Durante años, nos repetimos que hay cosas que jamás podrían pasar. Que en democracias consolidadas, nadie se atrevería a recortar los tratamientos que salvan vidas. Que por más diferencias ideológicas que haya, la salud es sagrada. Intocable. Innegociable.
Hasta que pasó.
En Argentina, más de 60 pacientes oncológicos murieron en 2024 sin recibir la medicación que antes les suministraba el Estado. El gobierno de Javier Milei -obsesionado con reducir el gasto público a toda costa- desmanteló el organismo que proveía esos fármacos. Cerró programas de detección temprana de cáncer de mama y cuello uterino. Dejó sin recursos al Instituto Nacional del Cáncer. No es una opinión. Son hechos. Están ocurriendo ahora mismo, en un país que hasta hace poco tenía uno de los sistemas públicos de salud más sólidos de América Latina.
En Estados Unidos, bajo la segunda administración de Donald Trump, el presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer ha sido recortado un 37 %. Se han congelado ensayos clínicos. Eliminado programas de prevención. Reducciones que afectarán directamente a millones de ciudadanos con cáncer. También aquí los datos son oficiales. También aquí nadie creyó que llegaría tan lejos.
¿Y en España? ¿Seguimos creyendo que “eso aquí no pasará”?
La realidad es que sí puede pasar. Y lo que es peor: es probable que ocurra si el Partido Popular alcanza el poder de la mano de Vox. El programa de esta última formación no deja lugar a dudas: negacionismo climático, oposición a políticas de igualdad, recentralización del Estado, y, por supuesto, un modelo de salud donde el sector privado deja de ser complemento para convertirse en prioridad. Ya han hablado de “recuperar competencias”. Ya han pedido acabar con lo que llaman “gasto ideológico”. ¿Cuánto falta para que llamen ideológico al tratamiento de un cáncer? ¿Cuánto para que los tratamientos más costosos se consideren insostenibles? ¿O una “carga” para el Estado?
Imaginemos por un momento que el Ministerio de Sanidad cae en manos de Vox. Que un ultraconservador decide qué medicamentos subvencionar y cuáles no. Que la salud se mida con una calculadora y no con criterios médicos. Imaginemos que se empiezan a eliminar tratamientos “poco eficientes”, o que se insta a las comunidades autónomas a derivar pacientes al sector privado sin cobertura pública. No estamos en el terreno de la ciencia ficción. Estamos en el de la experiencia reciente: lo que parecía imposible en Buenos Aires o en Washington, hoy está pasando.
El cáncer no espera. No entiende de presupuestos ni de campañas electorales. Un diagnóstico no se congela porque haya cambio de gobierno. El acceso al tratamiento, sí.
Esta no es una alerta alarmista. Es una advertencia basada en hechos. En muertes. En decisiones políticas que ya han condenado a personas concretas con nombres y apellidos. Que han transformado el miedo al diagnóstico en desesperación por la falta de tratamiento.
Si permitimos que la sanidad pública sea troceada, recortada, privatizada y entregada al interés ideológico o económico de unos pocos, estaremos firmando la sentencia de muerte de muchos ciudadanos.
Y cuando queramos reaccionar, puede que ya sea tarde. Como en Argentina. Como en Estados Unidos.
Porque lo que parecía impensable, ya está ocurriendo. Y si no abrimos los ojos, mañana puede pasarnos a nosotros.