La llamada Ley 2/2025, de modificación de la Ley 5/2017 de participación institucional que entra en vigor este miércoles 30 de julio en la Región de Murcia es, sin rodeos, un peaje ideológico que el Gobierno de Fernando López Miras ha pagado a VOX a cambio del apoyo para sacar adelante los presupuestos de 2025. La exposición de motivos no lo oculta del todo: intenta disfrazar con un lenguaje técnico y de “eficiencia” lo que en realidad es un ataque directo a los sindicatos y organizaciones empresariales más representativas, es decir, a los actores clásicos del diálogo social.
Con esta ley, la Región de Murcia se convierte en la punta de lanza del retroceso institucional en España. No es una exageración: ninguna otra comunidad autónoma ha aprobado una norma tan claramente orientada a desarticular el diálogo social. Se ataca a los sindicatos y a la patronal. Se desprecia la participación institucional. Se desprestigia la representación democrática. Todo en nombre de una supuesta austeridad que nadie ha cuantificado.
Y todo, además, en un contexto económico y social delicado: con más de 100.000 personas en riesgo de pobreza severa, con cifras de abandono escolar alarmantes, y con una estructura económica frágil y dependiente del empleo precario. Con unos servicios sociales desastrosos, prácticamente inexistentes en la Región. Si hay un momento en el que el diálogo social es más necesario que nunca, es este. Pero el Gobierno regional de López Miras ha optado por claudicar ante VOX que, no lo duden, quiere que en el reparto de subvenciones entre el sindicato de extrema «Solidaridad». Al tiempo.
¿Qué hace exactamente esta ley?
Elimina las compensaciones económicas previstas en la ley original de 2017 para las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, entre ellas CCOO, UGT y CROEM. A partir de ahora:
- Las ayudas públicas a estas entidades ya no serán automáticas, sino que deberán pasar por un procedimiento de concurrencia competitiva.
- Se presume que su participación en órganos consultivos será gratuita y sin compensación alguna.
- Se suprime por completo el artículo 7, que regulaba la justificación y control de las ayudas económicas.
Los impresentables argumentos de la exposición de motivos
Bajo una retórica de modernización y ahorro, la exposición se pliega sin disimulo a la narrativa de VOX:
- Clientelismo político, monopolio sindical subvencionado, trato desigual… El texto utiliza expresiones propias del argumentario ultraconservador para deslegitimar a los interlocutores sociales clásicos.
- Presenta a los sindicatos como dependientes del poder, como si fueran un obstáculo más que un canal legítimo de representación de los trabajadores.
- Repite hasta la saciedad la palabra mágica: austeridad. Pero ni una mención concreta del coste real que suponían estas ayudas, ni del impacto que tendrá su supresión en la calidad del diálogo social.
- Se sugiere que eliminar las asignaciones a sindicatos y patronal permitirá destinar dinero a “sanidad, educación o infraestructuras”.
- Dice que financiarse con recursos propios sería más “limpio” y “autónomo”.
Es preocupante porque esta ley no corrige desequilibrios ni fomenta pluralidad, como dice hacer, sino que desmantela el modelo de concertación institucional construido en democracia. Un modelo imperfecto, sí, pero necesario para canalizar conflictos laborales y sociales sin que acaben estallando en la calle.
Y lo más grave: la exposición de motivos no menciona ni una sola vez el impacto que esta medida puede tener sobre la paz social, la negociación colectiva o la protección de los trabajadores más vulnerables. Todo gira en torno al ahorro presupuestario, la independencia y la “transparencia”, conceptos que aquí se usan como coartada ideológica, no como objetivos medibles. Es ideología pura disfrazada de reforma técnica.
¿A quién beneficia?
A VOX, claramente. Esta ley responde a su obsesión por desmontar lo que llaman “chiringuitos sindicales”, aunque los datos les contradigan. Y al PP, porque con ella compra tranquilidad parlamentaria sin mancharse demasiado las manos: basta con dejar que VOX marque el camino y vestirlo de “racionalización del gasto”.
Se trata de una ley que huele más a vendetta ideológica que a reforma necesaria. Una maniobra política envuelta en papel de celofán técnico. Una renuncia deliberada a fortalecer el diálogo social en tiempos donde más falta hace. Y todo, a cambio de unos presupuestos. La Región de Murcia es el laboratorio. El resto de España debería estar mirando muy de cerca lo que se avecina de ganar las derechas las elecciones generales y sumar mayoría en el Congreso.
