La relación entre la ciudadanía y las instituciones políticas ha experimentado en los últimos años un evidente deterioro. La desafección ciudadana, un concepto con el que se intenta sintetizar una compleja combinación de frustración, fatiga y desilusión, se ha convertido en un rasgo estructural de las democracias contemporáneas. España está lejos de ser una excepción, habiéndose convertido en un privilegiado escenario en el que examinar este complejo fenómeno.
La teoría política viene insistiendo en que la democracia necesita no solo instituciones sólidas, sino también legitimidad social, adhesión ciudadana y una cierta confianza en la capacidad del sistema político para canalizar demandas y resolver conflictos. Sin embargo, la erosión de estos pilares ha sido especialmente notable en España después de episodios como la crisis económica de 2008, que no solo deterioró las expectativas de bienestar, sino también minó la confianza en la gestión institucional. El 15M, las mareas ciudadanas, las protestas contra los recortes y la posterior fragmentación del sistema de partidos fueron claras expresiones de un malestar más profundo que se hizo palmario en la creciente sensación de que las instituciones no solo no escuchaban a la ciudadanía, sino que no eran capaces de responder a sus verdaderos problemas.
La distancia existente entre gobernantes y gobernados ha generado espacios vacíos. Y, en política, estos vacíos nunca permanecen expeditos. La incertidumbre generada tras años de crisis económica e inestabilidad institucional abrió zonas de redefinición del poder. Basta recordar cómo, en ausencia de una orientación política hegemónica clara, el sistema de partidos pasó de un bipartidismo relativamente estable a un escenario pluralista volátil, en el que nuevas formaciones irrumpieron prometiendo regeneración democrática. Algunos partidos, como Podemos, Ciudadanos o Vox, surgieron en contextos distintos, pero todos se beneficiaron de la falta de una narrativa articuladora que diera sentido a la acción institucional. Y aunque sus propuestas fueran diversas, su aparición simultánea evidenció que la hegemonía democrática clásica se había debilitado.
No obstante, la ironía se vuelve obvia cuando se observa que el rechazo ciudadano hacia las élites tradicionales no condujo precisamente a alternativas más democráticas o inclusivas, sino que, en algunos casos, las expectativas de renovación institucional se vieron sustituidas por dinámicas de populismo y polarización. El conflicto surgido en Cataluña fue posiblemente el ejemplo más claro de cómo un vacío de liderazgo hegemónico puede derivar en la multiplicación de relatos incompatibles. La gestión del procés, con sus sucesivas declaraciones simbólicas, decisiones judiciales y movilizaciones masivas, puso de manifiesto no solo la crisis del modelo territorial, sino también la profunda desconfianza entre ciudadanía e instituciones, tanto autonómicas como estatales. En ese escenario, la indefinición en la capacidad de conducción política permitió que la polarización sustituyera a la deliberación, abriendo la puerta a discursos maximalistas en ambos extremos.
Pero no es necesario recurrir solamente a conflictos territoriales o económicos para advertir de la desafección. Hace unos días, el Tribunal Supremo ha condenado al Fiscal General del Estado en un veredicto histórico, porque es la primera vez en democracia que un Fiscal General en activo es condenado penalmente, hecho que ha generado un terremoto institucional y político. La propia instrucción, la no unanimidad en el auto por el que se producía la apertura del juicio oral, el desarrollo del propio juicio oral en el que quedó patente la falta de elementos probatorios, y la fragmentación interna del tribunal a la hora de la sentencia ha reforzado la percepción de arbitrariedad.
La reacción del Gobierno no ha calmado las dudas pues, aunque se ha afirmado que se “respeta el fallo judicial”, también se ha subrayado que “no se comparte”. Tal ambivalencia -respetar legalmente, pero discrepar moralmente- alimenta la sensación de que las decisiones judiciales pueden tener motivaciones políticas, que el poder judicial no está completamente desconectado de la lucha partidista. Por otro lado, otras voces han denunciado que la sentencia ha sido un “golpe judicial” con fines totalmente políticos, y han sugerido que algunos magistrados de la sala de lo penal del Tribunal Supremo han actuado más como activistas que como juristas.
Este episodio, inscrito en una lógica más amplia, viene a señalar que la desafección no está alimentada únicamente por fallos judiciales controvertidos, como el comentado, pero estos pueden ser vistos como símbolo de un sistema que falla. Para muchos ciudadanos, la justicia parece cada vez más un escenario donde se dirimen conflictos políticos más que donde se administra imparcialidad. Esta percepción erosiona la fe democrática y alimenta el desencanto y, cuando incluso los altos cargos del Estado son juzgados y condenados, pero una parte sustancial de la ciudadanía no está segura de que la decisión sea justa, la desconfianza crece, y con ella, la posibilidad de que otros actores cuestionen no solo las instituciones, sino la propia naturaleza del sistema.
Si añadimos a esto la amplificación mediática y digital de estas tensiones, el panorama empeora. En las redes sociales, el caso del Fiscal General ha sido usado tanto por la derecha para denunciar una inquisición judicial, como por sus críticos para hablar de impunidad institucional. El uso de narrativas simplificadas -“fiscal traidor”, “judicialización política”, “injusticia histórica”- aparece casi inevitablemente. Estas narrativas están lejos de propiciar un debate reflexivo, por el contrario, tienden a reforzar la polarización y a presentar la institución judicial como un actor más de la lucha partidista.
Todo esto demuestra que no hace falta que las instituciones colapsen para que la democracia entre en crisis. Basta con que pierdan su autoridad simbólica. Los episodios de bloqueo político ya evidencian cómo la falta de acuerdos amplios genera percepciones de ingobernabilidad que se filtran rápidamente hacia la ciudadanía. Cuando el sistema es incapaz de producir consensos, la ciudadanía concluye que la democracia representativa no funciona, olvidando que es precisamente el arte de articular consensos lo que está en crisis.
De ahí que resulte imprescindible reflexionar sobre cómo reconstruir un consenso democrático capaz de evitar que estos vacíos sean ocupados por actores antidemocráticos. La experiencia española reciente sugiere que la solución no puede limitarse a reformas técnicas o apelaciones grandilocuentes a la unidad. La transparencia institucional, la mejora de los mecanismos de participación, la rendición de cuentas en casos de corrupción y la inversión en educación cívica son pasos necesarios. Igualmente lo es la recuperación de un tono político menos beligerante, que sea capaz de integrar diferencias sin convertirlas en antagonismos existenciales.
Sin embargo, la ironía persiste, ya que estas soluciones requieren una legitimidad que, justamente, se ha erosionado. Reconstruirla implica asumir que la democracia no se sostiene sola y que los espacios de indefinición no son meros accidentes, sino consecuencias de un debilitamiento democrático que debe ser atendido antes de que sea demasiado tarde.
La España reciente nos ofrece ejemplos elocuentes de este proceso y de sus riesgos. Si algo enseñan los últimos años -desde la fragmentación partidista hasta la condena del Fiscal General- es que la frontera entre la pluralidad democrática y la fragmentación peligrosa es más fina de lo que se suele admitir. Evitar que los vacíos de poder puedan ser llenados por fuerzas antidemocráticas va a depender de la capacidad colectiva para articular un proyecto común que, sin negar la diversidad, reconstruya un horizonte compartido. Solo de esta forma la democracia podrá recuperar su estabilidad institucional y, sobre todo, su atractivo social.