El Gobierno regional de Murcia ha rechazado, una vez más, el reparto de menores migrantes propuesto por el Ministerio de Juventud e Infancia para aliviar a Canarias y Ceuta. Alega que el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros “invade competencias autonómicas” y ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero hay una pregunta clave que sobrevuela todo este conflicto: ¿puede la Región de Murcia decir que no? La respuesta, en términos legales, es clara: no.
El reparto está regulado por un Real Decreto-ley, una norma con rango de ley estatal, sustentada en la competencia exclusiva del Estado en materia de inmigración (art. 149.1.6.ª de la Constitución). Además, se apoya en el principio del interés superior del menor, recogido tanto en la legislación nacional como en convenios internacionales. La Región de Murcia, como cualquier otra comunidad, está obligada a cumplir mientras la norma esté en vigor.
Lo que sí puede hacer -y ha hecho- es recurrirla ante el Constitucional. El Gobierno regional defiende que el decreto vulnera su competencia exclusiva en protección de menores, reconocida en su Estatuto de Autonomía, y que el Estado no puede imponer acogidas sin acuerdo previo en la Conferencia Sectorial de Infancia. Mientras el recurso se resuelve, el decreto sigue aplicándose. Y por tanto, la Región está legalmente obligada a acoger a los 133 menores asignados, procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.
Un rechazo con doble vara de medir
Desde la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad se critica duramente la medida. “La financiación es ridícula, mísera e insuficiente”, aseguran. La Región de Murcia recibirá algo más de 1,7 millones de euros por la acogida de esos menores cuando, por imposición de Vox, ha rechazado 7 millones de euros de fondos europeos para la adquisición de viviendas para albergar a menores tutelados. El Ejecutivo regional denuncia, además, un trato de favor hacia Cataluña y el País Vasco, a quienes no se deriva ni un solo menor, algo que atribuyen a razones políticas: “Se les premia por sostener a Sánchez en Moncloa”, afirman.
Pero el Ministerio lo niega: Cataluña y Euskadi han quedado fuera del reparto porque ya tienen sus recursos saturados, según los datos aportados por las propias comunidades. La Región de Murcia, en cambio, había comunicado disponibilidad de plazas. Es decir, la Región no está recibiendo más porque Madrid lo imponga, sino porque así lo había declarado anteriormente. Lo que ha cambiado, en realidad, es el contexto político: el pacto de Gobierno con Vox y el giro ultra de Feijóo ha hecho que la Región de Murcia reniegue ahora de sus propios datos.
¿Y los que ya están aquí?
Mientras rechaza nuevos menores, el Gobierno regional no ha aclarado qué va a hacer con los 60 niños que viven actualmente en el centro de Santa Cruz, en Murcia, que podría cerrar tras el verano por exigencia de Vox. Tampoco ha explicado qué alternativa ofrecerá tras paralizar la compra de viviendas para jóvenes ex tutelados, una medida también tumbada a petición de su socio ultraconservador.
La consejera Conchita Ruiz se limita a decir que “cumplirán la ley”, pero no ha detallado si habrá reubicaciones, traslados forzosos o nuevas plazas. Desde la oposición, PSOE, Podemos e IU denuncian que se está mercadeando con la vida de menores vulnerables y exigen transparencia y responsabilidad política.
Una crisis que va más allá del reparto
Lo que debería ser una política de solidaridad interterritorial para aliviar la saturación en los puntos calientes de llegada —como Canarias, Ceuta y Melilla— se ha convertido en una guerra institucional de alto voltaje. El recurso al Constitucional, la denuncia de trato desigual, la presión de Vox, el cierre de centros y la paralización de recursos de acogida conforman un cóctel que pone en jaque el sistema de protección de menores en la Región.
Y en medio de todo esto, los niños. Los que llegan y los que ya están aquí. Sin voz, sin voto y sin certezas. Mientras los gobiernos se reparten las culpas y los recursos, ellos siguen esperando que alguien se ocupe realmente de su futuro.
¿Puede Murcia dejar en la calle a los menores ya tutelados?
No. Legalmente, la Región de Murcia no puede dejar en la calle a los 60 menores actualmente tutelados en el centro de Santa Cruz.
La ley es clara:
- El Código Civil obliga a la Administración pública a ejercer la tutela de menores en situación de desamparo.
- La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y la Convención de los Derechos del Niño exigen garantizar alojamiento, asistencia y protección sin excepción.
- El propio Estatuto de Autonomía de Murcia le asigna la competencia exclusiva en esta materia.
Cerrar el centro sin ofrecer alternativas viables y legales podría suponer una vulneración de derechos fundamentales y derivar en responsabilidades jurídicas, incluso penales, para los responsables.
Así que no: ni el cierre de un centro, ni la presión de Vox, ni el desacuerdo con el Gobierno central eximen a la Región de Murcia de su obligación de proteger a esos niños. Si lo hace, no será solo una crisis política. Será una negligencia institucional de consecuencias graves.