La Plataforma del Tercer Sector en la Región de Murcia (PTS-RM) ha lanzado un contundente mensaje de alarma tras conocer la decisión del Gobierno regional de cerrar el centro de menores de Santa Cruz, en Murcia. La medida, sumada a la revocación del proyecto de adquisición de viviendas para la acogida de menores migrantes, anunciada el pasado 1 de julio, generado lo que califican como “una incertidumbre alarmante en el sistema de protección a la infancia”.
Actualmente, en el centro de Santa Cruz viven unos 70 niños, niñas y adolescentes de diferentes nacionalidades, incluida la española. Muchos de ellos están escolarizados en centros educativos del entorno o participan en programas de formación y capacitación prelaboral. “Están integrados en su comunidad, con vínculos socioeducativos consolidados”, recuerdan desde la PTS-RM. Un cierre, insisten, no solo implicaría su traslado, sino “el desarraigo social y la ruptura de esas relaciones que son clave para su desarrollo e integración”.
No es una advertencia nueva. En mayo de este año, la Plataforma de Organizaciones de Infancia -integrada en la PTS-RM- ya alertó de que cerrar el centro supondría “un grave perjuicio para los menores”, y recordaba que “nada contribuye menos a la integración que arrancar a un menor de su entorno educativo y social”.
Desde la Plataforma subrayan que la responsabilidad de proteger a estos niños y adolescentes recae directamente en el Ejecutivo regional. Y recuerdan que todas las decisiones que se adopten deben estar guiadas por el principio del “interés superior del menor”, recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por España en 1990), en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (LO 1/1996), en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LO 8/2021) y en la Ley de Infancia de la Región de Murcia (1995).
“La nacionalidad no puede ser una excusa para condicionar el acceso a los derechos fundamentales de los menores tutelados”, recalcan. Por ello, la PTS-RM insta al Gobierno regional a “asumir su responsabilidad de cuidado y protección” y a garantizar “los recursos necesarios y suficientes para asegurar todos los derechos de estos menores”.
Una vez más, la sociedad civil organizada pone el foco donde más duele: en las consecuencias reales de las decisiones políticas sobre quienes menos capacidad tienen para alzar la voz.
El Gobierno de López Miras aún no ha explicado qué piensa hacer con esos menores ni dónde piensa realojarlos tras ceder a la imposición de VOX para aprobar los presupuestos.