Mientras las redes sociales arden y la indignación crece, periódicos como La Razón, El Mundo o ABC han optado por mirar hacia otro lado. No hay rastro en sus portadas del que ya se perfila como uno de los mayores escándalos institucionales de la democracia española. El caso Montoro no es un caso más. Es la radiografía descarnada de cómo el poder se usa -y se abusa- desde dentro. Un ex ministro de Hacienda que, según los jueces, puso su influencia al servicio de empresas privadas desde su propio despacho, mientras diseñaba desde el BOE recortes y sacrificios que aún sangran en la memoria colectiva. El daño fue inmenso, y el sufrimiento, también.
Un despacho, una ley, un cliente
El juez instructor de Tarragona ha imputado al ex ministro Cristóbal Montoro y a otras 27 personas por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, fraude, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, entre otros. El epicentro del caso es el despacho Equipo Económico, fundado por el propio Montoro antes de regresar al Gobierno de Mariano Rajoy en 2011. Antes fue ministro del Gobierno de Aznar entre 2000 y 2004. Ese bufete, según la investigación, habría cobrado millones de euros de empresas del sector eléctrico, gasista, bancario, del juego y de las renovables a cambio de favorecerlas con cambios normativos a medida.
La Fiscalía calcula que, solo entre 2008 y 2015, el despacho ingresó más de 11 millones de euros de empresas energéticas, que lograron importantes ventajas fiscales, como una rebaja del 85 % en el impuesto sobre la electricidad, que supuso 59 millones menos en recaudación pública en 2015. A eso se suman otros 6,6 millones pagados por bancos que también se habrían beneficiado de reformas legislativas diseñadas bajo la batuta del ex ministro.
Los correos internos de las compañías no dejan lugar a dudas: “Hay que pagar al despacho de Montoro porque tiene acceso directo al ministro”, decía un ejecutivo de Messer Ibérica en diciembre de 2013.
El bufete cobró tarifas de al menos 90.000 euros fijos, más otros 180.000 euros adicionales, si lograba beneficios fiscales. Alcanzaron pagos de 300.000 euros o más por cliente y reforma. Se han identificado transferencias por un total de 6,6 millones de euros desde al menos 17 bancos a Equipo Económico entre 2008‑2018.
Mientras tanto, el país se apretaba el cinturón
Todo esto ocurría mientras Montoro, desde el Consejo de Ministros, aplicaba con mano de hierro políticas de austeridad: subió el IVA, congeló pensiones, eliminó pagas extra a los empleados públicos, recortó en sanidad y educación, y vació la hucha de las pensiones. Al mismo tiempo, se canalizaban más de 60.000 millones de euros en ayudas públicas a la banca, ayudas que .conviene recordarlo- nunca fueron devueltas.
Es decir, el mismo Gobierno que vendía como inevitables los recortes a la ciudadanía, ofrecía ventajas fiscales a medida a empresas que previamente pasaban por caja en el despacho del ministro. Es el modelo del saqueo legalizado.
Informes confidenciales, favores y amenazas
La causa judicial incluye también indicios de que Montoro habría accedido a información fiscal confidencial de políticos rivales, artistas y periodistas críticos, gracias a filtraciones desde la Agencia Tributaria. Una herramienta pública utilizada, según la documentación incautada, para amedrentar, desacreditar o presionar. Se confirma que el ex ministro utilizó la Agencia Tributaria para presionar y amedrentar, mediante inspecciones fiscales, a periodistas críticos como Javier Chicote (ABC), Carlos Alsina y Federico Quevedo que, según ha confesado, estuvo apunto de suicidarse.
El propio periódico El País ha revelado que el despacho de Montoro recibió información sensible de más de 20 personalidades, entre ellas Esperanza Aguirre, Nadal, Piqué, Rodrigo Rato o incluso la baronesa Thyssen. También periodistas incómodos que, curiosamente, fueron objeto de inspecciones fiscales tras publicar piezas críticas.
