Un escándalo medioambiental se cuece desde hace décadas en Cartagena, pero especialmente desde 2019, cuando fue denunciado de forma oficial y nada ocurrió. Residuos industriales peligrosos -algunos potencialmente radiactivos- se acumulan a la intemperie en los terrenos de la antigua fundición de Peñarroya, en el barrio de Santa Lucía. A día de hoy, siguen allí. Sin vallado. Sin protección. Sin gestión. Y, lo que es más grave, sin intervención de la Comunidad Autónoma
Así lo denuncia de forma contundente la Asociación de Vecinos del Sector Estación de Cartagena y la Plataforma de Suelos Contaminados, que acaban de presentar una ampliación formal de la denuncia registrada hace más de cinco años por el doctor José Matías Peñas ante la Dirección General de Medio Ambiente. En ella exigen medidas urgentes de contención, evaluación del riesgo radiológico y retirada inmediata de los residuos peligrosos, conforme a las leyes europeas, nacionales y autonómicas vigentes.
Los materiales abandonados -escorias, humos solidificados, lodos, tierras contaminadas e incluso arseniato de calcio- proceden del proceso de fundición de plomo y plata que cesó su actividad en 1992. Desde entonces, el lugar se ha convertido en un vertedero ilegal al aire libre que ocupa más de 240.000 metros cuadrados. Parte de esos residuos contienen NORM (material radiactivo de origen natural), lo que activa las obligaciones de análisis específicos y medidas de protección bajo la Directiva 2013/59/Euratom.
Pero la denuncia va mucho más allá. Los vecinos advierten que la contaminación no solo afecta al foco primario -la parcela industrial donde se acumulaban los residuos-, sino a una quincena de parcelas colindantes (260.000 m² adicionales) que también presentan niveles extremos de metales pesados y metaloides. La dispersión eólica y la escorrentía han propagado los contaminantes hasta zonas urbanas habitadas como Santa Lucía o Lo Campano, y hacia el Mar Mediterráneo, a través de la Rambla del Cobre.
“La Administración regional ha mirado hacia otro lado durante años, incumpliendo su deber legal de declarar estos suelos como contaminados”, señalan los denunciantes. Según la Ley 7/2022, esta declaración es el paso previo obligatorio para exigir la descontaminación por parte de los responsables. En su defecto, la propia Administración debe actuar de forma subsidiaria. Nada de esto ha sucedido.
El escrito también recuerda que el almacenamiento de residuos peligrosos está legalmente limitado a seis meses, salvo autorización expresa, y exige la apertura de expedientes sancionadores y la intervención inmediata del Gobierno regional, tal y como establece la Ley de Responsabilidad Medioambiental. La situación descrita constituye -afirman- una infracción muy grave por abandono ilegal de residuos, pero también un posible delito de prevaricación por omisión.
Los vecinos denuncian, además, que algunos informes técnicos elaborados para aparentar una «normalización» del problema carecen de las acreditaciones exigidas por la normativa regional, lo que podría anular cualquier actuación administrativa basada en ellos.
“Se están vulnerando derechos fundamentales de las personas que viven allí: su derecho a la vida, a la salud, a un medio ambiente digno y al respeto de su intimidad y hogar”, concluye el escrito, citando incluso jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En resumen, una bomba tóxica y radiactiva olvidada en el corazón de Cartagena, a escasos metros de viviendas y espacios públicos, que lleva décadas en silencio. Ahora, la pelota vuelve a estar en el tejado de la Comunidad Autónoma. ¿Actuará esta vez? ¿O seguirá dejando que el polvo tóxico lo barra el viento?