El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado la existencia de 1.402 pisos turísticos ilegales en la Región de Murcia, cuyos anuncios deberán ser retirados de las principales plataformas digitales de alojamiento. La medida se enmarca en el despliegue del Registro Único de Alojamientos Temporales y la Ventanilla Única Digital, impulsados por la ministra Isabel Rodríguez para combatir el fraude en los alquileres turísticos y preservar la función social de la vivienda.
Según los datos oficiales, se trata de inmuebles que habían solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido por no cumplir con los requisitos legales. Al figurar como revocados, las plataformas tienen la obligación de eliminarlos de su oferta, evitando que sigan comercializándose en paralelo en distintos portales.
San Javier, Cartagena y Murcia, a la cabeza de los pisos ilegales
El listado regional sitúa a San Javier como el municipio con mayor número de solicitudes revocadas (391), seguido de Cartagena (211), Murcia capital (184), Torre-Pacheco (139) y Los Alcázares (112). Se trata, en su mayoría, de zonas de alta presión turística, donde la proliferación de alojamientos ilegales incide de manera directa en el acceso a la vivienda para las familias residentes.
A nivel nacional, desde la puesta en marcha del registro el 1 de enero, se han recibido 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres turísticos. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3%), lo que supone que uno de cada cinco intentos de registro ha sido rechazado por incumplir la normativa.
España, pionera en la lucha contra el fraude
El Gobierno subraya que España es el primer país de Europa en implantar un sistema único de registro de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores. A través de la Ventanilla Única Digital, se cruzan los datos de las solicitudes con los anuncios publicados en plataformas como Airbnb o Booking, que ya están colaborando en el proceso de verificación.
La ministra Isabel Rodríguez ha defendido la medida como una herramienta esencial para frenar la especulación: “Los pisos turísticos ilegales expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan nuestras ciudades. Con este registro damos un paso firme para proteger el derecho a la vivienda y acabar con la economía sumergida en este sector”, ha afirmado en anteriores intervenciones.
La anomalía madrileña
El informe también pone de relieve el caso de la Comunidad de Madrid, donde el patrón de registros se invierte: el 83% de las solicitudes corresponden a alquileres temporales frente al 17% turístico. Sin embargo, más de un tercio de las solicitudes para uso turístico han sido revocadas, lo que confirma la dificultad para cumplir con la normativa autonómica.
El mapa del fraude
Por comunidades autónomas, las que concentran más solicitudes revocadas son Andalucía (16.740), Canarias (8.698), Catalunya (7.729) y Comunitat Valenciana (7.499). La Región de Murcia, con sus 1.402 registros rechazados, se sitúa en la parte media de la tabla, aunque con un impacto notable en los municipios costeros y turísticos.
Un paso más en la regulación
La ofensiva del Ministerio contra los pisos ilegales se suma a otras iniciativas en curso, como la futura Ley estatal de Vivienda en materia de alquiler turístico, que busca establecer un marco homogéneo para todas las comunidades autónomas. Con el registro y la colaboración de las plataformas digitales, el Gobierno confía en que la oferta turística se ajuste a la legalidad y en que se reduzca la presión especulativa sobre el mercado residencial.