La Asociación de Vecinos del Sector Estación de Cartagena y la vecina María Ángeles V. B han llevado a los tribunales lo que describen como una “situación de extrema gravedad” en el barrio de Los Mateos: la existencia de un foco activo de residuos peligrosos en la Unidad de Actuación nº 1 (UA-1), colindante con viviendas habitadas.
La denuncia, presentada ante el Juzgado de Instrucción de Cartagena y que lleva el abogado, José Manuel Muñoz, acusa al Ayuntamiento de Cartagena y a su sociedad instrumental Casco Antiguo S.A. de haber comprado en 2023 unos terrenos “a sabiendas de su peligrosidad” y de haberlos dejado abandonados, sin sellado ni descontaminación, pese a informes técnicos que advertían de un riesgo “grave y acreditado” para la salud pública y el medio ambiente.
Para María Ángeles, que vive pared con pared con la parcela contaminada, el problema es personal. Ha visto el cáncer entrar en su familia y en sus vecinos y teme que la exposición prolongada a las sustancias tóxicas de este foco pueda estar detrás de la enfermedad: “no estamos hablando de algo abstracto, sino de un riesgo que respiras todos los días en tu propia casa”.
Tres delitos en juego y un agujero de más de 340.000 euros
Los denunciantes consideran que los hechos podrían constituir un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 325 CP), agravado por riesgo grave para la salud de las personas, delito de prevaricación administrativa por omisión (art. 404 CP y delito de malversación de caudales públicos (art. 432 CP) en su modalidad de administración desleal.
La operación supuso que el Ayuntamiento pagara 437.279 euros por unos terrenos que requerían un saneamiento de 540.686,09 euros, según la consultora acreditada HERA Holding. El Consejo de Administración de Casco Antiguo S.A. solo descontó 200.000 euros del precio, generando, según el escrito, “un perjuicio patrimonial directo, consciente y económicamente evaluable […] de, como mínimo, 340.686,09 euros”.
Pero el daño económico no se limita a la compra. La denuncia recuerda que con la operación se exoneró a la empresa vendedora, Técnica de Inversiones Gamma S.L., de su obligación legal de descontaminar, contraviniendo el principio “quien contamina, paga”.
Los informes técnicos no dejaban dudas
El 15 de marzo de 2023, la Universidad Politécnica de Cartagena entregó un estudio con conclusiones inequívocas: “Los resultados muestran altas concentraciones de metal(oid)es, superando más de 100 veces los Niveles Genéricos de Referencia SE RECOMIENDA EL TRASLADO DE LOS SUELOS CONTAMINADOS, PREVIO TRATAMIENTO, A VERTEDERO DE RESIDUOS PELIGROSOS.”
En mayo de 2023, HERA Holding presentó un Análisis Cuantitativo de Riesgos que alertaba de “riesgos no aceptables” para los vecinos:
- Riesgo tóxico en el interior de las viviendas colindantes un 40% por encima del máximo tolerable.
- En el exterior, un 80% superior al nivel seguro.
- Riesgo cancerígeno 39 veces superior al umbral aceptable por contacto directo con el suelo.
Y en junio de 2023, un informe de la misma empresa fue tajante: “La única opción viable para la gestión de este material sería la inertización […] y su depósito en vertedero de residuos peligrosos.”
Pese a todo, el 8 de junio de 2023 el Consejo de Administración de Casco Antiguo S.A. ratificó la compra de los terrenos para construir viviendas sociales.
Omisión continuada de la ley y riesgo diario
La denuncia acusa al Ayuntamiento de Cartagena de incumplir la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados y la Directiva 2008/98/CE, al mantener durante más de dos años los residuos peligrosos a la intemperie, sin confinamiento, sin vallado y sin señalización.
El plazo máximo legal para almacenamiento temporal de residuos peligrosos es de seis meses. La parcela UA-1 supera ya los dos años desde la adquisición, convirtiéndose, según la denuncia, en “un abandono inaceptable”. También denuncian los vecinos que se ha vulnerado el principio de que “quien contamina, paga” al exonerar al vendedor de la descontaminación.
Riesgo de cáncer 39 veces superior al umbral aceptable
La denuncia respalda sus acusaciones en análisis técnicos con cifras alarmantes y en la jurisprudencia europea. Los estudios de HERA Holding detectaron en 2023 un riesgo cancerígeno 39 veces superior al umbral aceptable y un riesgo tóxico un 80% por encima del nivel seguro en el exterior de las viviendas, que en 2024 aumentó hasta más del doble del límite permitido.
El escrito recuerda que la Directiva 2008/98/CE obliga a que la gestión de residuos se realice “sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente” y cita la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de marzo de 2017 que condenó a España por un caso similar de abandono de residuos peligrosos.
Las pruebas gráficas y audiovisuales aportadas en la denuncia muestran la dispersión constante de polvo contaminado desde la parcela hacia las viviendas colindantes y espacios de uso público.
En las imágenes se aprecia la ausencia total de vallado y señalización, con puertas traseras y ventanas de las casas abiertas hacia el terreno, mobiliario doméstico en patios que lindan con el foco y vehículos circulando sobre los residuos. El vídeo aportado recoge cómo, con el simple gesto de pasar un pie, el polvo rojizo -compatible con cenizas de tostación de pirita- se eleva y se desplaza con el viento, colándose en los hogares y depositándose sobre muebles y ropa tendida.
La denuncia alerta de que esta situación afecta directamente a población infantil que juega en las inmediaciones y a centros de alta vulnerabilidad como el colegio público Asdrúbal y la Asociación Rascasa, situados a escasos metros.
Los vecinos señalan a los presuntos responsables
- Noelia María Arroyo Hernández, alcaldesa de Cartagena.
- Diego Ortega Madrid, ex concejal de Urbanismo e Infraestructuras y posteriormente de Presidencia, Urbanismo e Infraestructuras.
- Pablo Braquehais Desmonts, ex concejal de Medio Ambiente y de Patrimonio y Vivienda.
- Ana Belén Castejón Hernández, entonces alcaldesa y presidenta del Consejo de Administración de Casco Antiguo S.A.
- Juan Pedro Torralba Villada, Esperanza Nieto Martínez, Antonio Manuel Padín Sitcha y Diego Ortega Madrid, consejeros de Casco Antiguo S.A. que aprobaron la compra.
- Jacinto Martínez Moncada, apoderado de Casco Antiguo S.A. y jefe de Urbanismo que firmó la escritura de compra.
- La sociedad municipal Casco Antiguo S.A. como persona jurídica.
- Técnica de Inversiones Gamma S.L., empresa vendedora.
Una vecina que no se resigna
María Ángeles V.B. no habla como una activista lejana. Su casa está pared con pared con la parcela. Ha visto cómo el polvo rojizo se cuela por ventanas y rendijas. Ha visto vecinos enfermar. Ha visto el cáncer entrar en su familia. Es consciente de que están respirando veneno
Para ella y para la Asociación de Vecinos, la batalla es clara: que la justicia obligue a actuar antes de que el daño sea irreversible. Porque, como concluye la denuncia, “el riesgo es grave, directo y científicamente probado”.