El presunto suicidio de Margaret, vecina británica de 82 años del camping de El Portús, ha conmocionado a la pequeña comunidad que sobrevive en este rincón del litoral cartagenero. Este viernes por la noche, su pareja, Collin, avisó por mensaje a Miguel Almagro, residente en el camping desde 2020. “Me escribió que Margaret había muerto y que no sabía qué hacer. Cuando llegamos, nos contó que tenían un suicidio pactado y que ella lo había conseguido, pero él no”, recuerda aún conmocionado.
Margaret y Collin llevaban décadas viviendo en El Portús, desde el año 2000, aunque compraron la vivienda en la ladera del camping en 1989. El resto de vecinos les llamaban cariñosamente «los abuelos». Primero venían por temporadas y, tras jubilarse, se instalaron de manera definitiva. “Vendieron todas sus cosas en Inglaterra porque aquí querían morir. Pero la situación se les había hecho insoportable”, señala Almagro a RRNEWS. Según su testimonio, la pareja había sufrido cortes de agua y de luz durante días, además de la incertidumbre de no saber si podrían volver a entrar en su vivienda cada vez que salían. “Era insostenible tener tres días sin agua a personas mayores y sin luz. Vivían con miedo constante».
El último mensaje que Margaret publicó hace apenas dos días decía “Trato cruel a personas mayores en el camping de El Portús» y añadía “ha habido graves denuncias e informes sobre el trato cruel y las duras condiciones a las que se enfrentan los residentes ancianos y los inquilinos de larga duración en el camping naturista.”
Casas ilegales vendidas durante cuarenta años
La tragedia de Margaret saca a la luz un conflicto enquistado: la existencia de decenas de viviendas ilegales construidas y vendidas dentro del camping. Miguel Almagro lo cuenta sin rodeos: “A mí me estafaron. Compré una casa fantasma. Pagué 25.000 euros y otros 4.000 en comisión al camping. Todo era un negocio montado: los antiguos propietarios permitían la compraventa, aunque sabían que era ilegal”.
El sistema llevaba funcionando más de cuarenta años. “A algunos vecinos les cobraban hasta 9.000 euros de comisión por cada operación. Y todo se hacía con contratos privados, sin notario, sin escrituras. Te decían: ‘Aquí no pasa nada, todos llevan 40 años viviendo sin problemas’. Hasta que pasa”, insiste.
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En muchos casos, las casas llegaron a venderse por 70.000, 80.000 o incluso 100.000 euros. “Era una inmobiliaria encubierta dentro de un camping. Y lo permitieron durante décadas las autoridades municipales, autonómicas y de Costas. Nadie hizo nada”, denuncia.
Almagro reconoce que en su momento se planteó dudas al comprobar que no podía acudir a un notario para escriturar la vivienda, pero la sensación de normalidad instalada en el camping le hizo bajar la guardia. “Claro que pensé: Esto no se puede escriturar. Pero me decían que no pasaba nada, que era un contrato privado como el de todos mis vecinos, y que llevaban aquí 40 años sin problemas. Entonces piensas: si nunca ha pasado nada, ¿por qué iba a pasar ahora? Y al final te convences de que es normal, hasta que llega el día en que pasa”.
Almagro recuerda cómo se presentaban las viviendas dentro del camping, con un mensaje publicitario que hoy suena irónico. “Claro, tú llegabas a recepción y ahí te daban unos papelitos que ponía ‘tu nuevo hogar’ y ahí te daban un listado de todas las casas que había en venta».
Además, los antiguos propietarios del camping imponían un control absoluto sobre cualquier reforma o mejora en las viviendas. “Aquí todo tenía que hacerse con sus proveedores. Si querías poner un techo, una viga o una simple enredadera en el aparcamiento, tenías que pagar el doble de lo que valía porque solo te autorizaban a trabajar con las empresas que ellos marcaban. Si no, no te daban permiso. Era una forma más de sacar dinero”, denuncia Almagro.
Coacciones y presión de los nuevos propietarios
Con la entrada de los nuevos dueños, vinculados a un fondo de inversión, Newtown Capital S.L., comenzó la presión a los residentes. “Nos cortaban el agua, la luz, no nos dejaban entrar con el coche. Nos cortaban la vida. El 9 de enero de este año salimos a comprar y al volver no nos dejaron entrar a nuestra casa. Dentro estaba nuestro gato y nuestras medicinas. No pudimos volver hasta julio”, relata Almagro.
Durante los meses de encierro, la solidaridad entre vecinos fue la única forma de sobrevivir. Miguel recuerda cómo tuvieron que asistir a Rosa y a su hijo Marcel, que permanecieron siete meses sin salir de su vivienda por miedo a no poder volver a entrar. “Le llevábamos la comida, le llevábamos de todo al camping. Nosotros no podíamos entrar, pero lo dejábamos en la reja, a los guardias o a través de Collin y Margaret, que sí podían entrar y salir. Así podían pasar lo básico, lo imprescindible para subsistir”, relata.
