Un año después de que un auto judicial obligara a sellar “de forma inmediata” las celdas del vertedero de residuos peligrosos de la antigua empresa Española del Zinc (ZINCSA), la orden sigue sin ejecutarse. Vecinos de Torreciega y de la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena se concentraban ante los juzgados de la ciudad, para denunciar lo que califican como una “flagrante continuidad delictiva amparada por la pasividad judicial y administrativa”.
Las organizaciones recuerdan que el auto fue dictado el 20 de agosto de 2024 por el Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena y advierten de que la inacción ha permitido la expansión de contaminantes tóxicos en viviendas, calles, terrenos agrícolas y hasta en los sedimentos del puerto interior. En un escrito registrado este martes ante el juzgado, exigen la ejecución forzosa de la medida y advierten que emprenderán acciones legales contra las autoridades que sigan sin actuar.
Los vecinos estudian incluso llevar su denuncia hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante lo que consideran una inacción intolerable por parte del titular del Juzgado de Instrucción número 5.
Evidencias de un riesgo extremo para la salud y el medio ambiente
El documento remitido al juez por las asociaciones se apoya en informes oficiales, atestados del SEPRONA y peritajes científicos que, según denuncian, acreditan un escenario de máxima gravedad:
- Riesgo carcinogénico en niños: Los peritajes toxicológicos han detectado concentraciones de plomo, cadmio, arsénico y zinc en polvo doméstico y en espacios públicos de Torreciega hasta 470 veces superiores a los umbrales de riesgo aceptables de la OMS.
- Envenenamiento confirmado: Análisis biomédicos realizados a vecinos muestran plomo y cadmio en sangre en niveles compatibles con una exposición crónica, asociada a mayor incidencia de patologías oncológicas, coronarias, renales y neurológicas.
- Neurotóxicos y amianto: Se ha detectado mercurio, con especial riesgo para fetos y niños, y amianto procedente de antiguas demoliciones industriales.
- Expansión por lluvias: Los lixiviados arrastran contaminantes hacia áreas urbanas y agrícolas, afectando también al puerto de Cartagena. Este año, los vecinos han presentado más de diez denuncias ante el SEPRONA por esta situación, sin respuesta judicial.
- Fauna en peligro: Las balsas de lixiviados actúan como trampas mortales para aves protegidas, entre ellas garcillas bueyeras, gaviotas de Audouin y cormoranes.
La falta de sellado vulnera la Ley 7/2022 de residuos, el Real Decreto 646/2020 sobre vertederos, la Directiva europea 1999/31/CE y el artículo 325 del Código Penal sobre delitos ambientales.
“No es una dilación, es negligencia histórica”
Para los portavoces vecinales y de la plataforma, la inacción judicial y de la Comunidad Autónoma “no es una mera dilación, es el capítulo final de una negligencia histórica que se remonta a la autorización del vertedero en 2002 por la Dirección General de Medio Ambiente de la CARM”. Aseguran que se están vulnerando derechos fundamentales recogidos en la Constitución: el derecho a la salud (art. 43 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).
El incumplimiento de una sentencia judicial transmite un mensaje profundamente dañino
Cuando un tribunal dicta una resolución y esta no se ejecuta, la percepción pública es que las leyes no son iguales para todos y que las instituciones carecen de eficacia o voluntad para proteger derechos fundamentales.
En el caso de Torreciega, se trata de un auto judicial que ordenaba el sellado inmediato de un vertedero peligroso para la salud. Al no cumplirse, el mensaje que llega a los vecinos es doblemente negativo: desamparo institucional e impunidad para los responsables.