Cada verano, España se enfrenta a un fenómeno tan previsible como devastador: los incendios forestales, aunque este año han crecido de forma exponencial, como si quisieran recordarnos que el cambio climático y la irresponsabilidad política no entienden de treguas. Lo que en principio debería ser un asunto de gestión técnica, planificación y coordinación administrativa se ha convertido, una vez más, en un campo de batalla política donde las llamas no solo devoran viviendas y bosques, sino también la propia legitimidad del Estado de las Autonomías.
Mientras miles de hectáreas arden y pueblos enteros ven amenazadas sus casas y medios de vida, los discursos políticos terminan incidiendo más en el juego de las culpas que en la búsqueda de soluciones. Y en este teatro inflamable, el Partido Popular ha encontrado el terreno fértil de responsabilizar al Gobierno central, aun cuando las competencias en materia de prevención y extinción de incendios pertenecen de forma clara a las comunidades autónomas que este partido gobierna mayoritariamente. La ironía es evidente, ya que, al señalar insistentemente a Madrid como responsable de lo que ocurre en los montes de Galicia, Castilla y León, Extremadura o Andalucía, se pone en entredicho el sentido mismo de las autonomías, que parecen así confesar su incapacidad para cumplir con las competencias que tanto reclamaron.
El Estado autonómico, diseñado en la Constitución de 1978, fue creado bajo el principio de descentralización y proximidad al ciudadano. El artículo 148 dejaba claro que las comunidades podían asumir competencias en materia de montes, aprovechamientos forestales y protección del medio ambiente, y todas ellas lo hicieron con entusiasmo, aunque no siempre con la diligencia que exige la dimensión de la tarea. La teoría parecía impecable: ¿quién mejor que los gobiernos autonómicos para entender las particularidades de sus territorios, diseñar planes de prevención adaptados, contratar brigadas forestales y coordinar los dispositivos de emergencia? Sin embargo, la práctica se revela mucho más caótica, con presupuestos recortados, plantillas precarias, planes de prevención que se redactan con más afán de cumplir el expediente que de ejecutarse con eficacia, y una dependencia crónica de la ayuda extraordinaria del Estado central, como si la autonomía fuera solo un derecho, nunca una obligación.
El patrón retórico se repite no solo con los incendios, sino también con otras catástrofes naturales. Recuérdese la reciente DANA que asoló Valencia, cuando se siguió un guion político casi idéntico, en el que la Generalitat, en lugar de asumir la gestión de sus competencias en materia de emergencias y protección civil, optaba por resaltar la falta de respuesta del Gobierno central. Una vez más, la catástrofe natural se transformó en catástrofe política, convirtiendo la lluvia torrencial en un argumento electoral y las inundaciones en una oportunidad para desplazar responsabilidades, mientras la ciudadanía, que esperaba soluciones inmediatas, recibió a cambio un espectáculo de reproches cruzados. El paralelismo con los incendios es total, puesto que lo que tendría que ser un ejercicio de responsabilidad autonómica se convierte en una estrategia de victimismo frente a Madrid. Con ello, se erosiona de nuevo la legitimidad del sistema autonómico, que aparece ante la opinión pública como un intermediario costoso e ineficaz.
En este contexto, la estrategia del Partido Popular resulta digna de estudio. Ante cada desastre, el discurso se repite como un mantra, argumentando la falta de apoyo del Gobierno central, la falta de medios o la falta de recursos. La UME (Unidad Militar de Emergencias) en el caso de los incendios o en el de la DANA, termina siendo convertida en símbolo de un centralismo salvador que, paradójicamente, las mismas comunidades autónomas habían asegurado superar. La operación es completamente eficaz en términos comunicativos, ya que, mientras los bosques se consumen o las lluvias inundan los municipios, los presidentes autonómicos desplazan la atención hacia la Moncloa, y construyen un relato de abandono y desamparo, que al mismo tiempo deteriora la imagen del adversario político. Sin embargo, esta táctica es un arma de doble filo. Al insistir en que la responsabilidad última es del Gobierno central, las comunidades autónomas parecen reconocer implícitamente que no están capacitadas para ejercer las competencias que ellas mismas reivindicaron. El mensaje es devastador, al poner de manifiesto que la descentralización política y administrativa sirve cuando hay aplausos, pero para las crisis es mejor tener a alguien a quien culpar.
