La asociación AMACOPE de Águilas ha vuelto a alzar la voz tras un nuevo incendio registrado el pasado 11 de agosto en los tarays de la playa del Charco, un enclave de alto valor ecológico integrado en el Parque Regional de Cabo Cope-Puntas de Calnegre. No es un episodio aislado: la zona lleva meses sufriendo fuegos reiterados que, según denuncian, amenazan con convertir este espacio en “una víctima más de la desidia política y del vandalismo ambiental”.
El fuego afectó a ejemplares de Tamarix canariensis, especie catalogada como protegida y de “interés especial” en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia. La destrucción de este arbolado no solo compromete la regeneración de la flora autóctona, ya en situación crítica, sino que también impacta de lleno en la biodiversidad del entorno. Aves migratorias y reproductoras, cada vez más escasas, como la tórtola europea (Streptopelia turtur) o el alzacola (Cercotrichas galactotes), ven amenazados sus hábitats.
A ello se suma la erosión del suelo y el deterioro acumulado que dejan tras de sí los incendios, cuyo carácter repetitivo hace sospechar que puedan ser provocados. “Resulta incomprensible que todavía no se haya identificado a los responsables”, lamenta la organización, que denuncia la “falta de vigilancia efectiva” en el parque.
Un plan pendiente desde hace 33 años
Para AMACOPE, buena parte del problema reside en la ausencia de un marco legal claro de protección. El Parque Regional Cabo Cope-Puntas de Calnegre fue declarado en 1992, pero 33 años después sigue sin contar con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), un instrumento esencial que establecería las medidas de gestión y conservación.
“El PORN es una herramienta clave para garantizar la protección efectiva de este enclave y minimizar los riesgos que hoy lo acechan”, recalca la asociación, que considera “insostenible” la actual situación de indefensión.
Medidas urgentes
Ante este escenario, AMACOPE insta a la Consejería de Medio Ambiente a actuar de inmediato con un paquete de medidas concretas: aprobación urgente del PORN del Parque Regional, refuerzo de la vigilancia y patrullas preventivas, investigación prioritaria de los incendios, campañas de sensibilización y sanciones efectivas a los infractores, restauración ecológica de las zonas dañadas y un estudio sobre el impacto ambiental acumulado por los fuegos.
Patrimonio común
La entidad recuerda que Cabo Cope-Puntas de Calnegre constituye uno de los últimos reductos de litoral virgen en el sureste español, un “patrimonio común de alto valor ecológico y cultural” cuya preservación “no es solo un deber legal, sino también un compromiso ético con las generaciones futuras”.
“La playa del Charco no puede convertirse en una víctima más”, advierten desde AMACOPE. Y subrayan que protegerla requiere un esfuerzo conjunto: de las administraciones, de los cuerpos de seguridad, de las entidades sociales y empresariales, pero también de la ciudadanía, llamada a ejercer una responsabilidad cívica individual y colectiva.
La aprobación del PORN es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que hasta la fecha no ha cumplido con esta obligación legal a pesar de las reiteradas demandas sociales y ecologistas. Para AMACOPE, la inacción del Ejecutivo regional demuestra una falta de compromiso con la conservación de un espacio protegido desde hace más de tres décadas, cuya gestión sigue pendiente de una planificación que nunca llega.
¿Por qué el Gobierno regional del PP no aprueba el PORN? Intereses políticos, económicos y urbanísticos. Los PORN establecen límites claros que chocan con intereses económicos; mantenerlo bloqueado permite jugar con la ambigüedad.
Un PORN delimita de manera clara qué usos están permitidos y cuáles quedan prohibidos dentro del parque. En el caso de Cabo Cope, esto podría bloquear o restringir proyectos urbanísticos, agrícolas intensivos o turísticos, algo que a ciertos sectores empresariales y políticos no les interesa. Promotores inmobiliarios, sectores agrícolas intensivos o actividades recreativas pueden presionar para que no se apruebe un plan que limite su margen de actuación. En Cabo Cope ha habido históricamente conflictos por intentos de urbanizar zonas cercanas a la costa.
Luego está la falta de voluntad política. Aprobar un PORN requiere asumir un coste político: enfrentarse a sectores que se sienten perjudicados, asignar presupuesto para vigilancia, restauración ecológica y gestión del parque, y priorizar la conservación frente a intereses económicos inmediatos. De ahí que la decisión se esté postergando de manera indefinida
Mientras no exista un PORN, el uso del territorio queda en una especie de “limbo legal”. Esa indefinición beneficia a quienes buscan aprovechar los vacíos normativos para introducir proyectos polémicos que con una ordenación clara serían ilegales. El PORN consolidaría un modelo de gestión basado en la protección ambiental.