El último informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización del sector público regional en 2022 lanza un serio aviso sobre las dos universidades públicas de la Región de Murcia, Universidad de Murcia (UMU) y Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
El órgano fiscalizador denuncia la falta de control financiero efectivo por parte de la Comunidad Autónoma, el uso reiterado de contratos adjudicados sin concurso y la opacidad en la gestión de importantes sumas de dinero.
Contratación menor convertida en norma
Según el Tribunal, la UMU adjudicó sin concurso el 58 % de los contratos analizados y la UPCT el 37 %. El mecanismo de contratación menor -diseñado para casos excepcionales- se ha convertido en una práctica habitual.
Este proceder, advierte el informe, limita la competencia entre proveedores, reduce la publicidad de los procesos y favorece la repetición sistemática de adjudicatarios.
Sin supervisión directa de la Comunidad Autónoma
Pese a que forman parte del sector público autonómico, las universidades no fueron incluidas en el Plan Anual de Control Financiero de la Intervención General de la Comunidad Autónoma (IGCA) en 2022.
En su lugar, optaron por auditorías privadas contratadas por ellas mismas y por sus propias unidades internas de control. El Tribunal considera que este modelo no garantiza la independencia necesaria y reclama que la Comunidad Autónoma apruebe normas claras para regular la contratación de auditores externos, los requisitos que deben cumplir y el modo en que la IGCA ejercerá su tutela.
Fondos millonarios fuera de la tesorería regional
A 31 de diciembre de 2022, la UMU y la UPCT acumulaban más de 63 millones de euros en sus cuentas bancarias (49,6 millones la UMU y 13,7 millones la UPCT) que no fueron integrados en la tesorería de la Comunidad Autónoma, a pesar de que la normativa lo permitiría.
El Tribunal advierte que esta situación dificulta la visión global de la liquidez del sector público regional.
Otras incidencias detectadas
El informe también señala que:
- La UMU no ha completado la implantación de la contabilidad analítica que exige la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
- Las universidades no han reconocido derechos de cobro por 11,8 millones de euros que la Comunidad Autónoma les debe por ayudas al estudio desde el curso 2012-2013.
- Entidades dependientes como TICARUM y la Fundación Veterinaria Clínica de la UMU tampoco han sido fiscalizadas directamente por la IGCA, aunque sí auditadas internamente o por auditores privados.
El Tribunal de Cuentas subraya que la autonomía universitaria no exime de un control público riguroso.
La falta de supervisión efectiva, unida al abuso de la contratación menor y a la gestión de fondos fuera de la tesorería regional, impide conocer con precisión la situación económica real y la eficacia en el uso de los recursos públicos en las universidades.