Teresa Fuentes: «Esto no va de siglas, va de atacar derechos»
La secretaria general de CCOO, Teresa Fuentes, no oculta su indignación, especialmente con la exposición de motivos de la norma. “Es sonrojante, da vergüenza ajena. Asume palabra por palabra el argumentario de Vox. Es un lenguaje durísimo, lleno de demagogia”. Dale al PLAY y escucha la entrevista a Teresa Fuentes.
Frente al supuesto “ahorro del gasto público” que esgrime la ley, Fuentes desmonta la excusa con cifras: “Las subvenciones a CCOO, UGT y CROEM suponen solo el 0,014% del presupuesto regional. Antes del recorte, CCOO recibía 325.000 euros al año. «¿De verdad creen que con eso van a arreglar la sanidad o la educación? Si con 300.000 euros al año se arreglaran las listas de espera, yo firmaba hoy mismo”.
Pero lo más grave, según Fuentes, no es el recorte económico, sino la deslegitimación política. “Al hablar de clientelismo insinúan que recibimos dinero para no criticar al Gobierno. Es insultante. Porque subvenciones hay para todo: cultura, deporte, tauromaquia, caza… pero solo molestan las que reciben los sindicatos”.
CCOO tiene actualmente el 35% de la representación sindical en la Región. UGT un 27%. “Entre ambos sumamos más del 60%, y si añadimos a USO y REDE, alcanzamos el 80%. El resto son 61 sindicatos que juntos no suman ni un 20%”, explica. “¿A quién quieren engañar cuando hablan de pluralidad?
A pesar de todo, Fuentes lanza un mensaje claro: “Vamos a seguir sentándonos en esas mesas. Vamos a seguir defendiendo a la clase trabajadora y a toda la sociedad. No nos vamos a ir, aunque no nos paguen.”
La paradoja, añade, es que con la nueva ley “los únicos que van a cobrar por estar en esas mesas son los representantes del Gobierno regional. Ni nosotros ni la patronal”.
Teresa Fuentes cree que lo que está ocurriendo en Murcia es solo el principio. “Esto es un laboratorio. Ya lo intentaron en Castilla y León. Ahora prueban aquí para ver si pueden extenderlo. Primero fueron a por los migrantes, ahora a por los sindicatos. Lo siguiente será ir contra los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI…”.
Su mensaje final es directo y contundente: “Esto no va de atacar a unas siglas, va de atacar a más de 600.000 personas activas en la Región que se benefician de los convenios que negociamos«.
UGT: «Es una ataque al modelo de diálogo social»
Para el sindicato UGT se trata de un grave ataque al modelo de diálogo social y una cesión ideológica del Gobierno regional a las exigencias de VOX. La nueva norma obliga a que las subvenciones asociadas al trabajo de representación institucional de los agentes sociales se convoquen mediante concurrencia competitiva, en lugar de asignarse directamente a quienes ostentan la representación legal y mayoritaria en la región. Esta medida se suma al recorte del 25% aplicado ya en los Presupuestos Regionales de 2025.
La Ley de 2017 reconocía la labor desarrollada por los agentes sociales más representativos en más de 100 órganos de trabajo y consulta de la Administración regional. Gracias a ese diálogo social se han impulsado medidas clave como el Plan de Reactivación Económica y Social, ayudas al alquiler durante la pandemia, la Estrategia de Empleo de Calidad, o el Pacto contra la Economía Sumergida.
Frente a las insinuaciones recogidas en la exposición de motivos de la ley -que aluden a clientelismo, falta de transparencia y dependencia de subvenciones, UGT responde con firmeza: “Ningún sueldo de esta organización depende del Gobierno regional. Más del 90% de nuestro presupuesto proviene de las cuotas de afiliación, y nuestras cuentas están auditadas por una empresa externa y supervisadas por la Administración pública”, aclara Paqui Sánchez.
UGT insiste en que esta ley no logrará debilitar su acción sindical ni su compromiso con los trabajadores y trabajadoras de la Región: “No vamos a bajar el ritmo, ni vamos a callarnos. Seguiremos aportando propuestas y reivindicaciones, defendiendo la equidad, el empleo digno y los derechos de quienes más lo necesitan».
La Región de Murcia ha sido durante años, lo sigue siendo, el vagón de cola en muchos indicadores sociales, educativos y económicos. Desde hoy, suma un nuevo récord negativo: el de ser la primera comunidad que legisla para debilitar deliberadamente el diálogo social. Una mancha que costará mucho borrar.