Dicen que están en un limbo jurídico, que solo quieren legalizar su situación, que se sienten abandonados. Los vecinos de Joven Futura anuncian protestas pidiendo aceras, carriles bici y algo que llaman “dignidad urbanística”. Pero la realidad es otra. Muy distinta. Porque no son víctimas: fueron los promotores. Y no hablamos de una promoción cualquiera: hablamos de una operación urbanística ilegal que arrasó huerta protegida, vulneró múltiples leyes y llenó bolsillos muy concretos.
Lo dice la justicia. En 2015, el Tribunal Supremo anuló la Modificación 50 del PGOU de Murcia que permitió la urbanización. Lo hizo por una ilegalidad manifiesta: la inexistencia de recursos hídricos suficientes para urbanizar la zona. Pero esa era solo una de al menos ocho ilegalidades graves detectadas en el expediente. No hizo falta más. Al Supremo le bastó con certificar la primera ilegalidad manifiesta. Al año siguiente, en 2016, el TSJ anuló el plan parcial que sirvió de soporte a la urbanización.
Pese a las ilegalidades, los bloques se construyeron. Se vendieron. Se subvencionaron con dinero público -entre 12.500 y 20.000 euros por vivienda- por tratarse de VPO. Y ahora que ya ha pasado el periodo legal de protección, muchos de los cooperativistas, probablemente, quieran vender. Pero las tasaciones son a la baja dada la situación de ilegalidad. Y eso dificulta el negocio especulativo.
No olvidemos que entre los cooperativistas-promotores está el hermano del actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón. Y no está solo. Entre los propietarios hay familiares de altos funcionarios de la Comunidad Autónoma, hijos de jueces y otras figuras con acceso al poder. Es decir, quienes impulsaron este pelotazo sabían muy bien lo que estaban haciendo y con qué respaldo contaban.
En el epicentro de todo está la gestora Novel Stamp, la empresa promotora del proyecto. Sus dueños son los hermanos Zamora, vinculados al Partido Popular, y entre sus socios figuraba Fernando Berberena, el concejal de Urbanismo que promovió todo desde dentro del Ayuntamiento. La jugada fue redonda: millones de euros en beneficios privados a costa del interés público.
Y ahora, con las sentencias firmes en contra, ¿cuál es el plan del Ayuntamiento? Modificar el PGOU para “regularizar” Joven Futura. Pero, ¿tiene sentido intentar modificar un plan general caducado, cuando ya se está redactando un nuevo PGOU? ¿No es esto un parche descarado para blanquear lo que jamás debió construirse?
Lo más grave del asunto es que plantean una regularización exprés, pero no con la normativa actual -más exigente y restrictiva-, sino con normas antiguas que ya han sido anuladas por los tribunales. Pretenden que se les aplique un marco legal que ya no existe para blanquear un pelotazo urbanístico y poder hacer caja. La urbanización Joven Futura lleva en el limbo una década porque todos los intentos de legalización que han planteado hasta la fecha eran abiertamente ilegales.
Mientras tanto, los vecinos de Senda de Granada -los que sí estaban ahí desde siempre- piden no volver a ser atropellados y que cualquier solución sea consensuada y, por encima de todo, legal. Nunca pidieron que se urbanizara su entorno, nunca cobraron subvenciones, nunca destruyeron yacimientos romanos ni promovieron urbanismo ilegal. Son ellos quienes han perdido la huerta, la tranquilidad y la justicia porque vieron como parte de sus tierras eran expropiadas.
«Así que si alguien cree que los vecinos de Senda de Granada vamos a permitir otro pelotazo con la excusa de regularizar lo ilegalizable, que se preparen. Porque la batalla judicial será larga, será pública y será muy dura» advierten decididos a plantar cara.