El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) le ha vuelto a tirar de las orejas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). ¿El motivo? Lleva casi un año ignorando una sentencia firme que le obliga a decir, con nombres y apellidos, quién está ocupando despachos y haciendo trabajo en las dependencias de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sin ser funcionario.
El último toque de atención llegó el 25 de julio. El TSJ le ha dado al MITECO un plazo de 15 días para entregar al Comité Provincial de la Administración General del Estado (AGE) la lista completa del personal externo: contratas, subcontratas, asistencias técnicas, empresas públicas como TRAGSA y TRAGSATEC, incluso personal del Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (SCRATS).
No es la primera vez que pasa
Ya en octubre de 2024, el alto tribunal murciano dejó claro que esa información debía salir a la luz. Fue tras una demanda de conflicto colectivo presentada por el Comité de Empresa, harto de pedir papeles y recibir silencio como respuesta.
La queja es seria: cada vez hay más gente que no ha pasado una oposición haciendo exactamente lo mismo que los funcionarios que sí se la han ganado. Y no hablamos solo de tareas de oficina: también hay personal externo en embalses, estaciones de bombeo, canales y, según el comité, eso está vaciando de contenido el trabajo de los empleados públicos y dilapidando dinero público.
Lo que dice la sentencia
El fallo no deja lugar a interpretaciones: el MITECO y la CHS deben entregar datos muy concretos.
- Quiénes son: razón social, domicilio y NIF de las empresas implicadas.
- Qué hacen y por cuánto tiempo: descripción del encargo, duración y lugar de trabajo.
- Cuántos son: número de personas en cada centro.
Pese a la claridad del fallo judicial, el Gobierno central -con Pedro Sánchez al frente- sigue sin mover ficha.
Acusaciones de opacidad
Para Luis Francisco Turrión Peláez, secretario de la Sección Sindical de CCOO en el MITECO de Murcia, la negativa es algo más que un gesto de desobediencia. La llama “gravísima” y acusa al Ejecutivo de esconder datos clave.
Y aquí viene la parte delicada: el sindicato sospecha que esta opacidad podría estar tapando cesiones ilegales de mano de obra. En cristiano: cubrir plazas con personal externo sin titulación requerida, sin pasar una oposición y, en la práctica, evitando convocar procesos abiertos a todo el mundo. “La ciudadanía tiene que saber con qué oscurantismo trabajan estas administraciones y el desprecio con el que tratan a quienes representamos a los trabajadores del Estado”, afirma Turrión.
El reloj corre. El plazo de 15 días está en marcha. La pregunta es: ¿esta vez cumplirá el MITECO o volveremos a ver otro requerimiento judicial?