La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Calasparra por su presunta implicación en el vertido de crudo que afectó el pasado mes de mayo al oleoducto Cartagena-Puertollano, gestionado por Repsol. El sabotaje, que provocó graves daños medioambientales y una interrupción en el suministro hacia la refinería de Puertollano, ha generado ya pérdidas que superan los cuatro millones de euros.
La investigación, bautizada como Operación Dislate, arrancó el 22 de mayo tras el aviso de un ciudadano que detectó un vertido de petróleo en el paraje de Los Pértigas, dentro del término municipal de Calasparra. El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil, en colaboración con técnicos de Repsol, concluyó que la fuga no fue accidental, sino causada deliberadamente con una excavadora.
Según los investigadores, los autores excavaron cerca de dos metros hasta localizar la tubería del oleoducto con la intención de sustraer combustible. Sin embargo, cometieron un error al perforar la conducción de crudo sin refinar. Al darse cuenta de que el petróleo extraído no era útil para sus fines, taparon la zanja y abandonaron el lugar, dejando abierta la vía de escape del hidrocarburo.
La consecuencia fue inmediata: cerca de 5.000 metros cuadrados de monte público —propiedad del Ayuntamiento de Calasparra— quedaron contaminados, así como otros 3.000 metros cuadrados de una finca privada de almendros. Repsol activó de inmediato su plan de emergencia: se acotó la zona, se detuvo el flujo del oleoducto para aliviar la presión y se iniciaron labores de limpieza, drenaje y reparación.
Daños valorados en más de 4 millones de euros
El coste del desastre asciende ya a más de cuatro millones de euros, entre los daños a la infraestructura, la pérdida de producto, la intervención técnica y la paralización temporal del suministro a la refinería de Puertollano.
La Operación Dislate ha culminado con la detención de tres personas -dos hombres y una mujer- vecinos de Calasparra. Se les atribuye la presunta autoría de un delito agravado de daños, tipificado por la gravedad del impacto económico y ambiental generado.
El caso revela el alto riesgo que suponen las actividades de sabotaje sobre infraestructuras críticas y pone el foco en la necesidad de reforzar los mecanismos de control y protección de los oleoductos que atraviesan zonas rurales.