Treinta años. Una generación entera. Más de una docena de legislaturas bajo el mismo color político. Desde 1995, el Partido Popular gobierna de forma ininterrumpida la Región de Murcia. En este tiempo, España ha cambiado por completo. Y sin embargo, aquí seguimos leyendo los mismos diagnósticos, escuchando las mismas promesas, arrastrando los mismos problemas. El informe sobre la situación socioeconómica de la Región en 2023, publicado por el Consejo Económico y Social, es un retrato preciso de ese estancamiento: un espejo que no miente.
El CES no escribe con rabia ni con retórica. Habla desde la evidencia. Su informe no es una proclama política, es una radiografía técnica. Pero precisamente por eso, resulta aún más demoledor. La conclusión es clara: la Región crece, sí, pero no corrige sus desequilibrios estructurales. El crecimiento económico no se traduce en cohesión territorial, ni en reducción de la pobreza, ni en empleo de calidad. Lo que hay es un modelo agotado, sostenido por la inercia y apuntalado por la propaganda.
Uno de los diagnósticos más rotundos es el de la ausencia de estrategia. No hay planificación a largo plazo. Se aprueban planes sin memoria económica, sin cronograma, sin indicadores de evaluación. La cultura de la evaluación sigue siendo, en palabras del propio CES, “residual”. No se mide, no se corrige, no se rinde cuentas. La política pública se convierte así en un ejercicio de simulacro: se finge gobernar, pero no se transforma nada.
A eso hay que sumar la parálisis en áreas clave. Desde 2022 no se ha promovido ni una sola vivienda protegida en la Región. Los datos de exclusión social siguen siendo escalofriantes: uno de cada tres ciudadanos está en riesgo, y entre los menores, la cifra sube al 41%. El paro juvenil ronda el 27%, y la precariedad afecta también al propio sector público, con una temporalidad que supera el 28% en la administración regional. El Mar Menor sigue esperando una estrategia integral y ejecutada, mientras el modelo agrario intensivo que lo degrada se mantiene intocable.
El CES propone salidas sensatas: reequilibrio territorial, desarrollo de la industria con alto valor añadido, impulso real a la innovación, políticas de empleo eficaces, evaluación de resultados. Pero, ¿quién escucha? ¿Quién asume la responsabilidad de liderar ese cambio? El Gobierno regional, desde hace años, se ha instalado en la autosatisfacción permanente. Todo va bien. La Región funciona. Es “la mejor tierra del mundo”. Esa es la narrativa oficial. Y cualquier dato que la contradiga es ignorado o despreciado.
Treinta años dan para mucho, pero el PP no ha sabido o no ha querido aprovecharlos. Dan para modernizar un sistema productivo. Para articular un territorio cohesionado. Para blindar derechos sociales. Para planificar con visión de futuro. Dan para cambiar las cosas de verdad. Pero en la Región de Murcia, esos treinta años se han invertido, en gran medida, en perpetuar el poder, esquivar reformas y celebrar lo simbólico mientras lo estructural se deteriora.
La pregunta que deja el informe del CES es brutalmente sencilla: ¿cuánto más se puede estirar un modelo que ya no da más de sí?
Al paupérrimo balance socioeconómico que retrata el informe del CES hay que añadirle el maloliente pasado político del Partido Popular en la Región. Un legado marcado por la sombra de la corrupción, dimisiones, causas judiciales…
Echar la vista atrás permite las sombras que proyecta el legado de quienes han ocupado la presidencia de la Región durante estas tres décadas de gobierno popular. Ramón Luis Valcárcel, figura clave del largo periodo de consolidación del PP, se encuentra a un paso del banquillo por el caso de la desaladora de Escombreras. Su sucesor, Pedro Antonio Sánchez, dimitió acorralado por los tribunales y ha sido condenado -aunque pendiente de recurso- por el Caso Auditorio. Y en medio, Alberto Garre, que hoy ocupa un escaño muy bien remunerado en la Asamblea Regional en las filas de Vox.
Pero el inmovilismo no se explica solo desde San Esteban. La izquierda en la Región de Murcia ha sido, durante décadas, su peor enemiga. Fragmentada, cainita, incapaz de construir una alternativa creíble y duradera. El PSRM-PSOE ha terminado por acomodarse en una oposición crónica, más pendiente del equilibrio interno que de disputar el poder real. Una izquierda más reactiva que propositiva, más testimonial que transformadora, que ha renunciado a vertebrar un proyecto regional sólido frente al dominio popular.
Ya no caben excusas. La Región necesita un nuevo rumbo. Uno que no se construya sobre titulares, sino sobre políticas públicas evaluables, con recursos, con calendario y con resultados. Uno que no se conforme con gestionar la inercia, sino que se atreva a romperla.
Porque gobernar no es resistir. Es transformar. Y si después de treinta años seguimos hablando de lo mismo, quizá ha llegado el momento de que lo hagan otros. ¿El problema? Que la ciudadanía sigue sin ver a los otros.