¿Cómo puede el Partido Popular de López Miras y Ballesta dar lecciones sobre corrupción mientras mantiene en el núcleo del poder municipal a dos altos cargos acusados precisamente de eso? La pregunta, incómoda pero inevitable, se llama caso Umbra.
Dos nombres bastan para comprender la paradoja: Alberto Guerra e Isabel Fernández Guerras. Matrimonio, coordinadores de concejalías estratégicas en el Ayuntamiento de Murcia, no son técnicos de segunda fila ni asesores de despacho. Son quienes mandan. Guerra dirige Fomento y Patrimonio -bajo el paraguas de la vicealcaldesa Rebeca Pérez– y Fernández Guerras coordina Movilidad, Gestión Económica y Contratación, junto a Juan Francisco Muñoz. Urbanismo, patrimonio, contratación, dinero público: los resortes clave de la administración local están bajo sus manos.
Lo insólito no es su posición. Lo verdaderamente perturbador es que sobre ellos pesa una acusación de corrupción de tal calibre que no procede de rivales políticos ni de plataformas ciudadanas, sino del propio Ayuntamiento de Murcia. La institución para la que trabajan pide su encarcelamiento.
La letrada municipal atribuye a Guerra cuatro delitos de cohecho, uno de prevaricación y negociaciones prohibidas, con una petición de 12 años y medio de prisión y 36 de inhabilitación. A su esposa, cuatro cohechos y negociaciones prohibidas, con idéntica pena de cárcel y 29 años de inhabilitación. En conjunto, más de 24 años de prisión. Y, pese a ello, ambos siguen ejerciendo poder efectivo dentro del mismo consistorio que reclama su condena.
El caso Umbra, destapado en 2010, se convirtió en símbolo de la corrupción urbanística que devoró Murcia durante los años de pelotazos inmobiliarios. Casi tres lustros después, el proceso judicial avanza con la lentitud desesperante que caracteriza a las macrocausas, y ya hay fecha para una de sus piezas más sonadas: el juicio por la operación del Real Casino de Murcia, fijado para diciembre de 2027. Entre los acusados, además de Guerra y Fernández, figuran nombres como Juan Antonio Megías, presidente del Casino, y Fernando Berberena, ex concejal de Urbanismo.
El contraste es brutal: mientras la Audiencia Provincial programa vistas para dentro de dos años, el Ayuntamiento practica la política de la normalidad ficticia. De puertas afuera, reclama prisión. De puertas adentro, otorga poder y confianza. El silencio de quienes deberían dar explicaciones -la vicealcaldesa, los concejales implicados, el propio alcalde Ballesta- es tan atronador como el hecho mismo.
¿Qué mensaje se traslada al ciudadano? Que la corrupción no se paga, se premia. Que la ejemplaridad institucional es papel mojado. Que, mientras se pronuncian discursos huecos contra la corrupción, los imputados siguen manejando los resortes de las decisiones administrativas. Y, mientras tanto, ¿cuántos jefes de sección han sido cesados por rebelarse, por no plegarse a la autoridad de estos coordinadores acusados de corrupción? La impunidad de unos contrasta con la represalia contra otros.
El PP de López Miras y Ballesta pretende erigirse en adalid de la ética pública y el buen gobierno, pero su propia gestión municipal en Murcia desmiente cada palabra. No se trata ya de esperar la sentencia judicial, sino de exigir coherencia política. Si el Ayuntamiento pide cárcel para dos de sus altos cargos, ¿qué justifica que sigan al frente de áreas tan sensibles?
La justicia hablará -tarde, demasiado tarde-. Pero el juicio ciudadano ya está pronunciado: la política del doble discurso ha convertido al Ayuntamiento de Murcia en un ejemplo de cómo no se combate la corrupción.