Un juzgado ha concluido que el Partido Popular utilizó dinero público para blindar a seis concejales tránsfugas del PSOE y asegurarse la alcaldía de Cartagena. No es una sospecha, no es un titular exagerado: es lo que dice una sentencia firme en primera instancia. El juez declara nulos los decretos con los que se otorgaron cargos, competencias y salarios a esos ediles ya convertidos en no adscritos, al considerar que se vulneró el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, que impide mejorar la posición política y económica de los tránsfugas.
La resolución, la 129/2025 del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Cartagena, estima el recurso presentado por Movimiento Ciudadano y declara ilegal el pacto que permitió al PP, primero sostener el gobierno de Ana Belén Castejón -expulsada del PSOE por desobedecer a su partido- y después coronar a Noelia Arroyo como alcaldesa en 2021, ya con el bastón de mando en manos populares. El juez anula los nombramientos, obliga a devolver las retribuciones percibidas de forma indebida y condena al Ayuntamiento a pagar las costas.
En el plano local el terremoto es evidente: MC Cartagena habla de “corrupción política institucionalizada” y exige la dimisión de Arroyo. El PSOE subraya que la Justicia corrobora que la alcaldesa “compró la Alcaldía de Cartagena con los votos de seis concejales tránsfugas que no eran legítimos”. El Ayuntamiento, por su parte, niega el transfuguismo, anuncia recurso ante el TSJ de Murcia y se ampara en informes jurídicos que avalaban el pacto.
Y, sin embargo, a nivel nacional apenas se oye nada. El caso ha sido destapado y seguido por medios digitales y regionales -El Confidencial, elDiario.es Región de Murcia, Infobae, la SER en Murcia, la prensa local-, pero no ha entrado con fuerza en la agenda de los grandes informativos ni en el circuito de tertulias que moldean la conversación política estatal.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede ser que una sentencia que describe, en la práctica, la compra de una alcaldía con dinero público no sea un asunto de primera línea en la política española?
Murcia, laboratorio del transfuguismo
Para entender el alcance de lo que ocurre en Cartagena conviene mirar el contexto. La Región de Murcia se ha convertido en uno de los escenarios más paradigmáticos del transfuguismo político reciente. En 2021, durante la fallida moción de censura contra el Gobierno murciano, la comisión de expertos del Pacto Antitransfuguismo declaró “tránsfugas” al presidente Fernando López Miras y a varios exdiputados de Ciudadanos, a quienes definió como “inductores y beneficiarios” de la maniobra parlamentaria que frustró el cambio de gobierno. El presidente López Miras aún no ha explicado si, como informó el periódico La Opinión, compró a los tránsfugas de Cs ante notario.
Pocas semanas después, el PP rompía el propio pacto antitransfuguismo, del que había sido miembro fundador desde 1998, alegando un “uso torticero” de la comisión de expertos y retirándose de ese marco político común frente a la deslealtad institucional.
En ese mismo ecosistema político se sitúa ahora la sentencia de Cartagena. El juez considera que los seis concejales elegidos en las listas del PSOE que pactaron con PP y Cs para alterar las mayorías y sostener un gobierno alternativo, y que después fueron expulsados de su partido, encajan de lleno en el concepto de tránsfuga tal y como lo ha ido perfilando el Tribunal Supremo: ediles que se apartan del criterio de su formación, son expulsados y reciben ventajas políticas y económicas por ello.
El fallo no se queda en una valoración ética; entra en el corazón del poder local. Declara nulos los decretos que configuraron la Junta de Gobierno, las tenencias de alcaldía, las concejalías delegadas y las representaciones en empresas y organismos municipales, al entender que se usó la organización del Ayuntamiento para retribuir a quienes habían roto la disciplina de partido y, con sus votos, cambiaron el gobierno municipal.
La consecuencia de fondo es brutal: si esos decretos son ilegales, ¿qué pasa con las decisiones adoptadas durante esos dos años? ¿Qué ocurre con las sanciones, contratos, acuerdos urbanísticos o licencias firmadas por esos concejales no adscritos? MC Cartagena ya ha advertido de que podría cuestionarse incluso la validez de multas y resoluciones administrativas dictadas en ese periodo.
No estamos solo ante un problema de “sillones”. Es un problema de seguridad jurídica y de calidad democrática.
Un escándalo de baja intensidad mediática
Pese a todo ello, el caso de Cartagena no ha escalado a la categoría de “gran escándalo nacional”. Y esa falta de eco dice casi tanto como la propia sentencia.
