agua de riego, energía para bombeo, insumos químicos, mano de obra, transporte y emisiones asociadas a su producción que se pierden sin aportar ningún beneficio social.

Descartes invisibles: el desperdicio que no sale en las estadísticas

Cuando se habla de desperdicio alimentario, el foco suele ponerse en las neveras domésticas, los comedores colectivos o las grandes superficies. Pero el estudio del CSIC se sitúa un paso antes: analiza los descartes en origen, aquellos que se producen antes de que el producto entre en el circuito comercial.

Son las partidas que se quedan en el campo, en los almacenes de confección o en las cooperativas por no ajustarse a los estándares comerciales de calibre, color o apariencia; por problemas de precio; o por decisiones de planificación que dejan cosechas sin salida rentable. Aunque el trabajo no entra al detalle de cada causa, sí dibuja un patrón: un sistema volcado en la maximización de la producción y la competencia en precios, que asume como “normal” una cuota significativa de pérdidas estructurales.

El equipo científico advierte de que este modelo, orientado a la rentabilidad inmediata, tiende a ignorar los costes sociales y ambientales que quedan fuera de la contabilidad clásica: sobreesxplotación de recursos hídricos, degradación de suelos, precariedad laboral y pérdida de valor de la producción en origen.

Huellas hídrica y de carbono: el termómetro del despilfarro

Para dimensionar el impacto de esos descartes, el estudio calcula dos indicadores clave: la huella hídrica (el volumen de agua utilizado a lo largo del ciclo productivo) y la huella de carbono (las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas).

La cifra de 36 hectómetros cúbicos de agua perdida en seis años es especialmente significativa en un país que arrastra ciclos de sequía cada vez más frecuentes y prolongados, en un contexto de cambio climático que agrava el déficit hídrico del sur de Europa.

En cuanto a las casi 37.000 toneladas de CO2 equivalentes, el estudio recuerda que se trata de emisiones que se generan “para nada”: no sirven para alimentar a nadie ni para sostener tejido productivo adicional, porque se corresponden con alimentos que nunca salen del circuito de producción.

La fotografía final es la de un sistema que consume recursos escasos como el agua, aporta emisiones al calentamiento global y, sin embargo, se permite desechar volúmenes masivos de producción sin que haya un debate público de fondo sobre esa ineficiencia estructural.

Un modelo que choca con los límites del agua

El diagnóstico que plantea el CSIC encaja con otras alarmas recientes sobre la seguridad hídrica de España. Informes científicos y de organismos públicos vienen advirtiendo de que el país se sitúa entre los Estados más tensionados por la presión sobre sus recursos hídricos, con especial incidencia en las cuencas mediterráneas y en el sur peninsular.

En ese contexto, el trabajo de la EEZA-CSIC pone el foco en la agricultura de regadío intensivo, uno de los pilares del modelo económico español, pero también uno de los grandes consumidores de agua dulce. La pregunta de fondo que plantea el estudio es incómoda: ¿tiene sentido sostener un sistema que, bajo la retórica de la “eficiencia” y la “modernización”, admite pérdidas tan elevadas en forma de descartes?

Para el equipo investigador, la respuesta pasa por replantear las prácticas agrícolas actuales y revisar de arriba abajo la lógica del sistema agroalimentario: desde la planificación de cultivos hasta los criterios comerciales que obligan a ajustar la producción a estándares estéticos y de precio cada vez más rígidos.

De los datos a la política: qué hacer con el resultado

Más allá de los números, el estudio lanza un mensaje político claro. Los científicos reclaman situar el agua, la reducción del desperdicio alimentario y la valorización del trabajo agrícola en el centro de las políticas agrarias si se quiere garantizar el futuro del sector en un país cada vez más vulnerable a la escasez hídrica.

“La gestión del agua, la reducción del desperdicio alimentario y la valorización justa del trabajo agrícola deben situarse en el centro de las políticas agrarias para garantizar el futuro de un sector esencial en un país cada vez más expuesto a la escasez de agua”, recalca Martínez Valderrama.

Esa agenda implicaría, según el enfoque del estudio, reducir los excedentes estructurales, revisar la planificación de regadíos, apostar por modelos de producción más diversificados y que tengan en cuenta la resiliencia de los ecosistemas, y corregir las dinámicas que empujan a la baja los precios en origen obligando a los productores a “compensar” con más volumen lo que pierden en margen.

El espejo incómodo del campo: agua, clima y justicia social

El trabajo de la EEZA-CSIC llega en un momento en el que el debate público sobre la agricultura suele oscilar entre la defensa del sector y la crítica a determinados modelos intensivos, pero rara vez entra al detalle de cómo y cuánto se desperdicia en la propia base del sistema.

Los datos que aporta el estudio funcionan como un espejo incómodo: muestran un país que se seca, que invierte miles de millones en infraestructuras hidráulicas, que compite por ser la “huerta de Europa” y que al mismo tiempo asume como normal tirar cientos de miles de toneladas de alimentos perfectamente comestibles antes de que nadie llegue a verlos.

Ponerle cifras a ese desperdicio -en toneladas, en litros de agua, en emisiones de CO₂- es un primer paso. El siguiente, advierten los autores, ya no corresponde a los científicos, sino a las administraciones, al sector agrario y a la sociedad: decidir si se sigue sosteniendo un modelo que “oculta profundas ineficiencias” o se apuesta por otro capaz de producir alimentos sin dejar por el camino tanta agua, tanta energía y tanto trabajo invisibilizado.

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