Una de cada tres personas en la Región de Murcia vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Son el 32,4% de los murcianos y murcianas, más de medio millón de vidas marcadas por la precariedad, la incertidumbre y la falta de oportunidades. Detrás de esa cifra, tan gélida en apariencia, hay familias que no llegan a fin de mes, jóvenes condenados a la emigración laboral, mayores que eligen entre pagar la luz o la farmacia, y madres que calculan al céntimo la compra del supermercado.
La Región de Murcia no solo está mal: está entre las peores. Es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza de España, la segunda en pobreza severa, con un 11,8% de la población en esa situación límite (viviendo con ingresos inferiores a 560 euros al mes) y la primera en pobreza infantil, con un escalofriante 45% de menores en riesgo de exclusión. Casi uno de cada dos niños murcianos vive sin lo básico, vive en hogares pobres o muy pobres. Casi la mitad de nuestros niños y niñas. Casi medio futuro perdido antes de empezar. ¿Cómo se explica semejante fracaso colectivo tras tres décadas de gobierno del mismo partido?
El Partido Popular gobierna la Región de Murcia desde hace treinta años. Treinta años dan para construir hospitales, universidades, autovías… y también para consolidar un modelo social. Y el modelo está claro: un territorio desigual, empobrecido y fracturado. No hay un pacto contra la pobreza. No hay una estrategia regional seria. No hay inversión suficiente en servicios sociales, ni un sistema de protección robusto que frene la caída de tantas familias al vacío.
Son números que no mienten, que no admiten excusas ni cortinas de humo. Dicen mucho más que los discursos triunfalistas sobre la “buena gestión” o el “modelo murciano”. Dicen que ese modelo social y económico ha fracasado. Que tres décadas de poder absoluto no han servido para reducir la desigualdad ni para ofrecer oportunidades reales a quienes más las necesitan.
Mientras tanto, el presidente Fernando López Miras sigue viviendo de la misma matraca de siempre: el trasvase Tajo-Segura. Lo agita como bandera identitaria, lo convierte en arma política contra el Gobierno de España, y lo utiliza como cortina de humo para tapar la realidad: el agua no ha traído justicia social ni bienestar compartido. El trasvase puede haber sostenido sectores productivos esenciales, pero no ha corregido la brecha entre quienes tienen mucho y quienes apenas tienen para vivir. No ha frenado la desertificación social.
López Miras repite el discurso del agravio, pero nunca el del compromiso con los más vulnerables. No hay un pacto regional contra la pobreza, ni un plan serio de inclusión, ni una política de vivienda que evite que cientos de familias sean expulsadas del mercado inmobiliario. Los servicios sociales están desbordados, los presupuestos regionales apenas rozan el mínimo exigido para sostener la atención a las personas sin recursos, y la cooperación con el tercer sector es testimonial.
Mientras el Ejecutivo regional presume de estabilidad y de crecimiento, las cifras de desigualdad siguen aumentando. La Región de Murcia es una de las comunidades donde más ha crecido la brecha entre ricos y pobres en los últimos años. Y eso tiene consecuencias que se ven y se tocan: barrios enteros sin oportunidades, jóvenes atrapados en la temporalidad, familias trabajadoras que no llegan a final de mes pese a tener empleo, y niños que crecen en la privación más absoluta.
A ese caldo de cultivo se suma otro fenómeno inquietante: el ascenso de la extrema derecha en la Región de Murcia. El avance de Vox no puede entenderse sin la desesperanza, la frustración y el abandono institucional que sienten miles de ciudadanos. A más pobreza y desigualdad, mayor terreno fértil para quienes no protegen a los pobres, sino los intereses de los poderosos. Su discurso simplista ofrece culpables, no soluciones; ruido, no justicia. Pero crece en el silencio de quienes deberían haber defendido a los más vulnerables y no lo hicieron.
La pobreza no es solo una estadística: es una fractura moral. Es el resultado de décadas de políticas que priorizan la obra visible frente a la justicia invisible. De gobiernos que miran hacia Madrid para encontrar un enemigo y no hacia sus propios pueblos y ciudades, donde la pobreza tiene rostro y nombre.
Treinta años de poder absoluto deberían haber sido suficientes para construir una región más equilibrada, más justa, más digna. Pero el legado del Partido Popular en Murcia es otro: una región partida en dos, donde unos pocos concentran los beneficios del progreso y una mayoría malvive con las sobras.
No hay excusas posibles. Ni el agua, ni el clima, ni la geografía. La pobreza y la desigualdad son el resultado de decisiones políticas, no de fatalidades naturales. La región necesita un cambio de rumbo profundo: un compromiso real con la redistribución, con la educación, con el empleo digno, con la infancia, con la vivienda y con la igualdad de oportunidades.
La Región de Murcia no puede seguir siendo la comunidad de los récords vergonzantes. No puede seguir ocupando titulares por sus porcentajes de pobreza mientras sus dirigentes se felicitan en los despachos. No puede seguir siendo un territorio resignado.
Después de tres décadas, lo que hay es una verdad incómoda pero evidente: el Partido Popular ha convertido la pobreza en un paisaje más del que ya casi nadie se escandaliza. Y eso, en una democracia madura, debería ser intolerable.