El Gobierno de la Región de Murcia no ha declarado ninguna “zona tensionada” para el control del precio del alquiler, no aplica el índice estatal de precios del Ministerio de Vivienda, no ha desarrollado un índice alternativo propio, y tampoco ha blindado la vivienda protegida en los nuevos desarrollos urbanísticos. Todo ello, a pesar de que la Ley estatal 12/2023, por el derecho a la vivienda, contempla expresamente estas herramientas para hacer frente a la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a la vivienda en las zonas donde los precios se han disparado.
Son algunas de las conclusiones que se desprenden de la orden dictada por la Consejería de Fomento e Infraestructuras en respuesta a una solicitud de acceso a información pública presentada por RRNEWS sobre el grado de aplicación de dicha ley en la Región de Murcia.
Inadmitidas las preguntas incómodas
Cinco de las nueve preguntas formuladas por RRNEWS fueron inadmitidas por el Ejecutivo autonómico con el argumento de que «no se refieren a información pública en los términos que marca la Ley 12/2014 de Transparencia de la Región de Murcia».
En concreto, la administración se niega a responder si:
- ¿Se ha declarado alguna zona tensionada?
- ¿Cuáles son los motivos técnicos o políticos para no hacerlo?
- ¿Qué impacto económico ha tenido esa negativa en cuanto a subvenciones estatales no percibidas?
- ¿Aplicará la CARM el índice estatal de precios del alquiler en la Región?
- ¿Prevé el Gobierno regional blindar la vivienda protegida en los nuevos desarrollos residenciales?
En lugar de contestar, la Consejería de Fomento opta por cerrar la puerta legalmente, alegando que las cuestiones “no encajan” en la definición de información pública, ya que no constan en documentos oficiales archivados. Bastaría con que desde el departamento de prensa del Gobierno regional contestasen a las preguntas de este canal de noticias, pero se niegan de manera sistemática. Al Ejecutivo murciano les incomodan nuestras preguntas.
Alquileres turísticos: responsabilidad difusa
Respecto al Registro Estatal de Contratos de Alquiler de Temporada, la Consejería de Fomento reconoce que no tiene competencia para aportar datos, ya que se trata de arrendamientos turísticos y, por tanto, la información debe ser facilitada por el órgano competente en materia de turismo.
Esto deja en evidencia una falta de coordinación institucional sobre un tema candente como es el alquiler de corta duración, cuya proliferación -especialmente en la costa y centros urbanos- está afectando gravemente al acceso a la vivienda habitual para la población residente.
La respuesta oficial se remite al Real Decreto 1312/2024, que regula el Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital, donde se establece que las comunidades autónomas solo tienen competencia sobre los arrendamientos turísticos. Pero la Dirección General de Vivienda se desentiende por completo, dejando el asunto en manos de otra consejería.
Sin VPO indefinidas y con cifras mínimas de vivienda protegida
En cuanto al parque de vivienda protegida (VPO), la Consejería aclara que en la Región de Murcia no existe la figura de vivienda protegida con calificación indefinida, por lo que no se ha tramitado ninguna desde la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, la Ley estatal 12/2023, por el derecho a la vivienda, sí contempla la figura de la vivienda protegida con calificación indefinida, como un instrumento clave para garantizar el acceso estable y duradero a la vivienda asequible.
En su artículo 16, la ley establece que: “La calificación de las viviendas protegidas podrá establecerse por un plazo determinado o con carácter indefinido» y añade “las Administraciones públicas competentes podrán establecer regímenes de protección permanente sobre determinadas viviendas, especialmente en suelos dotacionales públicos o en áreas especialmente tensionadas.”
Es decir, la ley estatal abre la puerta a que las comunidades autónomas adopten esta figura, pero no las obliga a hacerlo. Cada comunidad puede decidir si lo incorpora a su normativa autonómica. El Gobierno murciano ha decidido no incorporarla.
Además, las cifras acumuladas desde que Fernando López Miras asumió la presidencia de la Región en 2017 son irrisorias: 179 viviendas calificadas provisionalmente (sin terminar) y 223 viviendas calificadas definitivamente.
Estos números, que suman menos de 30 viviendas protegidas al año, resultan insignificantes en el contexto de una región con una creciente demanda de vivienda asequible y con múltiples municipios afectados por procesos de turistificación, gentrificación o expulsión de población joven.
Opacidad institucional y falta de voluntad política
Lo más llamativo es la negativa sistemática a responder cuestiones que tienen un evidente interés público. ¿No se han elaborado informes internos sobre los efectos de no declarar zonas tensionadas? ¿No existe ningún documento que evalúe el impacto económico o social de desoír la ley estatal?
El Gobierno murciano opta por escudarse en tecnicismos legales para evitar rendir cuentas sobre políticas de vivienda, mientras los precios del alquiler se disparan en municipios costeros y urbanos como Cartagena, Murcia, San Javier o Águilas.
En definitiva, la Comunidad Autónoma de Murcia ni aplica, ni desarrolla, ni fiscaliza las herramientas previstas por la Ley estatal de Vivienda. Y lo que es más grave: no parece tener ninguna intención de hacerlo.