El contador ha empezado a correr. Desde este 1 de julio, ningún alojamiento turístico o de temporada en España podrá anunciarse en plataformas como Airbnb o Booking sin un número de registro oficial. Y en este proceso de regularización exprés, la Región de Murcia no se ha quedado atrás: ha tramitado ya 2.725 solicitudes, de las cuales el 88,18% son de carácter turístico. Es decir, casi nueve de cada diez viviendas que se han registrado buscan operar en el mercado vacacional, un dato revelador sobre la presión del turismo en el mercado del alquiler regional.
Con esta medida, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana pone en marcha la normativa comunitaria que obliga a dar visibilidad y trazabilidad a los alquileres de corta duración. España se convierte así en el primer país de la Unión Europea en desplegar plenamente esta legislación, que arranca tras un periodo de transición de seis meses, iniciado el pasado 2 de enero.
El nuevo sistema impone una condición clara: quien no tenga número de registro, no podrá operar. Y quien lo tenga provisionalmente pero no complete los requisitos, verá revocada su autorización. En la Región de Murcia, de las 2.725 solicitudes presentadas, 872 ya son definitivas, 1.593 están en revisión y 260 han sido denegadas.
Una avalancha de solicitudes y presión turística creciente
A nivel nacional, el Ministerio ha recibido 215.438 solicitudes en menos de seis meses. La cifra creció exponencialmente en junio: solo en ese mes se registraron 134.364 nuevas peticiones, lo que representa un aumento del 165,73% respecto al mes anterior. El dato evidencia que la mayoría de los arrendadores esperaron hasta el último momento para sumarse a un registro que será ahora obligatorio. Del total, el 78,87% corresponde a alquiler turístico.
La Región Murcia supera esa media con creces: las solicitudes para uso turístico ascienden al 88,18%. Este alto porcentaje refuerza una realidad cada vez más evidente: muchas viviendas están dejando el alquiler residencial para sumarse al mercado turístico, más rentable, pero también más desregulado hasta ahora.
Una norma para frenar la especulación y los abusos
La ministra Isabel Rodríguez ha sido tajante al defender la medida: “Hay que acabar con los pisos turísticos ilegales que expulsan a las familias de sus barrios” y poner coto al fraude de los arrendamientos de temporada que sirven para “especular con el precio de la vivienda”.
El registro funciona a través de una Ventanilla Única Digital que recopila los datos de cada alojamiento: si se trata de un alquiler turístico o de temporada, si se alquila por habitaciones o en su totalidad, y si cuenta con los permisos necesarios para operar. El Colegio de Registradores tiene un plazo de 15 días para validar cada solicitud. Durante ese tiempo, el alojamiento puede operar con un número provisional, pero si no cumple con los requisitos legales y no subsana los fallos, el registro será revocado.
El número de registro -que deberá aparecer en todos los anuncios- no es un trámite cosmético. Desde este 1 de julio, las plataformas están obligadas a dar de baja los anuncios que no cuenten con un número válido, incorrecto o anulado. Es decir, la pasividad administrativa deja de ser una opción para los propietarios: toca retratarse.
Excepciones y limitaciones
No todos los alojamientos están obligados a registrarse. Quedan fuera del sistema aquellos de turismo rural sujetos a normativa específica que prevean servicios complementarios como el desayuno, al asimilarse más a los modelos hoteleros que a una simple estancia en vivienda particular.
Pero el grueso del negocio pasa ahora por este control digital, que aspira a poner orden en un mercado caótico y, en muchos casos, opaco. La medida busca dotar a las administraciones de información real sobre el número y uso de los alojamientos de corta duración, algo hasta ahora disperso y fácilmente manipulable.
Un antes y un después en el alquiler vacacional
Este registro supone un punto de inflexión. Hasta ahora, muchas comunidades autónomas y ayuntamientos luchaban a ciegas contra la proliferación de pisos turísticos irregulares. La medida estatal establece un marco común, facilita el control y permitirá sancionar tanto a particulares como a plataformas en línea que no cumplan con la norma.
En la Región de Murcia, donde el turismo residencial y el alquiler vacacional se han disparado en los últimos años, el impacto de esta regulación puede ser significativo. No solo por las cifras ya registradas, sino por lo que puede venir: nuevas solicitudes, regularización de viviendas clandestinas y, posiblemente, retirada de cientos de anuncios que no se adapten a la normativa.
Ahora, el reto será comprobar si esta norma se traduce en un mayor equilibrio entre el derecho a la vivienda y el negocio turístico. Y si las plataformas cumplen con su parte del trato.