La cúpula judicial murciana cierra filas en torno a una de las tramas más graves que han afectado en los últimos años a la Administración regional en materia urbanística. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha confirmado íntegramente la condena impuesta al que fuera jefe del Servicio Jurídico de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, quien utilizó su puesto público para captar empresarios y cobrarles dinero a cambio de supuestas gestiones y adjudicaciones de obra que jamás existieron.
La sentencia ratifica para el principal acusado tres años y tres meses de prisión, una multa de 1.440 euros, la pérdida definitiva de su condición de funcionario y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante ese mismo periodo. El fallo, que recoge el reconocimiento expreso de los hechos por parte de los implicados, describe un uso fraudulento del despacho oficial y del sello institucional de la Comunidad Autónoma para dar apariencia de veracidad a operaciones completamente ficticias.
Según se recoge en la resolución, el ex jefe jurídico llegó a emitir certificaciones «mendaces» con sello oficial de la Consejería de Presidencia y Fomento, a nombre de un supuesto funcionario inexistente. Ese montaje, señala el tribunal, tenía un claro objetivo: construir una fachada de influencia administrativa para convencer a particulares de que podían acceder a adjudicaciones y trámites privilegiados. Los empresarios, confiando en esa falsa capacidad de intermediación, abonaron distintas cantidades de dinero en efectivo.
El tribunal subraya que los acusados actuaron «libre, consciente y voluntariamente» y que todos manifestaron su conformidad con los hechos en el acto del juicio. Sin embargo, la clave jurídica radica en que no existió una conformidad total procesal con las penas, sino un juicio con reconocimiento de hechos y posterior valoración de las pruebas y conclusiones del Ministerio Fiscal.
Diferencias en las penas
Junto al ex jefe jurídico, fueron condenadas cuatro personas más. El colaborador principal en el cobro de comisiones ilícitas recibió cinco años y tres meses de prisión por delitos de estafa, falsedad y tráfico de influencias. Este último recurrió argumentando que la pena superaba lo acordado. La Sala rechaza esa versión y recuerda que la única diferencia entre unos y otros acusados radica en que el ex jefe jurídico abonó parte de las responsabilidades civiles, lo que permitió la aplicación de una atenuante muy cualificada de reparación del daño. El tribunal es claro: «No hay desviación alguna entre las penas interesadas y las finalmente impuestas».
El fallo mantiene también seis meses de prisión para un intermediario por tráfico de influencias; un año de cárcel para un empresario que utilizó información confidencial para su beneficio; y quince meses de prisión y cuatro años y medio de inhabilitación para un funcionario implicado en actividades prohibidas y negociaciones incompatibles con su cargo.
Responsabilidad civil y decomiso
El TSJ confirma las indemnizaciones fijadas inicialmente por la Audiencia Provincial. Tanto el ex jefe jurídico como su colaborador deberán pagar de forma solidaria más de 43.000 euros a los perjudicados y asumir el decomiso de más de 30.000 euros obtenidos ilícitamente en distintas operaciones. Además, el funcionario condenado de forma individual deberá pagar 10.000 euros por los daños derivados del uso indebido de su posición en la Administración regional.
La Sala concluye que la resolución de instancia «responde y se ajusta a los presupuestos fácticos y jurídicos señalados» y que las penas fueron impuestas de acuerdo con el reconocimiento de hechos y las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal.
La sentencia no es firme. Cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.