Las coacciones han sido continuas, asegura: “Pusieron focos de luz como de campo de concentración, apuntando a las casas para molestar a la gente y hasta a la fauna. El Seprona tuvo que intervenir y decirles que eso está prohibido por la fauna». El camping está ubicado en zona declarada Red Natura 2000, con la figura de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Según Almagro, a los vecinos se les ha ofrecido un dinero irrisorio por abandonar sus casas. “A algunos les dieron 2.000 o 3.000 euros por viviendas que habían pagado a precio de oro. ¿Quién va a querer vender una casa de 100.000 euros por 2.000? Solo mediante la coacción y la presión psicológica”, afirma. “Muchos eran mayores y no aguantaron. Entregaron las llaves en recepción y se marcharon sin nada a cambio. Querían vivir tranquilos sus últimos años y se aprovecharon de ellos”.
Incluso se llegaron a producir derribos. “A un vecino le tiraron la casa en diciembre. Y aquí no ha pasado nada”, denuncia.
Una zona protegida y administraciones inactivas
El camping está enclavado en plena Red Natura 2000 y en zona de flujo preferente, con riesgo de inundación. Aun así, los nuevos propietarios han tratado de instalar bungalows. “Han traído 23 casas prefabricadas sin licencia, aunque una sentencia ya estableció que eso está prohibido. Urbanismo abrió expediente, pero aquí siguen montándolas. Todo con la pasividad del Ayuntamiento de Cartagena de la Comunidad Autónoma y hasta de la CHS puesto que pretenden ponerlas en zona de flujo preferente”, critica Almagro.
“Nos sentimos impotentes, nadie mueve un dedo. Aquí nadie hace nada. Las autoridades miran hacia otro lado”, subraya.
El drama de los vecinos
Hoy quedan apenas entre 20 y 25 familias resistiendo. Todas en situación irregular y sometidas a litigios interminables. “Estamos en tratamiento psicológico. Hemos pasado meses sin poder entrar en nuestra propia casa, sin nuestra mascota, sin nuestras cosas. Lo que hemos vivido es una pesadilla”, explica Almagro.
La muerte de Margaret ha sido un golpe devastador. “Estoy destrozado. No he podido dormir en toda la noche. Era una mujer vulnerable, no aguantó más coacciones ni más sufrimiento”, dice entre la rabia y la tristeza.
Este domingo, los vecinos celebrarán una concentración en memoria de Margaret. Quieren convertir el luto en protesta. “Reclamamos justicia. Que nos devuelvan nuestro dinero y reconozcan el sufrimiento que nos han causado. No queremos hacer negocio, queremos soluciones justas”, concluye Almagro.
Un conflicto enquistado
El caso de El Portús resume décadas de irregularidades, desidia institucional y negocio privado en suelo protegido. “El origen de todo está en los antiguos propietarios y en el Ayuntamiento de Cartagena que lo consintió. Lo que aquí se ha hecho es una urbanización ilegal disfrazada de camping”, sentencia Almagro.
Margaret no pudo resistir más. Su muerte pone cara a un drama que sigue vivo para quienes aún permanecen en este enclave. Una historia de casas fantasma, engaños y coacciones que, de momento, continúa sin solución.
El trasfondo: un camping en tierra de nadie
El camping de El Portús nació en 1987 como un espacio turístico junto a Cala Morena, una cala de tradición naturista enclavada en un entorno protegido. Con el paso de los años, decenas de familias, muchas extranjeras, instalaron allí caravanas y mobile homes que acabaron funcionando como residencias permanentes. Esa convivencia entre uso turístico y residencial fue tolerada durante décadas por las distintas administraciones, pero la llegada de una nueva gestora en 2024 abrió una etapa de fricciones.
Los nuevos responsables del camping comenzaron a exigir la salida de residentes de larga duración, invocando la normativa que limita las estancias en recintos turísticos y anunciando obras de mejora. Fue entonces cuando comenzaron las denuncias por cortes de agua y luz, presiones verbales y obstáculos al paso a los residentes.
El ex diputado del PP, Andrés Ayala, les asesora
El camping fue adquirido por un fondo de inversión llamado Newtown Capital S.L. a finales del verano de 2023. Actualmente el complejo se promociona bajo la gestión de Taiga Resorts Costa Cálida, con el nombre comercial TAIGA Costa Cálida. En los contratos y publicidad, se menciona que la empresa pertenece a Borja de la Rica Entrecanales y Agustín Medina Álvarez. Según ha podido saber RRNEWS, les asesora el ex dirigente del PP, Andrés Ayala, con despacho de abogados en Cartagena especializado en derecho urbanístico, contratación pública y derecho mercantil.
