La Asociación de Vecinos del Sector Estación de Cartagena y la Plataforma de Suelos Contaminados han presentado ante el Ayuntamiento de Cartagena un tercer escrito de denuncia en relación con la parcela municipal conocida como El Hondón. El documento, registrado el 21 de agosto de 2025, acusa al consistorio de persistir en actuaciones ilegales y de mantener un trato desigual respecto a otros terrenos contaminados de la ciudad.
Según exponen los colectivos vecinales, tras los escritos presentados el 29 de julio y el 6 de agosto, el Ayuntamiento de Cartagena, dirigido por Noelia Arroyo, no solo no ha corregido las irregularidades señaladas, sino que ha instalado nueva señalización que incumple la normativa vigente en materia de seguridad y salud (Real Decreto 485/1997, Real Decreto 1029/2022 y Reglamento (CE) nº 1272/2008 CLP). A su juicio, esta persistencia constituye una “negligencia inexcusable” al generar una falsa apariencia de seguridad.
Los denunciantes subrayan que el propio Ayuntamiento exige a particulares el cumplimiento estricto de la legalidad en parcelas similares. Como ejemplo, adjuntan fotografías de la señalización reglamentaria existente en el perímetro de la antigua Española del Zinc, declarada suelo contaminado en 2009, que sí incluye pictogramas de riesgo específicos omitidos en El Hondón. “Es intolerable que el Ayuntamiento se exima a sí mismo de las obligaciones que impone a los demás”, sostienen, recordando el principio de igualdad ante la ley del artículo 14 de la Constitución.
El escrito también denuncia que el cerramiento perimetral de la parcela sigue siendo deficiente, permitiendo el acceso a una zona de alta peligrosidad, pese a que se anunció en prensa una reparación urgente que todavía no se ha ejecutado.
Exigencias de los colectivos
En su escrito, las asociaciones reclaman al Ayuntamiento de Cartagena la retirada inmediata de toda la señalización ilegal y su sustitución por otra que cumpla la normativa, incluyendo todos los pictogramas de riesgo radiológico y químico aplicables; una respuesta escrita con base en informes técnicos y jurídicos que justifique por qué se ha optado por señalización contraria a la ley; la reparación completa y urgente del vallado perimetral y acceso al expediente administrativo y a todos los informes relacionados.
Los vecinos también demandan información sobre los gastos y facturas derivados de la instalación de la señalización incorrecta.
Advertencia de acciones legales
Finalmente, advierten de que, si en el plazo de diez días hábiles no se corrigen las irregularidades, trasladarán toda la documentación a la Fiscalía de Medio Ambiente, al Defensor del Pueblo y a las consejerías de Sanidad y Medio Ambiente de la Región de Murcia, para que se investigue la posible comisión de un delito contra la salud pública y el medio ambiente, así como un posible caso de prevaricación por omisión.