El Gobierno de Fernando López Miras vuelve a presumir de política de vivienda sin haber construido una sola. Este viernes, durante la inauguración de la Feria Reside 2025, organizada por la patronal de promotores (APIRM), el consejero de Fomento, Jorge García Montoro, anunció que “la Región de Murcia amplía a 3.162 las viviendas protegidas que se podrán construir gracias al nuevo modelo de vivienda asequible”. Un titular periodístico redondo… si no fuera porque detrás de él no hay ni una sola vivienda en pie.
En realidad, no se ha ampliado nada. Ni el parque público, ni la oferta de vivienda protegida, ni la inversión autonómica. Lo que se ha ampliado es un inventario de suelos municipales, una base de datos que recoge parcelas vacías propiedad de los ayuntamientos. La Consejería no construye, no financia, no gestiona proyectos. Se limita a actualizar una lista de terrenos. A eso lo llama “ampliar vivienda protegida”.
El truco está en el verbo. Decir que “se amplía” sugiere que había algo previo que crece. Pero la CARM no ha construido ni una sola vivienda protegida en los últimos años, ni siquiera con fondos europeos. No hay licitaciones públicas, ni convenios firmados, ni presupuesto autonómico destinado a promoción directa. No se amplía un parque inexistente, se amplía un documento administrativo.
El consejero presume de un “modelo de vivienda asequible” que, según repite, sitúa a la Región “a la vanguardia nacional”. Pero lo cierto es que ese modelo se basa en la cesión de suelo público al sector privado, mediante incentivos urbanísticos como las llamadas primas de edificabilidad, que permiten construir más a cambio de destinar parte de las viviendas a precios supuestamente asequibles. En la práctica, es una privatización encubierta de la política de vivienda, que sustituye la acción pública por fórmulas de colaboración en las que el beneficio empresarial siempre prevalece sobre el interés social.
Mientras tanto, el Gobierno regional no ha entregado una sola vivienda pública. Ninguna. Los murcianos siguen esperando resultados mientras el Ejecutivo convierte la planificación en propaganda. Confunde inventario con ejecución, previsión con realidad y anuncios con hechos.
Hablar de “ampliación” de 3.162 viviendas protegidas es, por tanto, un ejercicio de manipulación semántica al que se prestan los medios de comunicación : no hay proyectos aprobados, ni plazos de construcción, ni financiación comprometida. Solo cifras proyectadas sobre suelo vacío. Una política que se mide en metros cuadrados potenciales, no en hogares reales.
Según las estadísticas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Región de Murcia no registró en 2024 ni una sola vivienda protegida con calificación definitiva, es decir, ninguna promoción terminada bajo ese régimen. En 2023, el número fue igualmente insignificante: solo 83 viviendas obtuvieron calificación definitiva en toda la comunidad.
El contraste con otras comunidades resulta abrumador. Mientras Euskadi lidera la promoción pública con más de 1.100 viviendas protegidas iniciadas solo en 2024, y Navarra ofertó más de 500 viviendas de protección oficial en el mismo año, la Región de Murcia continúa sin levantar ni una sola. En la Región de Murcia, la “vanguardia” consiste en presentar un mapa y llamarlo política de vivienda.
Lo más preocupante es la naturalidad con la que el Ejecutivo regional vende humo. Con el apoyo entusiasta de la patronal del ladrillo, la Feria Reside se convierte cada año en el escenario donde se exhibe un modelo agotado: el de una administración que ha renunciado a intervenir en el mercado de la vivienda y se limita a animar a los promotores privados a hacerlo por ella. El Gobierno de López Miras incumple descaradamente las leyes de viviendas, tanto la nacional como la regional.
El resultado es visible: precios inasumibles, alquileres disparados y jóvenes sin acceso a una vivienda digna. Frente a esa realidad, el Gobierno regional responde con planos, declaraciones y titulares. Ni una sola llave entregada. Ni un solo piso público habitado.
Por eso, cuando la Consejería de Fomento afirma que “amplía a 3.162 las viviendas protegidas que se podrán construir”, la pregunta es inevitable: ¿amplía qué, si no ha construido nada? La respuesta es sencilla: amplía la distancia entre el discurso y la realidad. Amplía la propaganda. Amplía el vacío.
Nada de esto sería posible sin la complicidad de determinados medios de comunicación, que reproducen sin filtro los comunicados oficiales y convierten en titulares lo que deberían cuestionar. La propaganda política no necesita maquinaria cuando encuentra altavoces dispuestos. Así, frases como “la CARM amplía a 3.162 las viviendas protegidas” se difunden en titulares y noticiarios sin una sola pregunta incómoda, sin un dato contrastado, sin el más elemental ejercicio de verificación.
El periodismo pierde entonces su función esencial: servir al interés público y no al poder. Cuando los medios repiten consignas en lugar de contrastarlas, no informan; contribuyen a construir una realidad paralela. Y esa realidad es la que acaba moldeando la percepción ciudadana. No hay manipulación más eficaz que aquella que se disfraza de noticia.
La responsabilidad es compartida. Quien comunica desde el poder sabe perfectamente lo que hace cuando elige verbos ambiguos -amplía, impulsa, proyecta- que sugieren logros inexistentes. Pero quien publica sin cuestionar esos verbos se convierte en parte del engranaje. No hay manipulación posible sin colaboración mediática.
La ciudadanía tiene derecho a saber que no hay viviendas construidas, que los anuncios son papel mojado y que la palabra “ampliar” se ha convertido en sinónimo de engaño. La función del periodismo es ponerle nombre a ese engaño, no difundirlo. Porque el día que el titular sustituye al dato, la democracia pierde una parte de su conciencia crítica.