También se ha conocido que el equipo de Montoro habría retocado un informe sobre la caja B del PP. Según recoge la investigación de los Mossos incluida en el sumario contra Montoro, la subdirectora general de Impuestos habría solicitado a los peritos de Hacienda modificar el informe que iban a enviar al juez Pablo Ruz que investigaba la financiación irregular del PP.
En 2012, el Gobierno de Rajoy, con Montoro como ministro de Hacienda, aprobó una amnistía fiscal que permitió regularizar 40.000 millones ocultos al fisco pagando solo un 10 %, que al final ni siquiera se recaudó íntegramente. Fue un regalo encubierto a defraudadores, mientras se recortaban servicios básicos y se congelaban pensiones. El Tribunal Constitucional acabaría anulando la medida por inconstitucional, aunque ya no tuvo efecto práctico porque el dinero estaba blanqueado.
Prensa conservadora muda
Frente a la gravedad de los hechos, sorprende -o no- la omisión de los grandes medios conservadores. La Razón, El Mundo y ABC no han llevado el escándalo a sus portadas. El asunto relegado a páginas interiores. La maquinaria del olvido se ha puesto en marcha, como tantas otras veces. Pero esta vez, el eco en redes sociales es ensordecedor.
“Nos congeló las pensiones mientras su bufete cobraba millones”, dicen algunos tuits virales. “Se vació la hucha para regalarle a los bancos, y ahora sabemos que también cobraban del despacho del ministro”, recuerdan otros. La indignación es transversal. Porque no se trata solo de Montoro. Se trata del modelo de gestión política del Partido Popular. Del privilegio estructural. De las puertas giratorias a plena luz del día.
Lo que viene
El caso no ha hecho más que empezar. El sumario supera ya los 5.000 folios, hay ramificaciones en paraísos fiscales y múltiples piezas separadas bajo secreto. El juez ha comenzado a indagar en estructuras societarias opacas en Irlanda, Luxemburgo y Panamá, presuntamente utilizadas para desviar fondos.
Mientras tanto, Cristóbal Montoro dice que no hay pruebas. Y el PP solo ha emitido una declaración escueta, señalando que “respetan la labor de la justicia”. Feijóo, tras un par de días desaparecido, se la limitado a decir que “todo se investigue si hay algo que investigar”, como quien pasa la escoba con desgana. Es vergonzosa su actitud, pero así es el PP. Una organización cuyo único objetivo es alcanzar el poder para luego usarlo en beneficio de los suyos, no del interés general. El sufrimiento de los más necesitados y débiles les importa un bledo.
El problema es que España ha normalizado tanto la corrupción que ya solo reaccionamos cuando las pruebas son tan grandes que desbordan el sistema. Pero incluso entonces, la memoria política es frágil. La indignación dura una semana. Y luego, el olvido.
Pero esto no puede olvidarse. Esto no fue un error. Fue un modelo. Un modelo que amparó el saqueo desde dentro. Que usó lo público para beneficiar a unos pocos. Que amplificó la desigualdad mientras se blindaban los privilegios.
Es repugnante
La historia de un país donde los sacrificios son para muchos, y las ventajas fiscales son para unos pocos. Donde el BOE se usa como trampolín, y la Agencia Tributaria como látigo. Donde el silencio mediático es parte del engranaje. Esto no va de un ministro. Va de un sistema. Es grave. Es repugnante. Y es, sobre todo, una traición a la ciudadanía que debería invalidar políticamente al partido político que la permitió.
Si no somos capaces de reaccionar como sociedad ante algo tan grave, si permitimos que se pase página sin depurar responsabilidades políticas, entonces habremos aceptado algo terrible: que el poder puede delinquir y seguir gobernando.
Que el Estado puede ser una finca privada si tienes la mayoría parlamentaria. Que la corrupción, en lugar de inhabilitar, se perdona.