Taiga Campings & Resorts cuenta con nueve campings en España, de los cuales cinco operan actualmente bajo la marca Taiga en destinos como Tarragona, Almería, Conil, Tarifa o el embalse de Mequinenza (Zaragoza). Su proyecto para el camping de El Portus pasa por la remodelación integral con la construcción de tres piscinas, zona infantil y pistas deportivas, entre otros elementos.
El golpe legal: la sentencia del Supremo
El conflicto se agudizó en diciembre de 2024, cuando el Tribunal Supremo dictó que las mobile homes deben considerarse viviendas prefabricadas y, por tanto, requieren licencia urbanística. El fallo judicial convertía en irregulares buena parte de las instalaciones del camping y situaba a los residentes en una posición aún más vulnerable. ¿Por qué las administraciones permitieron la construcción de viviendas sin licencia urbanística en el camping?
El acceso a Cala Morena, otro frente
Al mismo tiempo, surgió otra batalla: el acceso a la cala. Vecinos y plataformas denunciaron que el paso público estaba siendo limitado con rejas y controles. La Ley de Costas establece que el acceso al mar debe ser libre y gratuito y que debe garantizarse una franja de servidumbre de tránsito.
A lo largo de 2025 se sucedieron las protestas. Hubo concentraciones en la propia pedanía y manifestaciones en Cartagena para exigir a las administraciones que obligaran a la empresa propietaria del camping a mantener abierto el paso.
En verano, las denuncias se intensificaron: los bañistas afirmaban que solo podían entrar tras entregar datos personales y en franjas horarias concretas.
El debate llegó a la Asamblea Regional. El 17 de junio de 2025, el Parlamento murciano aprobó por unanimidad una moción en la que se instaba al Gobierno de España a garantizar que el acceso a Cala Morena fuese público, libre y gratuito, tal como establece la Ley de Costas. Todos los grupos coincidieron en la necesidad de intervenir, tras meses de denuncias vecinales y protestas en Cartagena.
La iniciativa parlamentaria abría además la puerta a que el Consejo de Ministros declarara la zona de utilidad pública, paso indispensable para emprender, en su caso, procesos de expropiación o medidas legales que aseguren el tránsito sin depender de la empresa que gestiona el camping.
Instituciones y responsabilidades
El Ayuntamiento de Cartagena insiste en que se trata de un recinto privado, aunque admite que debe garantizarse el acceso a la cala. La Comunidad Autónoma ha debatido propuestas para blindar ese derecho. Y la Demarcación de Costas, dependiente del Estado, debe decidir si las condiciones de la concesión del camping respetan efectivamente las servidumbres de acceso. Y si no se garantiza el paso, debe habilitarlo en cumplimiento de la legalidad vigente.
La desidia administrativa
Mientras tanto, los vecinos denuncian la desidia y la incompetencia de las administraciones. Señalan que Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y Estado se han pasado la pelota de unas manos a otras sin ofrecer soluciones reales. Las obras sin licencia, los cortes de suministros, las restricciones de acceso y la presión sobre residentes de larga duración se han tolerado durante meses a la vista de todos. Esa inacción, afirman, ha creado el caldo de cultivo perfecto para que el conflicto se enquiste y, en casos como el de Margaret, desemboque en tragedia.
Un conflicto con rostro humano
El presunto suicidio de Margaret ha convertido un problema administrativo y urbanístico en una tragedia con rostro humano. Su muerte evidencia el coste personal de un conflicto donde se cruzan tres planos: el derecho ciudadano a acceder al mar, la legalidad de las residencias permanentes en un camping turístico y la convivencia entre tradiciones y usos sociales en una playa única.
Lo ocurrido en camping de El Portús recuerda que, más allá de las normas, hay vidas en juego. Y que la gestión del litoral no puede desligarse del impacto que las decisiones empresariales y políticas tienen sobre quienes, como Margaret, habían hecho de este rincón su hogar.
La Asociación Cala Morena (ACM) ha convocado una concentración este domingo 5 de octubre a las 11:00 horas, en el acceso principal a Cala Morena, junto al Camping El Portús, “para exigir justicia por la muerte de Margaret y acompañar a Collin en este momento de dolor”.
En su comunicado público titulado “Justicia para Margaret”, la entidad señala directamente a los responsables: “los directivos del camping, las empresas y trabajadores que colaboraron en el hostigamiento, y las instituciones que miraron hacia otro lado”.
La asociación reclama a las autoridades tres medidas urgentes:
- Apertura inmediata de una investigación penal e independiente.
- Identificación y sanción de los responsables materiales y cómplices.
- Protección y reparación para Collin y para el resto de vecinos afectados.
“Margaret y Collin pidieron ayuda. Nadie los escuchó. Esta muerte no puede quedar impune”, concluye el comunicado.