El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dado luz verde a la construcción de una nueva planta desaladora de agua de mar en el Valle de Escombreras (Cartagena). La instalación tendrá una capacidad final de 72.000 metros cúbicos diarios, lo que equivale a 26,28 hectómetros cúbicos de agua desalada al año, y estará destinada exclusivamente al abastecimiento industrial en esta zona del litoral murciano.
A diferencia de otras desaladoras gestionadas por la administración hidráulica para riego o abastecimiento urbano, esta infraestructura se destina exclusivamente a consumo industrial. No se prevé su integración en redes públicas de abastecimiento.
La resolución, fechada el 30 de junio de 2025 y publicada en el BOE del 8 de julio, determina que el proyecto no requiere una evaluación ambiental ordinaria, pese a su magnitud y a su localización próxima a hábitats marinos protegidos. El expediente fue tramitado mediante evaluación ambiental simplificada, y aunque se impusieron numerosas condiciones, el Ministerio concluye que no se prevén impactos significativos “siempre que se cumplan las medidas correctoras establecidas”.
Dónde y cómo se construirá
La nueva desaladora se levantará en una parcela de 22.600 m² junto a la carretera RM-F46, dentro de la zona industrial del Valle de Escombreras. Compartirá entorno con la planta ya existente, pero contará con sus propios sistemas de captación y vertido.
El agua de mar se captará desde dos puntos: uno conectado a infraestructuras de ENAGAS y otro mediante un nuevo cajón de toma en el mar. El vertido de salmuera -residuo concentrado del proceso de ósmosis inversa- se realizará a través de un emisario submarino de 3,4 kilómetros, que desembocará en una profundidad de 25 metros, fuera de la dársena del puerto.
Impacto ambiental: medidas y advertencias
Aunque el proyecto evita zonas declaradas como Red Natura 2000, se ubica en las cercanías de espacios altamente sensibles. La conducción de vertido atraviesa hábitats marinos muy contaminados, pero también próximos a arrecifes protegidos (HIC 1170).
El promotor, Recursos Hídricos de Levante, S.L., se vio obligado a presentar un estudio bionómico marino, tras las objeciones iniciales de la Subdirección General de Biodiversidad. El estudio descartó la presencia de especies como la nacra (Pinna nobilis), el dátil de mar (Lithophaga lithophaga) o la Cymbula safiana, aunque se impusieron condiciones estrictas: vigilancia ambiental continua, limitación de obras en época de cría del cormorán moñudo, y medidas compensatorias si se detecta alteración del hábitat.
También se verán afectadas especies vegetales protegidas en tierra firme, como el palmito, el salado o el cornical, que serán repuestas con plantaciones cultivadas a partir de germoplasma local.
Sin evaluación ordinaria y con muchas ausencias
Pese a lo anterior, el Ministerio considera que el proyecto puede avanzar sin someterse al procedimiento ordinario previsto en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Esta decisión se ha tomado en un procedimiento en el que 23 de los 34 organismos consultados no emitieron informe, entre ellos algunos tan relevantes como la Dirección General de la Costa y el Mar, la Demarcación de Costas de Murcia, la Autoridad Portuaria de Cartagena, el Centro Oceanográfico de Murcia (CSIC), WWF, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción o ANSE
Aunque la resolución ambiental es favorable, el documento deja claro que no autoriza el inicio de las obras. Eso corresponde a la Confederación Hidrográfica del Segura, que deberá emitir los permisos pertinentes.
“Esta resolución no tiene el carácter de autorización ni aprobación del proyecto en los términos previstos por el artículo 41.1 del texto refundido de la Ley de Aguas.”