Hay varias claves:
La geografía como filtro: lo que ocurre en Madrid, Barcelona o Sevilla tiene un efecto multiplicador automático. Murcia, en cambio, suele ser tratada como una periferia informativa: aparece cuando hay gota fría, problemas en el Mar Menor o alguna huelga especialmente llamativa. Una resolución judicial sobre transfuguismo en Cartagena, aunque implique la nulidad de una forma de gobierno local, entra con dificultad en la agenda estatal.
La fatiga de la corrupción: la ciudadanía ha asistido durante años a un goteo de casos de corrupción y transfuguismo. El riesgo es que la “compra de mayorías” con recursos públicos -algo que debería encender todas las alarmas- se perciba como un episodio más en una larga serie, casi un género conocido. La reiteración de escándalos termina blindando a quienes los protagonizan: nada sorprende ya, todo parece “más de lo mismo”.
La lógica de la polarización: en un clima político en el que casi todo se lee en clave de bloque, muchos casos solo se convierten en tema nacional cuando sirven para reforzar el relato contra “el otro”. Aquí la responsabilidad es compartida: el PP sostiene que no hay transfuguismo, que se trata de un pacto político legítimo, y recurrirá la sentencia; el PSOE carga contra el PP pero conviene recordar que los tránsfugas salieron de sus propias listas; y el caso termina diluyéndose en un cruce de reproches que no encaja fácilmente en el esquema binario habitual.
La dependencia de los poderes territoriales: las relaciones entre gobiernos autonómicos, grandes partidos y medios de comunicación, especialmente en el ámbito audiovisual, no son neutras. Contratos publicitarios, compras institucionales de espacios, acuerdos de colaboración o simplemente la necesidad de mantener un acceso fluido a las fuentes generan inercias. Señalar con contundencia que en una comunidad concreta se ha normalizado el transfuguismo y la manipulación de mayorías con recursos públicos tiene un coste político y empresarial que algunos medios prefieren evitar.
Cuando comprar mayorías sale barato
El transfuguismo no es una anécdota ni una picardía local. Es un ataque directo al voto de la ciudadanía. El artículo 73.3 de la Ley de Bases no es una cláusula simbólica: pretende evitar que el concejal que se salta el mandato de las urnas -el que se presentó bajo unas siglas y luego cambia de bando- sea recompensado con cargos, sueldos y poder. Cuando eso sucede, el mensaje que se lanza es devastador: traicionar al elector puede tener premio.
La sentencia de Cartagena viene a decir, con palabras jurídicas, algo muy sencillo: no se puede usar el presupuesto municipal como moneda de cambio para sostener un gobierno construido sobre la deslealtad. No se puede convertir la estructura de un ayuntamiento en un sistema de pago aplazado a quienes han permitido un vuelco de mayorías que no pasó por las urnas.
Que el Ayuntamiento de Cartagnea recurra es legítimo. Que el PP defienda su actuación forma parte del juego político. Pero incluso si el TSJ matizara o revocara parcialmente el fallo, el hecho de que un juzgado haya descrito y sancionado este mecanismo debería situar el debate en otro plano: ¿hasta cuándo vamos a aceptar que el transfuguismo sea un recurso normalizado para conservar el poder?
Lo que está en juego
Este caso, además, no se produce en el vacío. Llega en una región donde el presidente autonómico fue calificado como tránsfuga por una comisión de expertos del Pacto Antitransfuguismo, que lo consideró “inductor y beneficiario” de la conducta de varios diputados que frenaron una moción de censura. Llega después de que el PP se levantara de la mesa de ese pacto, rompiendo un acuerdo que durante años fue una referencia compartida frente a la deslealtad institucional.
No es un episodio aislado; es la pieza de un patrón. Un patrón en el que el poder se preserva a cualquier precio, aunque para ello haya que dinamitar los diques de contención frente al transfuguismo, estirar la interpretación de la ley hasta el límite y convertir el silencio mediático en un aliado más.
Por eso esta historia debería estar hoy en los grandes informativos, en las portadas y en las tertulias nacionales. Porque no va solo de Cartagena, ni solo del PP, ni solo de seis concejales expulsados del PSOE. Va de si estamos dispuestos a normalizar que las mayorías se compren con cargos y nóminas públicas mientras miramos hacia otro lado.
La Justicia ha hablado. Ahora falta que la política asuma responsabilidades y que los medios, también los nacionales, hagan lo que se espera de ellos: contar a la ciudadanía que en un ayuntamiento español un juez ha declarado ilegal un pacto que, en la práctica, sirvió para “comprar” una alcaldía con dinero de todos. El silencio, esta vez, también es una forma de transfuguismo.