Cada hectárea quemada o cada calle inundada se perciben como un fracaso de quienes tienen la responsabilidad de proteger el territorio. Y cuando esos responsables directos señalan a otra administración, la ciudadanía percibe no solo ineficacia, sino también cobardía política. En ese caldo de cultivo, la pregunta que se formula sola es la siguiente: si las comunidades autónomas no son capaces de gestionar sus competencias más básicas, si se limitan a transferir culpas al Gobierno central, ¿para qué sirven? Lo que se pretendía como un modelo de acercamiento de la política al ciudadano termina siendo percibido como un sistema de coartadas y evasivas cruzadas en el que todos mandan, pero nadie responde. La ironía de esta situación es que, en el intento de protegerse de la crítica inmediata, el Partido Popular y sus líderes autonómicos terminan debilitando el fundamento mismo de la autonomía. Y cuando la confianza ciudadana se evapora, el terreno queda abonado para un discurso que promete simplicidad y mano dura: el de la extrema derecha.
Porque conviene subrayarlo: el principal beneficiado de este escenario no es ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas, sino la extrema derecha, que se alimenta de la erosión institucional. El mensaje que cala es claro: las autonomías son un gasto inútil, un mecanismo para que los políticos se echen las culpas entre ellos mientras los ciudadanos sufren. Frente a esta imagen de desorden, la extrema derecha ofrece un relato directo, casi infantil en su simplicidad, que se basa en recentralizar, recortar burocracia y acabar con duplicidades. Y aunque sea este un discurso tramposo y plagado de omisiones, resulta eficaz precisamente porque encuentra a un público desencantado, convencido de que el modelo autonómico es más humo que eficacia. En otras palabras, mientras PP y PSOE se desgastan en la disputa por el reparto de culpas, Vox se frota las manos viendo cómo se debilita el edificio autonómico, al que nunca dejó de considerar un error histórico.
Es cierto que centralizar no acabaría con los incendios ni evitaría que el cielo descargara lluvias torrenciales. La naturaleza no entiende de reparto de competencias. Pero la recentralización sí ofrecería un elemento políticamente atractivo, que sería la claridad en la atribución de responsabilidades. Si todo depende del Estado, ya no hay excusa posible. Tal vez por eso resulta tan paradójico que sean precisamente los defensores del modelo autonómico quienes, con sus acusaciones constantes al Gobierno central, estén abonando el terreno para quienes quieren desmantelarlo. Lo que debería ser un argumento contra la supuesta inacción de Madrid acaba siendo, en realidad, un argumento contra la propia existencia de las autonomías.
En definitiva, los incendios de este verano y la DANA en Valencia han dejado tras de sí no solo paisajes devastados, sino también una imagen institucional calcinada. Al utilizar las catástrofes como arma arrojadiza, el Partido Popular contribuye -quizás sin proponérselo- a deslegitimar el sistema autonómico. Y en esa hoguera de culpas cruzadas, el humo más denso no lo respira ni el PP ni el PSOE, sino los ciudadanos, que ven cómo se debilita la confianza en las instituciones. El gran vencedor, en cambio, es la extrema derecha, que aparece como el único actor capaz de ofrecer una salida clara, aunque sea una salida de emergencia que conduce a un callejón sin salida democrático. La ironía final es que, mientras los dirigentes autonómicos insisten en protegerse de la crítica inmediata, el sistema entero se desmorona. Y, como bien sabemos en España, cuando el fuego se apaga o la lluvia cesa, lo único que queda es ceniza o barro.