El Gobierno de Fernando López Miras ha vuelto a chocar con la realidad: la mayoría de la Asamblea Regional no está dispuesta a convalidar decretos hechos a la medida del sector promotor. El Decreto-ley 3/2025, impulsado por el Ejecutivo autonómico con la excusa de ampliar la oferta de vivienda, ha sido rechazado por PSOE, Vox y Grupo Mixto, dejando al PP solo ante un texto que ni convence ni dialoga.
Los tres grupos coincidieron en que la norma no resolvía la emergencia habitacional, sino que consolidaba un modelo de beneficios desproporcionados para los constructores y promotores, mientras los jóvenes y las familias trabajadoras quedaban fuera del mercado. En palabras de la portavoz de Podemos-IU-AV, María Marín, el decreto era “un timo en toda regla”, al establecer precios de 1.840 euros por metro cuadrado, por encima de la media regional (1.555 euros/m²), lo que se traduce en viviendas de 72 metros útiles por 170.000 euros. “Ese precio es inalcanzable para el 80% de los murcianos”, denunció.
Un decreto al gusto del ladrillo
El texto, presentado por el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García, creaba la figura de la “vivienda asequible de la Región de Murcia”, en sustitución de la tradicional VPO. Bajo un envoltorio de modernidad -con referencias al coliving y cohousing-, el decreto contenía una batería de medidas dirigidas a estimular la promoción privada: sustitución de las calificaciones por una declaración responsable, una prima de edificabilidad del 40% para promociones protegidas y del 50% para suelos municipales o con restos arqueológicos, y la creación de un Panel de Impulso Urbanístico para acelerar trámites.
En la práctica, el decreto desregulaba el control público del suelo y facilitaba la privatización de terrenos municipales, como advirtió Marín, que denunció la intención del Ejecutivo de “inventariar 136 parcelas municipales -más de un millón de metros cuadrados públicos- para entregarlas al sector privado mediante permutas o subastas”.
El PSOE fue igualmente contundente. El diputado Miguel Ángel Ortega reprochó al Gobierno regional su “falta de diálogo” y la negativa a aceptar las tres condiciones que su grupo propuso: mantener la titularidad pública del suelo, reservar un 30% de las viviendas asequibles para alquiler barato y duplicar los fondos del programa Aval Joven. “Ofrecen viviendas de 90 metros por 170.000 euros y las llaman asequibles. Eso no lo puede pagar ni una familia trabajadora ni un joven con un sueldo medio en esta Región”, afirmó.
Ortega recordó además que el Ejecutivo de López Miras “no ha construido una sola vivienda pública en ocho años” y que sigue “trasladando competencias a los ayuntamientos sin dotarlos de recursos”.
Vox también se desmarca
Desde Vox, María José Ruiz calificó la propuesta como “una ocurrencia más del bipartidismo” y “una copia del modelo del PSOE”. Criticó que el decreto “no reduce impuestos ni liberaliza suelo” y rechazó las fórmulas de coliving y cohousing, que tildó de “experimentos colectivistas de la Agenda 2030”. Su portavoz, José Ángel Antelo, añadió que “el PP ha traído un texto cerrado, sin consenso” y recordó que “prometieron 25.000 viviendas y no han hecho ni 200 en ocho años”.
El PP, solo y sin aliados
Desde las filas populares, Joaquín Segado lamentó el rechazo y acusó a PSOE y Vox de “formar una pinza para dañar al Partido Popular y bloquear las soluciones que necesita la Región”. Según Segado, el decreto era “pionero y fruto del diálogo con ayuntamientos, colegios profesionales y promotores”. Una afirmación que, para la oposición, revela precisamente el sesgo del texto: el diálogo con los promotores fue lo único que existió.
El desenlace deja al Gobierno de López Miras sin decreto y sin credibilidad en materia de vivienda. En una región con sueldos medios de 1.400 euros mensuales, ofrecer pisos por 178.000 euros y llamarlos “asequibles” solo puede entenderse como una provocación o, peor aún, como una muestra de desconexión con la realidad social.
El PP vuelve a legislar mirando hacia el ladrillo, no hacia las personas. Y cuando el diálogo se sustituye por el monólogo, lo que fracasa no es solo un decreto: fracasa la política.