El presupuesto de 2025 de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha generado fuerte controversia por su impacto en los colectivos más vulnerables. Entre los datos más destacados: una reducción de más de 5 millones de euros en la partida de Renta Básica de Inserción -que pasa de 12 a 7 millones- y un recorte de 1 millón de euros en el ya limitado programa de Inmigración y Voluntariado, que baja de 7,2 a 6,2 millones.
Un contexto social crítico
La Región de Murcia sigue encabezando los indicadores de pobreza y exclusión social. Según la EAPN y la tasa AROPE, el 45% de los niños y niñas vive en situación de riesgo. En este contexto, la Renta Básica actúa como una herramienta de inclusión esencial para cientos de familias, que ahora verán recortado su alcance.
A este recorte se suma una crítica generalizada por parte del PP a la gestión del Ingreso Mínimo Vital estatal, cuya ejecución se ha señalado como “insuficiente” desde el ámbito autonómico, pese a ser considerado por muchas entidades sociales como el principal escudo de protección económica para las familias vulnerables.
Inmigración y Tercer Sector: menos dinero, más retraso
El programa de Inmigración y Voluntariado, ya considerado escaso, sufre un recorte de 1 millón de euros, pasando de 7,2 a 6,2 millones. Este programa es clave para la atención de más de 600 menores y jóvenes migrantes, según datos recogidos por entidades sociales.
Además, se denuncia que estos fondos llegan con retrasos injustificados, lo que ahoga financieramente a las ONG del Tercer Sector, encargadas de ejecutar programas de acogida y acompañamiento.
Igualdad y LGTBIQ+: invisibilización presupuestaria
En el ámbito de igualdad, el presupuesto no incluye menciones explícitas ni programas específicos para el colectivo LGTBIQ+, que según denuncian diversas entidades ha sido “borrado” de la agenda pública.
En paralelo, se ha incluido una subvención nominativa de 40.000 euros para RedMadre, una asociación conocida por su labor de disuasión del aborto a través de prácticas como mostrar ecografías a mujeres embarazadas. Esta decisión ha generado inquietud entre colectivos feministas, que la consideran una intromisión ideológica en la política pública.
60 menores como moneda política
Uno de los episodios más controvertidos ha sido la revocación de la compra de viviendas de acogida para 60 menores tutelados, un giro adoptado en el marco de la negociación presupuestaria con Vox. Esta decisión se suma al cierre del Centro de Menores de Santa Cruz, considerado una “cesión política” para garantizar el apoyo a las cuentas regionales.
Organizaciones sociales y defensores de la infancia han expresado su alarma por lo que consideran un “mercadeo político” con derechos fundamentales, especialmente en un contexto donde el sistema de protección a la infancia ya está al límite de su capacidad.