La Región de Murcia se ha convertido en un territorio donde el silencio pesa más que la noticia. Un Cabo del Miedo a la murciana, donde el temor -o la conveniencia- ha sellado labios y apagado micrófonos frente a un hecho que, en cualquier lugar con un mínimo de cultura democrática, ocuparía portadas, abriría informativos y haría correr tinta a raudales con la que está cayendo en España a cuenta de los currículums de los dirigentes políticos: el presidente autonómico, Fernando López Miras, incurriendo en un incumplimiento flagrante de la ley.
No solo vulnera el Estatuto de la Abogacía (Real Decreto Ley 135/2021), también vulnera la Ley Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Si es presidente, no puede mantener como abogado en ejercicio con dirección de despacho situado en Lorca según el censo de la Abogacía. No puede, es ilegal. Tampoco puede aparecer togado en actos públicos. Ese derecho solo está reservado al Rey no siendo ejerciente. Y López Miras, aunque se crea rey, no lo es.
No hablamos de rumores, ni de interpretaciones creativas: la norma es cristalina, el incumplimiento evidente y el interés periodístico, incuestionable. Y, sin embargo, la prensa local calla y las instituciones prefieren la ceguera voluntaria. Es el manual básico del blindaje político: ahogar la historia en la nada del olvido antes de que alguien se atreva a romper la omertá.
En este silencio generalizado hay un dato que resulta especialmente revelador: ¿cómo es posible que las agencias de noticias no se hagan eco de una nota de prensa del principal grupo en la oposición, el PSOE, pidiendo a la Comisión del Estatuto del Diputado que investigue la situación del presidente? La respuesta es tan incómoda como obvia: porque incomoda al presidente.
En Murcia, la mordaza ya no es sólo un instrumento de poder: es una estrategia de supervivencia mediática. Nadie quiere incomodar al que manda; todos esperan que el escándalo se evapore por sí solo. Y mientras tanto, el ciudadano, ese al que le venden democracia a precio de saldo, sigue sin saber lo que se debería estar gritando en titulares.
¿Cuantas llamadas habrá realizado la secretaria general de Presidencia y jefa de gabinete de López Miras, la temida Mar Moreno? ¿Por qué guarda silencio el Colegio de Abogados de Lorca ante el incumplimiento flagrante del Estatuto de la Abogacía 135/2021 de 2 de marzo (artículos 4.2, 18.1 y 18.3). ¿Ha realizado alguna gestión la Comisión del Estatuto del Diputado de la Asamblea Regional presidida por Visitación Martínez? ¿La hará? ¿Por qué López Miras sigue como abogado ejerciente si no ejerce?
El Colegio de Abogados de Lorca no sólo puede actuar, sino que está legalmente obligado a hacerlo cuando un colegiado se encuentra en una situación de incompatibilidad como la que describe el artículo 18.3 del Estatuto General de la Abogacía Española.
La norma es clara: si el abogado no regulariza su situación, el Colegio debe suspender cautelarmente su condición de ejerciente y abrir expediente disciplinario. No hacerlo no es neutral: convierte al Colegio en parte del problema.
Mantener la condición de abogado ejerciente no es un simple tecnicismo. Tiene ventajas muy concretas:
- Antigüedad profesional: suma años para acceder, por ejemplo, a plazas judiciales por el cuarto turno.
- Prestigio y proyección: conservar la etiqueta de “abogado” en la biografía institucional refuerza imagen y autoridad.
- Puerta abierta a futuro: reincorporarse al ejercicio sin trámites complejos si deja la política.
Esta es la razón por la que el silencio y la inacción frente a una incompatibilidad legal no son una mera anécdota, sino una decisión con claro interés estratégico.
El periodismo -el de verdad, el que se escribe incomodando al poder- no está para halagar o adornar, sino para denunciar y exponer. Y hoy, aquí, en esta Murcia del silencio calculado, la incomodidad brilla por su ausencia.